Marcos Cleri: "Las quemas son por la codicia de algunos a costa de un ecocidio"

En una charla a micrófono abierto, el diputado nacional Marcos Cleri se refirió a varios temas de actualidad que pasan por el Congreso de la Nación en estos días y que de alguna manera están relacionadas con el bienestar de los santafesinos, como la visita del ministro Santiago Cafiero a la Cámara de Diputados, la ampliación presupuestaria, el transporte público, la reforma judicial, la situación de la empresa Vicentin y la quema de pastizales.

En cuanto a la visita del Jefe de Gabinete a la Cámara Baja, el legislador destacó que “respondió por escrito 1600 preguntas” y además “describió cómo describió cómo recibimos la Argentina el 10 de diciembre, lo que se hizo hasta el 1 de marzo cuando el Presidente realizó su primer discurso ante la Asamblea Legislativa”: “luego vimos cómo la pandemia impactó sobre la vida de cada uno de los argentinos y cómo privilegiamos por supuesto la ética del cuidado y empezamos a desarrollar cada una de las acciones con políticas públicas vinculadas a poder sostener la economía, con las limitaciones propias de una economía que venía muy golpeada de los cuatro años anteriores y por eso en diciembre se sancionó la emergencia pública”, detalló. “En ese sentido, Cafiero describió cómo en la pospandemia vamos a tener la posibilidad de renegociar la deuda externa y el Estado nacional tenga las herramientas suficientes para poder coordinar las políticas públicas junto con cada jurisdicción provincial y trabajar de manera mancomunada en buscar respuestas para potenciar el bienestar general”, manifestó Cleri a El Litoral.

“Cafiero también anticipó que vamos a sancionar en la Cámara de Diputados una amplísima moratoria para todos los contribuyentes, cerca de 500 mil millones de pesos van a poder ingresar, que es un cuarto de lo que el sistema financiero tiene prestado a todos los que han tomado algún tipo de crédito, sean empresas grandes o un monotributista social, para que pueda realizar una moratoria por 120 o 96 meses de deuda vencida al 30 de julio de este año, de acuerdo a la magnitud de la moratoria, con una tasa mensual del 2% en pesos para darle previsibilidad de poder pagarla y estar al día con el fisco”, explicó el diputado.

La moratoria referida se vincula con la ampliación presupuestaria que se dictaminó en la comisión de presupuesto. “Por labor legislativa la vamos a tratar la semana que viene, atiende, en un aumento muy importante, para poder continuar con los ATP, el IFE, el acompañamiento a las provincias que se amplía presupuestariamente con una suma de 50 mil millones de pesos para que el Ministerio del Interior pueda ayudar a las provincias a cubrir necesidades en materia de educación, salud y transporte”, puntualizó.

Transporte público

El representante de los santafesinos en la Cámara de Diputados de la Nación se refirió además al sistema de transporte público, en referencia a las últimas medidas de fuerza implementadas por el sector de trabajadores. En tal sentido, adelantó “una continuidad de los subsidios de este año, con un monto de 9.500 millones de pesos”, “para que podamos, en conjunto, darle certeza al sistema de transporte, principalmente a los trabajadores y los usuarios, que hasta diciembre vamos a seguir teniendo el acompañamiento nacional”. “Entonces -advirtió- también la provincia y los municipios deben hacer los aportes correspondientes, como estaba regulado en una resolución que venció el 31 de abril”.

Al respecto, explicó que “el sistema de transporte se dota de aportes nacionales, que son subsidios, de aportes provinciales, de aportes de cada uno de los municipios, a través de fondos compensadores, más la tarifa que paga cada uno de los usuarios cada vez que utiliza el servicio”. “Ni bien asumimos el gobierno nacional -recordó- mejoramos los montos del subsidio, y eso vencía el 31 de abril; con esa mejora, se congeló el precio del transporte, para darle previsibilidad y no aumentar la tarifa, pero se iba a rediscutir sobre todo la extensión del sistema SUBE, la denominación de cada una de las tarjetas para llegar a cada uno de los contribuyentes o usuarios que utilizan el sistema, para que tengan todos los beneficios que deberían tener...pero cuando vino la pandemia bajó brutalmente la recaudación porque estábamos en cuarentena y no se podía usar el sistema”. “Aun así, con la previsión que se está haciendo de recursos hasta fin de año, no debería haber inconvenientes para que el sistema de transporte funcione de manera adecuada”, aseguró.

Quema de pastizales y el rol del Senasa

Cleri también opinó sobre los incendios en zona de islas y atribuyó un rol determinante al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). “Nosotros venimos siguiendo el tema, trabajamos de manera coordinada con el Ministro de Ambiente Juan Cabandié, también hemos dialogado con el gobernador de la provincia de Santa Fe y por supuesto que seguimos el debate legislativo que se está dando con distintos proyectos de ley que se han presentado, desde la reserva hasta la ley de humedales que tiene siete proyectos de ley más otros que están vinculados a esta situación”, detalló, y consideró que “hay que trabajar en varias líneas: primero está la coordinación entre ejecutivos, Nación y provincias, Entre Ríos y Santa Fe, también está la acción de la justicia por este conflicto interjurisdiccional, tanto de la justicia de Entre Ríos en el juzgado federal como la justicia en la ciudad de Rosario por la gran presentación de concejales, ONGs y ciudadanos que se han visto afectados por esta quema que está generando un gran ecocidio en el delta del Paraná”.

Por eso, opinó que “el Senasa debe participar y dar información porque tanto la delegación Santa Fe como la de la provincia de Entre Ríos tiene con claridad geolocalizados cada uno de los rodeos de ganado, la cantidad de ganado que tienen en las islas, quiénes son los propietarios y por supuesto el programa de vacunación”. “Y si el Senasa actúa de manera adecuada -continuó-, en coordinación con los Ejecutivos provinciales y el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, a nivel nacional, también brindándole información a la justicia podemos evitar la continuidad de la quema de pastizales por la codicia de algunos para luego ubicar, donde quemaron lo pastizales, el ganado para tener una ganancia extraordinaria y utilizar esas tierras a costa de un ecocidio que están generalizando”.

“Hay que tener en cuenta que si esos propietarios de la tierra o el ganado quieren aumentar su cantidad de rodeo con respecto a la que tenían el año anterior, no lo van a poder hacer si no tienen la aprobación del Senasa con el plan de vacunación; y si ese ganado no está vacunado cualquier juez de paz de la zona, en este caso de las islas, puede con una orden decomisar ese ganado porque no cumple con la ley de sanidad animal”, advirtió Cleri, y añadió que “las normas están para cumplirse”, y que “cada una de las instituciones y organismos debe aportar en la búsqueda de la solución y, paralelamente, mientras discutimos el proyecto de ley a nivel nacional, se debe actuar para que además de parar el ecocidio, no tengamos en las semanas siguientes estas quemas continuas hasta que tengamos una ley sancionada”.

Reforma judicial

Respecto de los proyectos que el Poder Ejecutivo nacional envió al Senado para reformar la justicia, Cleri lamentó que la oposición se haya opuesto “sin leerlos”: “el Presidente hizo un anuncio, la oposición no fue al anuncio aunque fueron invitados, y luego cuando venían los proyectos -que ingresaron por mesa de entradas- a hacer un análisis exhaustivo, hacer sus aportes, avalar u oponerse, pero antes de leer los proyectos para poder modificar el sistema judicial, que es un reclamo de toda la ciudadanía, no participaron e inmediatamente se negaron”, dijo.

“En la provincia de Santa Fe -destacó-, esta reforma del sistema judicial en materia federal va a ser muy importante, contempla que Nación implemente fiscalías, secretarías y juzgados con ampliación de recursos en Rafaela, Venado Tuerto, la ciudad de Santa Fe, con tres juzgados nuevos en Rosario, y hay otros que fueron anunciados el 1 de marzo y no están en la reforma, que seguramente vamos a plantear que se materialicen, como el juzgado de la ciudad de San Lorenzo”. “Es un reclamo de muchísimo tiempo de los abogados, de los colegios y también de la ciudadanía de tener un sistema federal de justicia mucho más cercano para poder atender y tener acceso a la justicia además de poder dotar de presencia a la investigación de las fiscalías para que los delitos federales -como el narcotráfico- puedan resolverse en tiempo y forma en nuestro territorio”, aseveró.

“Esperemos que puedan leer bien el proyecto, y luego además de poner a la vista muchos proyectos que también han presentado diputados, cuando llegue la media sanción, en caso de que avance de manera rápida en el Senado, se pueda lograr un consenso unánime de acompañamiento para estos juzgados para la provincia de Santa Fe”, manifestó el legislador.

Caso Vicentin

Finalmente, sobre el caso de la cerealera, Cleri consideró que “quedó demostrado que tanto el gobierno nacional como los trabajadores, los acreedores y con la intervención del gobierno de la provincia de Santa Fe estaban buscando salvar una empresa santafesina que está en una situación muy compleja, en un concurso, y no está funcionando, porque ha perdido la confianza de sus principales dotadores de insumos, que son los acopiadores y los productores, porque de diciembre de 2019 no se les paga -aunque han depositado el cereal a disposición de esta empresa que luego ha industrializado o lo ha exportado- y asimismo en el concurso no han podido avanzar, hay una negación de lograr el salvataje y evidentemente están buscando el camino de la quiebra y no cumplir sus compromisos asumidos”.

En el mismo sentido, trajo a cuenta que “el jueves se allanó la Algodonera Avellaneda” y que “se sigue discutiendo la competencia del juez de Reconquista por si la causa debe trasladarse a Rosario, donde tenía la principalidad actividad esta empresa cuando comercializaba el cereal”. “Sigue abierta la etapa de negociación pero el gobierno de la provincia junto con el gobierno nacional si no se respetan las condiciones y buscan la quiebra perjudicarán a veinte mil trabajadores de manera indirecta, a dos mil productores que son sus acreedores a los que se les va a hacer muy difícil recuperar la confianza en la empresa, y el 30% de la deuda del Grupo Vicentin es con bancos extranjeros que están haciendo reclamos penales a la justicia de Nueva York porque se sienten estafados”, concluyo el diputado.