Mediante una comunicación, la Cámara de Senadores expresó su preocupación por la deuda que en materia de subsidios al transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe.
Los senadores santafesinos se suman al reclamo por la quita de fondos nacionales para el transporte público
La Cámara señala que los consumidores de combustibles en la provincia aportan con sus impuestos $ 706.761 millones. Y que solo retornan $ 133.000 millones, "es decir, el 19%", de acuerdo con una comunicación presentada por Julio Francisco Garibaldi.

El texto fue presentado por el senador por La Capital, Julio Francisco Garibaldi, y también contiene un pedido para el Poder Ejecutivo Provincial para que asista con sus propios fondos a los sistemas de transporte en el departamento mencionado.
La minuta se aprobó por unanimidad y expresa que "la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo Nacional que proceda a la regularización de los subsidios adeudados al sistema de transporte público urbano e interurbano, así como a la implementación de un esquema de financiamiento federal, equitativo y sostenible".

"Asimismo -sigue-, vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial profundice y refuerce las medidas para garantizar la adecuada frecuencia y calidad del servicio, procurando reducir el impacto en el costo del boleto para los usuarios, en la ciudad de Santa Fe y en los corredores interurbanos que la vinculan con las localidades de Monte Vera, Laguna Paiva, Arroyo Aguiar, Nelson, Candioti, Emilia y Llambi Campbell".
En los fundamentos se expone el propósito del autor: "el presente proyecto tiene por objeto poner de manifiesto la situación crítica que atraviesa el sistema de transporte público en la provincia de Santa Fe, como consecuencia de los sistemáticos incumplimientos en el pago de subsidios por parte del Estado Nacional".
El legislador socialista menciona que la "reducción en la frecuencia de los servicios interurbanos de transporte, que se transformó en un problema cotidiano para cientos de usuarios" y de inmediato divide en "coyunturales e inmediatas, como el aumento del combustible y otros costos operativos del servicio, pero también una causa estructural, dada por la desfinanciación del sistema por parte del Estado nacional", subraya.

En números
"Esta situación se inscribe en un esquema de distribución de recursos que resulta marcadamente desigual. Desde el año 2024, Santa Fe aportó aproximadamente $706.761 millones en concepto de impuesto a los combustibles y de ese total, solo retornaron $133.000 millones, es decir, el 19%. En el mismo período, el Área Metropolitana de Buenos Aires recibió más de $1,6 billones en subsidios al transporte. Mientras que Santa Fe, no recibió nada. El resultado es evidente y refleja dos sistemas de transporte en un mismo país. Uno en el AMBA, subsidiado, con tarifas accesibles y alta frecuencia; otro en el interior, con costos crecientes y menor regularidad, a costa de los usuarios".
"Un ejemplo ilustra lo dicho. A partir de abril de 2026, un boleto de colectivo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Microcentro/Constitución) a Tigre, distantes a más de 12 km, cuesta aproximadamente entre $900 y $1100 con SUBE registrada. Mientras que el boleto entre Santa Fe y Monte Vera supera los $2.700, es decir casi el triple para trayectos similares", compara.

En el área metropolitana
Como consecuencia de esta situación, "el servicio de transporte que conecta las localidades de Monte Vera y Laguna Paiva con la ciudad de Santa Fe, readecuó los horarios reduciendo su frecuencia. El caso de Monte Vera y Laguna Paiva no es aislado, sino que se enmarca en una problemática más amplia que atraviesa al sistema de transporte en todo el departamento La Capital", subraya.
La situación de la ciudad de Santa Fe "también da cuenta de esta problemática. Los últimos días se estableció por parte de la empresa prestadora del servicio urbano la reducción del 5%, es decir, hay 12 unidades menos prestando servicio en la capital provincial para intentar reducir los costos de combustible. Estas empresas reclaman además $1.000 millones en concepto de "atributos sociales" (descuentos SUBE) de los meses de enero, febrero marzo que la Secretaría de Transporte de la Nación aún no transfirió".
"Las consecuencias de esta asimetría son concretas. Hay aumento del costo del boleto, reducción de la frecuencia y deterioro del servicio. Esto impacta directamente en el derecho humano a la movilidad en condiciones de accesibilidad, calidad y equidad; agrava las desigualdades territoriales, en la medida en que vivir en el interior termina implicando pagar más, por menos; y genera problemáticas urbanas y ambientales, en tanto empuja a un mayor uso del vehículo particular, incrementando el tráfico, deteriorando la infraestructura vial y aumentando las emisiones contaminantes".

Un modelo de país
Los fundamentos exponen las razones por las que la comunicación también se dirige al gobierno provincial para "reconocer las medidas implementadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que ha destinado recursos significativos para evitar el colapso del sistema y sostener políticas como el Boleto Educativo Gratuito y el Boleto Rural". Sin embargo, "ninguna provincia puede, por sí sola, reemplazar al Estado Nacional en una competencia que le es propia", advierte.
"Aquí radica el punto central de este proyecto. Lo que está en discusión es el modelo de país que se construye cuando el Estado Nacional decide suspender políticas en áreas estratégicas como el transporte. Cuando el Estado se retira, alguien paga el costo" y a las consecuencias las sufren los usuarios con un cada boleto más caro y reducción de los servicios.
El planteo "no responde a una lógica de confrontación, sino a una exigencia de equidad. No se reclama un privilegio para Santa Fe, sino un trato justo. No puede hablarse de federalismo si las políticas públicas más sensibles se concentran en una sola región. El transporte público es una herramienta de igualdad y de desarrollo".
La minuta sostiene que es urgente que la Nación pague los subsidios adeudados, pero también "que asuma la responsabilidad de garantizar un esquema federal, equitativo y sostenible de financiamiento del transporte público". Al mismo tiempo, "se acompaña y se impulsa al Gobierno Provincial a continuar fortaleciendo las medidas de contención, en la medida de sus posibilidades, para proteger a los usuarios y garantizar la prestación del servicio", agrega.








