Vicentin: dos propuestas a dólar de $60,78 antes del vencimiento del salvataje
El Grupo Grassi fue el primero en comunicar su oferta al juez Lorenzini. Luego y en conjunto, LCD y Molinos Agro ingresaron la suya. Restan conocerse los planes de la UAA y Bunge SA.
Planta de Vicentin en San Lorenzo: eje productivo del plan de salvataje.
El próximo 31 de octubre vencerá el plazo legal para que las empresas oferentes presenten sus propuestas de pago a acreedores en el expediente por el concurso preventivo de Vicentin SAIC, la mayor agroexportadora nacional caída en cesación de pagos en enero de 2020.
La apertura del proceso de salvataje fue habilitada por el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, en junio de este año, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazara un recurso de inconstitucionalidad presentado por la concursada tras la negativa judicial a aprobar su propuesta concursal.
Fueron 11 las firmas que anotaron para para intentar quedarse con Vicentin SAIC, aunque la decisión del magistrado interviniente de obligarlas a depositar cerca de un millón de dólares per cápita como garantía de su real interés en participar del cram down actuó como un filtro impasable para más de la mitad. Ergo, quedaron en pie Bunge SA, Molinos Agro junto a LDC Argentina, Grassi SA y la Unión Agrícola de Avellaneda tras cumplir con los requisitos formales y depositar las sumas exigidas.
Acreedores tienen hasta el 31 de octubre para aceptar una de las ofertas.
Esquema mixto
El primero en mover las fichas fue el Grupo Grassi S.A. presentó una oferta integrada con capitalización, continuidad productiva y pago en cuotas a los acreedores, con un dólar a $ 60,78.
El plan, elevado en septiembre de 2025, planteó un esquema mixto de capitalización y pago a los acreedores, orientado a garantizar la continuidad de la operatoria, preservar las fuentes laborales y recuperar la capacidad exportadora del grupo.
El salvataje empresario fue abierto luego de que Vicentin no lograra homologar su acuerdo concursal. La agroexportadora acumula una deuda superior a USD 1.300 millones, con más de 1.600 acreedores entre bancos, productores, cooperativas y proveedores.
La propuesta de Grassi S.A. contempla la capitalización de créditos, transformando parte de las acreencias en acciones de una nueva sociedad controlante, y el pago escalonado de los saldos restantes en cuotas semestrales, con un cronograma de hasta diez años según el tipo de acreedor.
El esquema propone además la creación de un fideicomiso de administración, destinado a canalizar los fondos provenientes de la actividad industrial, de exportación y de eventuales activos no operativos.
La iniciativa más sobresaliente de Grassi S.A. se asienta en un recupero del 200 % del crédito original en dólares. La empresa detalló, a modo de ejemplo, que «un acreedor con un crédito equivalente a U$S 100.000, entregará un total de 20.000 toneladas de soja (200 Tn por cada U$S 1.000 de crédito) en un plazo de 10 años, a razón de 166.66 Tn por mes, percibiendo un promedio de U$S10 de bonificación».
Grassi, LDC y Molinos Agro buscan evitar la quiebra de la agroexportadora.
De acuerdo al cálculo que hizo la firma, «la ecuación arroja que el acreedor en cuestión, habrá percibido U$S 200.000 al finalizar los 10 años, recuperando el 200 % nominal de su crédito en moneda dura, a un ritmo de U$S 20.000 por año».
Segunda oferta
En tanto, en la semana que pasó las empresas Louis Dreyfus Company (LDC Argentina S.A.) y Molinos Agro S.A. presentaron ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista su propuesta formal conjuntade acuerdo preventivo en el marco del concurso de Vicentin S.A.I.C., una instancia clave para definir el futuro de la agroexportadora santafesina.
El documento, titulado “Propuesta MOA–LDC”, fue ingresado el 17 de octubre de 2025. La oferta alcanza a los acreedores quirografarios verificados y admitidos, y establece un esquema de reconversión de créditos a dólares estadounidenses al tipo de cambio de $ 60,78 por dólar, correspondiente a la fecha de presentación del concurso.
Categorías y condiciones
Los acreedores fueron clasificados en tres grupos principales: Categoría A: créditos menores a USD 130.000; Categoría B: entre USD 130.000 y USD 400.000; y Categoría C: superiores a USD 400.000. También se contempla una categoría fiscal especial para los organismos tributarios.
La propuesta incluye distintas alternativas de cobro según el monto del crédito y la elección de cada acreedor.
Para la Categoría A, se ofrece el 80 % al contado o el 90 % en tres cuotas anuales con 4 % de interés. Para la Categoría B, las opciones van desde el 50 % al contado hasta el 70 % en 10 cuotas, también con intereses anuales del 4 %.
Para la Categoría C, que agrupa las mayores acreencias, la escala varía entre 12 % al contado y 45 % en 15 cuotas. Se incluye además la posibilidad de capitalizar los créditos a través de acciones preferidas sin voto y rescatables, con dividendos decrecientes del 4 % al 0,25 % anual.
Modalidad de pago y control
LCD y Molinos Agro indicaron que los pagos se realizarán en pesos, calculados al tipo de cambio aplicable a las exportaciones de soja (Comunicación “A” 3500 del Banco Central).
Si el acreedor no opta por ninguna de las alternativas, se aplicará automáticamente la más extensa de su categoría (1.2, 2.3 o 3.4).
La propuesta también prevé la conformación de un Comité de Acreedores, integrado por tres miembros, encargado de supervisar la ejecución del acuerdo, y establece que, una vez homologada la propuesta, se levantará la inhibición general de bienes que pesa sobre Vicentin.
El ofrecimiento tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2025, con posibilidad de prórroga, y su aprobación judicial marcará un paso decisivo en el intento de reestructuración de una de las causas concursales más relevantes de la historia reciente del país.
Resta, de ahora en más, que la Unión Agrícola de Avellaneda, el único posible inversor con sede en el norte santafesino, y Bunge SA. Para lograr imponer sus ofrecimientos, los interesados en quedarse con Vicentin SAIC deberán obtener el 50 % más 1 de la conformidad de los acreedores que representan el 66,7 % de la totalidad de la deuda. En caso de que ninguno de los gigantes del agro que participan del proceso logre ese nivel de adhesión, el juez no tendrá más remedio que declarar la quiebra el 1 de noviembre venidero.
Puja
La Sindicatura informó al juez Lorenzini que son 1.692 los acreedores verificados y admitidos tempestivamente por un monto de $ 29.800.414.467 y USD 841.879.860 equivalentes a $ 67.981.798.711 al tipo de cambio de $ 80,75 por dólar; consolidando un total en $ 97.782.213.178 a los fines del cómputo del pasivo y de las mayorías.
En el informe, los síndicos dejaron en claro que «las eventuales exclusiones de voto previstas en el art. 45 LCQ están previstas en relación a la concursada y para el período de exclusividad. Una vez más, cuando el art. 48 remite a las reglas de mayorías aplicables para el salvataje, lo hace en relación a las mayorías y requisitos de forma, por lo que en principio, tratándose de prohibiciones o restricciones no se deberían aplicar analógicamente sin una remisión legal expresa”.
Fue premonitorio en atención a que luego Molinos Agro y LCD hicieron expresa su pretensión de aplicar la exclusión al acreedor principal Avir South (Grupo Cima), que ostenta el 37 % del pasivo exigible, bajo el argumento de que la adquisición de esa deuda -que contrajo Vicentin SAIC con los bancos extranjeros- fue ideada por el Grupo Grassi, competidor directo en la puja por la cerealera. La última palabra la tiene el magistrado a cargo del expediente.
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