Martes 21.7.2020
/Última actualización 17:05
“Me preocupa porque viene de un Gobierno que tiene un interés decidido en influir en la Justicia, en particular en las causas de corrupción. Hay un afán notable en frenar causas como Hotesur o Cuadernos”, sostuvo el presidente de la UCR, resumiendo así la principal reacción generada en distintos sectores por el proyecto de reforma judicial que el presidente Alberto Fernández enviará esta semana al Congreso: la desconfianza.
Sus dichos están en sintonía con los de la diputada nacional de Consenso Federal, Graciela Camaño, cuando expresó su expectativa de que el proyecto “no sea con un espíritu a la conveniencia del gobierno de turno” porque “está probado que eso no tiene sustentabilidad”.
“Ya cada uno hizo lo suyo. Ya el kirchnerismo hizo lo suyo en su momento, y después fue a parar al tacho de la basura; el macrismo hizo lo suyo, con varios errores, y también fue a parar al tacho de la basura. Hay que hacer algo serio, en serio”, advirtió Camaño.
La legisladora, que como integrante del Consejo de la Magistratura podría verse en la posición de destrabar un previsible empate dentro del cuerpo, cuando se vote el planteo kirchnerista para revisar la designación de 38 jueces durante el gobierno de Macri, también se refirió a las ideas que dan vuelta en el gobierno con respecto a la integración de la Corte Suprema. “Si uno escucha a algunos miembros del Ejecutivo unos dicen una cosa, otros, otra. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos”.
Y tocó allí una de las cuestiones que más luces de advertencia enciende, a partir de la posibilidad de que se busque -una vez más- añadir miembros al Supremo Tribunal, y de esta manera modificar su composición.
Tomar como de quien viene
Desde la propia Corte se dejó entrever la percepción de que la iniciativa proviene de Cristina Kirchner, y tiene como propósito mejorar sus posibilidades en orden a las causas por presunta corrupción en su contra que se ventilan en la Justicia, y que en algún momento llegarán a la instancia superior.
El antecedente más inmediato que alimenta esta suspicacia es el pedido que presentó la propia vicepresidente a la Corte, para que diera certeza sobre la validez de las sesiones virtuales en el Senado. La Corte rechazó ese recurso por unanimidad, en lo que el cristinimos leyó como una victoria y una habilitación para seguir adelante. Pero, a la vez implicó un mensaje de los ministros: no cuenta allí con garantías de adhesión.
Por eso ese pronunciamiento se lee en una secuencia a la que luego se integraron decisiones como la de la Oficina Anticorrupción, que dejó de ser querellante en causas contra Cristina y sus hijos, y la embestida contra los traslados de magistrados durante el macrismo, algunos de los cuales se encuentran vinculados a causas contra Cristina. Luego vino el anuncio del envío del proyecto de reforma judicial y, con él, los comentarios sobre la posibilidad de ampliar la Corte.
Al respecto, Cornejo consideró que es claro “el conflicto interno” que hay en el Frente de Todos y cuestionó los “cambios de opinión” del Presidente.
“El Presidente cambia de opinión. Ha sido ambiguo en muchos temas. Hay que juzgarlo más por lo que hace que por lo que dice. Desde la primera propuesta de la deuda se dice que es la última. La palabra del Presidente hay que cuidarla”, sostuvo el diputado nacional.
“El conflicto interno del Frente de Todos es ostensible. En la campaña yo fui uno de los que lo planteó. Hoy no quedan dudas de que ese conflicto existe y opera sobre el modelo de país al que aspiran la mayoría de los argentinos”, subrayó el referente de Juntos por el Cambio.
El cambio de posición de Alberto Fernández y la postura actual de la propia Cristina exponen también estas tensiones y contradicciones. Fueron ella como senadora y él como jefe de Gabinete quienes durante la gestión de Kirchner defendieron la reducción de 9 a los 5 miembros actuales.
Así se encargó de recordarlo también el titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, en un extenso artículo publicado en redes: “Siempre detrás -tanto del aumento de miembros como de sus intentos fallidos de aumentarlo- estuvo la intención de subordinar el funcionamiento de la Corte y en consecuencia de todo el Poder Judicial al Gobierno de turno”.
Además de propiciar el aumento de miembros, se habla desde volver a 9 hasta llegar a 15, con división por salas -siempre con el objetivo implícito de sumar integrantes afines- también se discuten cambios que determinen cuándo y cómo debe tratar la Corte los recursos extraordinarios federales, el camino por el que le llegan la mayoría de los casos.
Por otra parte, Cornejo se refirió también a la reforma judicial y señaló que “lo que ha trascendido es ampliar las competencias legales de la Capital Federal”.
“Es un viejo proyecto de (el secretario de Asuntos Estratégios de la Presidencia, Gustavo) Béliz. Se rumorea remoción de jueces, traslados, y cosas así. Esos rumores viniendo del kirchnerismo son para sospechar. Cuando esté presentada la ley, habrá que mirarla”, añadió.
De todos modos, el titular del Comité Nacional de la UCR remarcó que se trata de un Gobierno que “tiene interés de influir activamente en la Justicia. Hay un afán notable de frenar causas como Hotesur y la de los cuadernos, que están avanzadas y tienen sobradas pruebas. Son causas que están bastante andadas”, concluyó.
Moratoria y deuda en el Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resaltó los dos temas “vitales para hacer frente a los problemas que nos trajo la pandemia” que analizará el Congreso de la Nación esta semana. Temas que además, enfatizó, servirán para “garantizar un mejor porvenir a los argentinos y las argentinas”.
En el caso de la moratoria, “abre un mejor escenario a todos los actores económicos de la Argentina, a partir de la decisión del Gobierno de dar facilidades que van desde pequeños monotributistas hasta grandes industrias y productores para poder superar esta crisis”, dijo.
En cuanto a la deuda externa argentina emitida bajo legislación local, citó el proyecto que se trata a partir de este martes en el Senado, “para darle el mismo trato en la oferta a quienes tienen títulos de deuda argentinos de esas características. Consolidando el camino de seriedad, transparencia y diálogo que el Estado llevó adelante en su tratamiento hasta realizar su última oferta”.
El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que “todas estas acciones se llevan a cabo luego de extender los mecanismos remotos y telemáticos con firma digital del Congreso para garantizar el normal funcionamiento legislativo, cumpliendo el decreto de esta nueva fase”.