La Justicia le embargó a Roldán un 10% de la coparticipación provincial y pone las cuentas de la ciudad en rojo

Noelia Sciarratta

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, informó que la Municipalidad comenzó a recibir un descuento en fondos de coparticipación por el juicio denominado “Cedulón” que data del año 1996. De esta manera, la ciudad deberá pagar unos 80 millones de pesos, en cuotas mensuales de más de 3 millones de pesos.

“Los vecinos y vecinas nos vamos a ver obligados a pagar, cada mes, más de 3 millones de pesos, lo cual es un monto altísimo para este municipio literalmente quebrado”, indicó Escalante, y aclaró: “Semejante daño tiene responsables, todo se fue tapando, se mentía para que nadie sepa la realidad, y la basura permanecía bajo la alfombra”.

En este sentido, anticipó que instruyó a los abogados del municipio para que pidan a la Justicia que se investigue a su antecesor: “Deberá dar explicaciones ante la justicia por semejante daño. Millones de pesos que no podremos destinar a resolver los justos reclamos de los vecinos”, manifestó.

“Me comprometí a transparentar la administración, no voy a mirar para otro lado. A Roldán lo vamos a ordenar, va a llevar tiempo, pero vinimos para cambiar la forma de gobernar, y pese a todas las adversidades vamos a salir adelante”, aseguró Escalante al tiempo que adelantó que tienen entre manos una propuesta para saldar la totalidad de lo que se adeuda en concepto de ese juicio, y que la misma será presentada ante la Justicia en los próximos días.

¿De qué se trata el juicio?

En 1993 la gestión del intendente Roberto Di Santo había contratado a la UTE Dafly SA para llevar adelante un relevamiento catastral, el cual derivó en un escándalo público conocido como Cedulón. Es que a los vecinos les comenzaron a llegar a sus domicilios deudas gigantescas por reformas o ampliaciones que habían realizado, a raíz de lo cual se desató un fuerte conflicto social.

En 1996 Dafly inició la demanda por deudas que habían quedado pendientes del trabajo realizado y desde allí comenzó un derrotero judicial que incluso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia, tribunal que en 2019 ya había dictado la sentencia para que se comenzara a descontar de la coparticipación provincial un 10% a los efectos de hacer frente a un monto de $ 16 millones más intereses y costas.

“Desde ese momento hasta ahora se volvieron a generar intereses ya que lo que se pagó fue el capital. No se le pagó a los abogados. En 2021 llegó la causa a la Municipalidad para cobrar la actualización de los intereses de ese capital que se había pagado en cuotas, estábamos en plena campaña y el municipio no interpuso ninguna acción. La anterior secretaria Legal y Técnica no sabía del tema porque cuando nos entregaron todo firmado por escribano público ese juicio no figuraba”, señaló Escalante.

En ese sentido, el intendente -junto al secretario de Legal y Técnica, Iván Ludueña- brindaron este martes por la mañana una conferencia de prensa en la que además de explicar los pormenores del juicio que afronta la administración, detallaron que ese dinero menos que ingresa a las arcas municipales se traducirán en menos servicios para los vecinos.

“Estoy preocupado por la comunidad. Nosotros nos reunimos área por área en el traspaso de mando, y esta es una situación que la anterior secretaria de Legal y Técnica desconocía”, narró Escalante en la conferencia. Aseguró que, cuando llegó el primer embargo la semana pasada, su administración se encontraba juntando el dinero para el pago de salarios. “Con la ayuda y la pericia de todo el gabinete, pudimos pagar los sueldos en tiempo y forma”, dijo. “Igualmente, esto nos va a condenar durante muchos meses a tener menos dinero para realizar obras, que es lo que necesita la gente”, describió.

Por el mismo lado, manifestó que “vamos a parar la pelota y nos haremos cargo, porque si no condenamos al futuro de la ciudad en situaciones que pueden ser impredecibles”. En sintonía, señaló que “con la plata del vecino y la de todos nosotros, vamos a pagar las irresponsabilidad e impericias que llevan tantos años”. “No me duele porque limita mi administración, me duele por la gente, que va a tener menos calles, menos pavimentos y obras de las que se imaginen”, espetó, y aseguró: “No me achico, le pongo el pecho a las balas y a Roldán lo vamos a sacar adelante. Así nos dejaron la ciudad, esto no era Disneylandia”.

Plan de pago

Con respecto al plan de pagos, especificó que seguirá en contacto con la contraparte para ofrecer alternativas. “Esperamos llegar a un acuerdo definitivo. Si esto sigue así, podríamos pagar en un año o más, hasta que se termine de descontar, pero puede seguir indefinidamente”, describió.

Ludueña brindó, a la vez, detalles de la deuda y las instancias afrontadas. “Esto ya está terminado, definido, fallado en contra. Debemos llegar a un acuerdo y pagar. Estamos hablando de un caso jurídicamente insólito. Se ha pagado un capital de manera incompleta, deficiente, entonces ahora estamos enfrentando permanentes reajustes de intereses”, expresó.

“El intendente justiprecia esto en unos 80 millones de pesos, yo no me arriesgaría a ser tan preciso”, detalló, y ahondó en que deben contemplarse también los honorarios de peritos y abogados, inclusive del primer profesional que llevó adelante la causa hace más de dos décadas.

“Este es un juicio que debemos estudiar minuciosamente. La idea es hacer una oferta seria, como bien indicó el intendente, para arreglar esto con la contraparte y ponerle un punto final”, contó Ludueña. “Para que se entienda fácilmente, queremos congelar el monto, para decir ‘debemos esto, pagamos esto y no tenemos más reclamos’. Así, tendremos una perspectiva de gestión y gobierno mucho más clara”, precisó. Aseguró, a la vez, que este no es el único juicio que se deberá afrontar.

“La situación judicial que enfrenta hoy el municipio de Roldán, en cuanto a honorarios firmes, consentidos y sin ningún recurso por delante para defendernos, es realmente alarmante y grave”, enfatizó.