La Nación adjudicó megabaterías a solo 1 de 13 nodos santafesinos

El gobierno nacional concluyó su licitación de acuerdos de provisión de energía eléctrica almacenada para el Sistema Interconectado Nacional, mediante megabaterías, con beneficios que implican apenas el 5,14% para la provincia de Santa Fe, respecto del total previsto para el interior del país.

En la licitación nacional Alma Sadi (Sistema Argentino de Interconexión) se contemplaron inicialmente 16 nodos ubicados en territorio santafesino, de los que luego quedaron 3 sin oferentes por problemas en sus propuestas técnicas.

Así, al momento de la adjudicación había en carrera 13 puntos en el mapa de la bota santafesina pero finalmente hay solo un beneficiario: Cañada de Gómez.

A esa ciudad del departamento Iriondo llegarán inversiones en equipos que, en lugar de generar más energía en ese lugar o de llevarla con mayores líneas de transporte de alta tensión, la almacenarán durante los valles de la demanda, es decir, cuando menos se utiliza ese servicio. Obviamente, esos MW guardados servirán para cubrir los momentos en que surgen picos en el consumo.

Con 36 megavatios, la localidad santafesina participa de algo más del 5% del total adjudicado que llega a 700,5 MW. La firma que actuará en el nodo del sistema nacional ubicado en Cañada de Gómez es Genneia, que obtuvo siete puntos en total.

Quedaron en el camino las ofertas para los nodos de Villa Ocampo, Pérez, Roldán, Firmat, Ceres, Rosario Sur, Arufó y Brigadier López (en el parque industrial ubicado en Sauce Viejo).

Muy poco

El dato es relevante porque sin dudas Santa Fe posee el segundo mercado eléctrico más importante del interior del país, luego del interior de la provincia de Buenos Aires, cuando no se tiene en cuenta al más concentrado y rentable formado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Conurbano bonaerense.

En otras palabras, a nivel nacional las empresas de distribución de energía eléctrica más grandes por el número de megavatios distribuidos son Edesur y Edenor (en el Área Metropolitana de Buenos Aires que incluye el conurbano bonaerense) y luego se encuentra la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

En términos más técnicos, el último informe mensual de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) muestra a la EpeSF tercera en el máximo de potencia registrado. Y la Provincia de Santa Fe es el tercer mercado nacional, con el 9,26%

Ocupa ese lugar luego del AMBA de porteños y bonaerenses del conurbano (con 40,68% del total del país) y del resto de la Provincia de Buenos Aires (12,2%, con varias empresas distribuidoras).

Córdoba, por ejemplo, está en el cuarto puesto con el 7,80% del mercado eléctrico argentino. Y ahora, para esta adjudicación, no recibirá inversiones.

La Nación parece haber seguido con atención más el mapa de las urgencias y los apagones que afectan a los usuarios residenciales de ciertas zonas desfavorecidas que el de la realidad productiva y económica. Esta vez, sin dudas, perdieron las provincias del área central más pobladas, salvo la de Buenos Aires.

Criterio

Si se observan las adjudicaciones de los “Acuerdos de Almacenamiento por el servicio de potencia y reservas operativas y de corto plazo para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)” de la Resolución” 155/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación se verá en su anexo que hay tres regiones que concentran los beneficios. Y que al resto le ha llegado poco o muy poco.

La Provincia de Buenos Aires (sin el AMBA) recibió la mayor asignación, con 185 megavatios. El Noreste Argentino (NEA) con proyectos para Chaco y Formosa suman una porción casi igual, con 161,5 MW y también el Noroeste Argentino (NOA), con 150 MW.

Más atrás, la Región Pampa obtuvo 68 MW, las provincias mesopotámicas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos se llevaron 50 MW cada una, y lo dicho: Santa Fe completó el mapa con 36 MW.

Antecedentes

La licitación para el interior del país se llevó a cabo luego del éxito que logró otra anterior que incorporó unos 713 megavatios almacenados exclusivamente en el Amba.

Primero se licitó y adjudicó Alma GBA, para porteños y bonaerenses y ahora Alma Sadi, para “las provincias” según esa generalización tantas veces oída en los medios de comunicación porteños. El interés empresario para el interior, sin embargo, fue más de diez veces mayor a la convocatoria de la Casa Rosada.

Mientras que la Nación llamó a licitación para sumar parches con megabaterías por hasta 700 MW, las ofertas privadas para atender esas realidades sumaron 8.338 MW.

Con semejante interés ya hay provincias que han anunciado sus respectivas licitaciones propias. Buenos Aires fue la primera (y acaso por eso recibió una buena tajada) y planes similares se han divulgado en Córdoba (que no logró ninguna inversión).

En total, son 20 proyectos de cinco empresas nacionales por 700,5 MW y unos 700 millones de dólares de inversión privada para un negocio que consistirá en comprar (y estoquear) kilovatios para luego venderlos más caros.

Más que ese margen, la Nación ha mirado esta vez las situaciones eléctricas más complejas que indudablemente se registran en las áreas del NOA y NEA. Esta última carece además de gasoductos para el gas natural por redes.

Una solución provisoria

Como si se tratara de un parche, la provisión de energía eléctrica almacenada presenta una solución moderna pero provisoria y cara. Permite superar urgencias sin hacer las megainversiones estructurales de fondo, que hasta poco tiempo atrás parecían insustituibles.

La aparición de la tecnología de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías BESS (sigla en inglés para Battery Energy Storage Systems) cambió el panorama eléctrico.

No había otra forma de contar con energía eléctrica que generarla en el lugar donde se produce la demanda o en otro con mejores condiciones económicas para su producción (como las centrales hidroeléctricas, nucleares, térmicas o renovables) y luego transportarla al punto deseado.

Hoy se puede almacenar los megavatios que otros generan cuando cae la demanda y se los vende (a un precio mayor) cuando son necesarios. Ese precio fue pactado en la licitación señalada y es parte de los costos (o sobrecostos) que asume el Estado Nacional por los enormes atrasos en inversiones en el transporte de energía en todo el país.

Las privatizaciones de los ‘90 no las previeron bajo la idea de que las necesidades del propio mercado eléctrico las impulsaría naturalmente.