En diálogo con El Litoral, María Mercedes del Sastre, fiscal de Menores de la Cuarta Circunscripción Judicial, consideró que la legislación vigente se encuentra desactualizada frente a los cambios sociales y a las nuevas formas de violencia protagonizadas por niños y adolescentes.
Reforma penal juvenil en debate
María Mercedes del Sastre: "Es el momento de actuar"
La fiscal de Menores de la Cuarta Circunscripción Judicial, advirtió sobre las limitaciones del sistema actual y reclamó una reforma profunda del Régimen Penal Juvenil que contemple prevención, contención y sanción para adolescentes involucrados en delitos.
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Explicó que su mirada surge tanto de su actual función como fiscal de menores como de su experiencia previa dentro del sistema penal juvenil y civil.
En ese sentido, sostuvo que la Ley 22.278, vigente desde 1980 y compuesta por apenas 11 artículos, “no regula de manera integral todos los aspectos que debería contemplar una ley de responsabilidad penal juvenil”.
Del Sastre señaló que la sociedad ha cambiado y que hoy se observa una adultización temprana de niños y adolescentes, no solo en la comisión de delitos sino también en la violencia con la que estos se producen. “Son hechos más cruentos, más violentos, incluso impensados años atrás en menores”, afirmó.
Asimismo, remarcó la preocupación creciente por los episodios de violencia dentro y fuera de los establecimientos educativos, y la falta de referentes adultos responsables. “Directivos escolares y personal policial coinciden en que muchas veces no encuentran acompañamiento de padres o adultos responsables, lo que genera un desdibujamiento del rol del adulto”, explicó.
Sobre la posible baja de la edad de imputabilidad, la fiscal aclaró que la discusión no debe limitarse únicamente a la edad, sino que debe abordarse de manera integral. Consideró que, de avanzar una reforma, debería focalizarse en delitos graves y altamente lesivos, con connotación violenta, y no en todo el espectro delictivo.
Además, enumeró aspectos clave que debería contemplar una nueva ley, entre ellos: parámetros claros para la determinación y cesura de la pena, regulación de los lugares de alojamiento para menores privados de libertad, modalidades específicas de ejecución de penas, diferentes a las de adultos, el trabajo interdisciplinario como eje central del sistema, y establecimiento de mínimos y máximos de penas, especialmente en delitos que para adultos prevén prisión perpetua, pena que no puede aplicarse a menores.
Finalmente, Del Sastre subrayó que el debate debe darse en el ámbito legislativo, pero remarcó que “es el momento de actuar” y de adecuar la legislación penal juvenil a la realidad actual, garantizando tanto la protección de derechos como una respuesta adecuada frente a los delitos graves.
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