Pablo Farías, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, pidió que el Gobierno nacional haga uso de herramientas para evitar que los aumentos dificulten la atención en discapacidad, las deudas comprometan a las familias, la presión fiscal asfixie a pequeñas y medianas empresas y que la falta de infraestructura limite el desarrollo de las provincias.
Farías pidió a Nación que acelere respuestas por discapacidad, endeudamiento y alivio a pymes
El diputado santafesino también reclamó medidas urgentes ante la crisis de las pymes y pidió que el Presupuesto contemple obras clave para la red vial en la provincia.

El diputado nacional por Santa Fe, integrante del bloque de Provincias Unidas, habló en Primera Mañana, por CyD Litoral, después de que la Cámara baja aprobara emplazamientos para acelerar la prórroga de la emergencia en discapacidad y las iniciativas sobre morosidad familiar.
La sesión del 9 de septiembre dejó un cronograma concreto. Diputados aprobó por unanimidad que Discapacidad y Presupuesto y Hacienda se reúnan el 16 y 23 de septiembre para tratar la extensión de la emergencia hasta fines de 2027, mientras Finanzas y Defensa del Consumidor fueron emplazadas para abordar el endeudamiento los días 15, 22 y 29. Hay 50 proyectos en consideración.
Farías destacó primero el dato político. “No solo hubo quórum, sino que estuvieron todos los bloques presentes y las dos resoluciones que aprobamos las aprobamos prácticamente por unanimidad”, señaló. Para el legislador, ese acuerdo permite pensar en dictámenes rápidos.
Sobre discapacidad, sostuvo que la continuidad del régimen resulta indispensable porque “es evidente que es necesario extenderla por lo menos un año más”. Aunque cuestionó la actualización de las prestaciones, consideró que la emergencia permite garantizar el presupuesto para sostenerlas.
Alivio financiero para las familias
El segundo frente es más amplio. En Diputados se acumularon iniciativas para atender una morosidad que se acumuló en los hogares argentinos y que, según Farías, ya impacta sobre el consumo. Pero marcó un límite respecto del alcance de la respuesta estatal.

“El consenso mayoritario no tiene que ver con que el Estado vaya y recupere esas deudas, es decir, que ponga plata y le pague las deudas a todos los ciudadanos”, explicó. La búsqueda, dijo, pasa por “encontrar a través de los mecanismos que tiene el sistema financiero facilidades mayores de pago”, con extensión de plazos, tasas razonables y límites que eviten abusos.
Farías puso el foco en quienes tomaron créditos bajo un escenario que luego cambió. “Son personas que legítimamente han contraído deudas, han accedido a créditos con una expectativa quizás distinta que después no se vio reflejada en la realidad y hoy tienen grandes dificultades para pagar esas cuotas”, describió.
Pymes: frenar embargos antes del cierre
Desde allí trasladó la discusión al sector productivo. Como presidente de la comisión Pyme, Farías impulsa junto a otros legisladores un proyecto para estabilizar y reactivar a las micro, pequeñas y medianas empresas, girado a Pymes, Finanzas, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.
“El sector pyme es el más golpeado de la economía”, afirmó. Y añadió: “La gran mayoría de las empresas de nuestro país son pymes y son las responsables de la mayor cantidad de puestos de trabajo registrados”.

La urgencia, en su diagnóstico, tiene hoy un nombre concreto: ARCA. Farías cuestionó una política de cobro que calificó de “excesivamente agresiva” frente a empresas con problemas de financiamiento y advirtió que la traba de embargos puede paralizar la actividad.
“Necesitamos suspender rápidamente esos embargos y también pensar en planes que permitan acceder a las empresas a un alivio en términos fiscales”, planteó. Para el diputado, resignar recaudación en lo inmediato puede evitar un daño mayor: “Empresa que cierra, empresa que se cae, obviamente es un aportante menos al fisco”.
El modelo santafesino ante la discusión de fondo
Farías contrapuso esa situación con las políticas aplicadas por el Gobierno de Santa Fe. Mencionó subsidios de tasa para capital productivo, alivios tributarios, facilidades de pago y herramientas asociadas a la generación de empleo como ejemplos de una intervención que, sostuvo, no supone regresar a una economía cerrada.
“Acá también se trata de establecer una contradicción: que si no adherimos al actual modelo del Gobierno nacional, retrocedemos y tenemos que ir a un modelo de intervención estatal total. Nadie está planteando esto”, sostuvo.

Su cuestionamiento apunta al sesgo de las prioridades nacionales. Reconoció que el Gobierno promovió hidrocarburos, minería y producción agropecuaria mediante regímenes favorables, pero reclamó incorporar a la industria en esa planificación.
“No podemos pensar un país que solamente se desarrolle a través de la explotación de hidrocarburos, la minería y ni siquiera solamente a través de la producción o venta de productos agropecuarios”, afirmó. “Es un país que tiene un fuerte perfil industrial, descuidado durante muchos años, pero que hoy se ve fuertemente amenazado”.
Las rutas en la discusión del Presupuesto 2027
La próxima pelea será presupuestaria. Farías anticipó que Provincias Unidas reclamará que el Presupuesto 2027 contemple las necesidades provinciales y puso a la infraestructura en el centro.

“Tenemos nuestras rutas totalmente destruidas”, afirmó. Si bien reconoció el avance del sistema de concesiones, cuestionó su alcance: “El plan de concesiones viales que está impulsando el Gobierno alcanza solo a 9.000 kilómetros de rutas nacionales cuando debe atender 40.000”.
“No hay desarrollo posible sin infraestructura”, sentenció. “El país necesita ampliar la red vial, mejorarla y mejorar su transitabilidad para tener un modelo económico de desarrollo real. Por lo tanto, nosotros vamos a estar reclamando eso también en el Presupuesto nacional”.











