El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, afirmó este jueves que la reforma laboral no quita “ningún derecho esencial” e indició que un eventual paro nacional de la CGT no sería visto con “buenos ojos” por la sociedad.

Mientras sigue la negociación en el Congreso y con gobernadores, el secretario de Trabajo aclaró que la reforma “no quita ningún derecho”. Puso el foco en la jornada laboral, las vacaciones, el fondo para despidos y los salarios “dinámicos”.

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, afirmó este jueves que la reforma laboral no quita “ningún derecho esencial” e indició que un eventual paro nacional de la CGT no sería visto con “buenos ojos” por la sociedad.
“Hay motivos para que los trabajadores estén absolutamente esperando que esto suceda. Acá hay una instrucción de (la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello de que no se quite ningún derecho esencial de los trabajadores. Y así se envió”, expresó Cordero en diálogo con un medio de Buenos Aires.

“No hay un solo lugar donde haya un detrimento de los derechos esenciales de los trabajadores. Por el contrario, se fortalecen”, remarcó Cordero. El secretario de Trabajo negó que la reforma esté orientada a reducir costos salariales para los empleadores y aseguró que el foco está en los “costos indirectos” que dificultan hoy la contratación formal.
Las declaraciones del funcionario se inscriben en un raid desarrollado en distintos medios durante los últimos días, en los que defendió el proyecto en general y se pronunció en particular, y con distintos grados de precisión, sobre cada uno de los aspectos que generan críticas.

El funcionario remarcó que, si bien existen discrepancias internas en algunos gremios, también hay sectores del movimiento obrero que observan con interés las propuestas del Gobierno. En ese contexto, llamó a los representantes sindicales a evaluar “lo que está pidiendo la sociedad”, en referencia a la situación del empleo en el país.
Cordero puso el foco en los cambios vinculados al régimen de vacaciones y buscó descomprimir temores sobre una posible quita de derechos. Según explicó, la iniciativa habilita a los trabajadores a dividir el período de descanso anual, en línea con nuevas dinámicas laborales y generacionales, y no obliga a tomar los días de vacaciones de manera continua.

En ese marco, sostuvo que los jóvenes ya no priorizan licencias extensas y que el esquema propuesto apunta a dar mayor flexibilidad sin afectar derechos adquiridos. "Los jóvenes ya no se quieren ir de vacaciones 35 días", aseguró.
Además, remarcó que el aguinaldo no forma parte de los puntos en discusión y que su pago se mantiene sin modificaciones dentro del proyecto.
También negó que se vayan a terminar las indemnizaciones, pero destacó que se aclara el cálculo para evitar la litigiosidad. «Queda perfectamente aclarada: es un mes de sueldo por año de servicio». Además, valoró la creación del Fondo de Asistencia Laboral, pensado para que las PyMES puedan afrontar desvinculaciones o acuerdos de salida sin quebrar.
El FAL representa uno de los ejes centrales de la reforma y concentra las mayores controversias. Diputados y senadores dialoguistas, así como gobernadores, advierten que el 3% que requerirá para su funcionamiento, desfinanciará el sistema de seguridad social.
Cordero rechazó enfáticamente esta visión y explicó que el FAL surge de una detracción del 3% que no beneficia directamente al empleador, sino que se acumula en un fondo específico. El mecanismo busca principalmente ayudar a las pymes y facilitar la incorporación de jóvenes y nuevos trabajadores al mercado laboral formal.
El funcionario describió cómo funcionaría este fondo en la práctica. Cuando un trabajador consigue un mejor empleo y desea cambiar de trabajo, podrá recurrir a estos recursos acumulados para negociar su salida sin generar conflictos.

En esa línea, destacó que incluso incorporaron la posibilidad de utilizar el fondo en casos de desvinculación por mutuo acuerdo, lo que permitiría que el empleado reciba algo por su antigüedad, aunque no sea el 100% de la indemnización tradicional. Esta flexibilidad apunta a transformar las relaciones laborales conflictivas en vínculos más colaborativos.
En esa línea, adelantó que el nuevo esquema permitirá implementar «salarios dinámicos», donde los empleadores podrán pagar premios o bonos cuando a la empresa le vaya bien, sin miedo a que eso se convierta en un costo fijo impagable en años de vacas flacas.
"Hoy pasa que el empleador dice: ‘Me fue bien, pero no lo voy a pagar porque después me hacen juicio’. Eso se va a solucionar", concluyó.
Uno de los ejes de la reforma, según Cordero, es eliminar la incertidumbre que hoy frena las contrataciones. "Se modifican algunas distorsiones que había de interpretación en la justicia que hacían muy riesgoso contratar", explicó.
Sobre la posibilidad de aumentar la cantidad de horas obligatorias, Cordero respondió: “¿Cómo se va a trabajar más? El que quiera trabajar más, trabajará más y ganará más porque trabaja más. El que quiere trabajar menos, trabajará menos”. Insistió en que los controles sobre salud y seguridad laboral se mantienen y que “la representación gremial sigue exactamente igual”.
Respecto al trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad, destacó que la nueva normativa regula la opción de trabajar menos horas con remuneración proporcional. Agregó que los bancos de horas ya se emplean en diversos convenios colectivos, y que en actividades como la minería mejoran los tiempos de descanso sin afectar el salario.
Mientras la Confederación General del Trabajo convoca a su consejo directivo para este viernes en su sede de Azopardo, varios gremios ya avanzan con acciones propias para expresar su rechazo. En Córdoba y Rosario está prevista la realización de marchas, encabezadas por sectores como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los Aceiteros, con la intención de presionar en contra del proyecto oficial.

En paralelo, las centrales de las CTA anunciaron un paro nacional con movilización para el día en que la reforma sea tratada en el Senado, en lo que consideran una herramienta clave de protesta. Voceros de esos sindicatos sostienen que la reforma representa un ataque a derechos laborales y llaman a “estar en la calle” hasta que no haya certezas sobre el contenido final del texto.
El trayecto parlamentario de la reforma no ha estado exento de obstáculos. En diciembre se obtuvo el dictamen de mayoría, pero la falta de acuerdos plenos entre el oficialismo y los sectores dialoguistas ha provocado demoras.
Ahora, el eje de las demandas gira en torno a la potestad conferida al Ministerio de Economía para reglamentar aspectos clave del proyecto, especialmente el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y otras herramientas tributarias vinculadas al artículo 212 del dictamen.
Otro punto central es la negociación con gobernadores, cuya relevancia trasciende el articulado puntual de la reforma. Para La Libertad Avanza, lograr acuerdos con mandatarios provinciales es clave para asegurar los votos que permitirían aprobar el texto.
Algunos pactos ya se lograron, aunque persisten resistencias de legisladores independientes que aprovechan el contexto para exigir concesiones adicionales.
Los dialoguistas insisten en establecer plazos más claros en la aplicación de la normativa, particularmente en lo referente a beneficios por Ganancias para grandes empresas, mientras que prefieren una clasificación más amplia que no excluya a otros sectores.
Cordero aclaró que el tema de Ganancias no pertenece estrictamente al ámbito laboral, pero lo defendió como parte de la plataforma electoral con la que Milei ganó las elecciones. El funcionario sostuvo que el Presidente prometió reducir la carga tributaria manteniendo el equilibrio fiscal, y que cuestionar esta medida equivale a cuestionar "el voto de millones de argentinos".