En Rafaela activaron un decreto "antitrapitos": "Queremos desalentar una actividad en un radio limitado"

El viernes 13 de febrero el intendente de la ciudad de Rafaela Leonardo Viotti, firmó un decreto mediante el cual se prohíbe totalmente la actividad de lavado de autos en la Zona de Estacionamiento Controlado.

El área comprende el sector céntrico, principalmente alrededor de la Plaza 25 de Mayo, el bulevar Santa Fe hasta la Jefatura de Policía, y se extiende a los primeros tramos de los bulevares Lehmann, Roca e Yrigoyen.

La situación con los lavacoches no tenía conformes a los vecinos de la ciudad de Rafaela, ya que muchos se mostraban insistentes e incluso insultaban a quienes no aceptaban el servicio, llegando en algunos casos a provocar daños materiales en los vehículos. La problemática lleva años y ninguna gestión había logrado darle una solución efectiva.

Además, estos trabajadores informales amedrentaban a comerciantes para que les entregaran cambio u otros elementos para realizar la actividad.

Hoy por hoy existen varios grupos de “trapitos” que trabajan desde hace tiempo -los más conocidos se ubican alrededor de la plaza y suelen ser los más conflictivos-, aunque también hay quienes realizan su tarea con respeto y sin molestar. Pero, la medida alcanza a todos.

Otra parte importante de los vecinos también manifestó su disconformidad con la medida, al señalar que muchos de los trapitos y sus familias dependen de ese ingreso para subsistir diariamente.

En ese sentido, advirtieron que la problemática es social y económica, y que una prohibición por sí sola no resolvería el trasfondo de la situación. Además, expresaron desconfianza frente a las supuestas soluciones planteadas, al considerar que en otras oportunidades solo quedaron en promesas sin políticas de acompañamiento ni alternativas laborales concretas.

Cómo se aplicará la medida

La medida comenzará a aplicarse formalmente el 15 de abril, una vez cumplidos los 60 días de información y notificación previstos en el decreto. En este sentido, Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización, comentó en diálogo con Radio Rafaela cómo será la campaña de concientización y la logística para poner en marcha el decreto “antitrapitos”.

“Lo único que nosotros podemos hacer es prohibir la actividad como una contravención. Hasta ahí llega la facultad del municipio”, se explicó. La herramienta legal disponible es la multa, tanto para quien realice la actividad como para quien la contrate.

Multas para todos los involucrados

La normativa no solo alcanzará a los llamados “trapitos”, sino también a los propietarios de vehículos que permitan el lavado en la vía pública y a los comercios que colaboren con la práctica.

“Al prohibir la actividad vos prohibís a quien la realiza, el trapito, pero también a quien se deja hacer ese trabajo y hay una extensión hacia los comercios para que tampoco colaboren”, señaló.

En ese sentido, apuntó a desalentar cualquier forma de apoyo logístico: “Sabemos que muchos prestan agua, guardan los baldes, guardan los trapos. Tratamos de involucrar a todos porque estas situaciones deben abordarse integralmente”.

Sin embargo, desde el Ejecutivo rafaelino aclararon que la intención no es recaudatoria. “No queremos cobrar plata, queremos desalentar una actividad en un radio limitado”, remarcaron.

Campaña de concientización

Durante los 60 días previos a la entrada en vigencia, se desarrollará una fuerte campaña informativa.

Voluntarios de Defensa Civil recorrerán la zona de estacionamiento controlado para informar a quienes estacionen vehículos que a partir del 15 de abril la actividad no estará permitida.

“Se les va a decir que por favor no se dejen lavar el auto y si sufren alguna amenaza vamos a entregar un QR para hacer una denuncia anónima”, explicó Bottero.

También remarcó que visitarán a los comercios del área para pedirles que no colaboren con la práctica y que ante cualquier situación informen rápidamente a la policía, la GUR o fuerzas de seguridad que patrullen el sector.

Alternativas laborales

En paralelo, el Municipio buscará ofrecer alternativas a quienes desarrollan esta actividad. Las áreas de Desarrollo Humano y Desarrollo Económico trabajarán en encuentros individuales para proponer capacitaciones y oficios.

“Estamos pensando en cuestiones que tienen que ver con jardinería, pintura, albañilería, bloqueras para hacer bloques de cemento, distintas cuestiones como para ofrecer una respuesta”, detalló.

Y por esa línea, reconoció que la transición no será sencilla. “Sabemos que no va a ser fácil y que no todos lo van a tomar. Salir de la informalidad, que te da dinero todos los días en el centro, no va a ser bien recibido por todos”, admitieron.

También señaló que existen situaciones complejas vinculadas a consumos problemáticos u otras dificultades sociales. “Desde lo social tenemos que estar atentos y prestar especial atención a quienes manifiesten voluntad, acompañarlos, asistirlos y ayudarlos”.

El decreto firmado, en detalle

La norma deroga el Decreto N° 48.180, que había intentado regular la actividad mediante un registro de personas, y establece directamente la prohibición de las tareas de cuidado, lavado o limpieza de automotores y motocicletas en la vía pública, ya sea de forma gratuita u onerosa.

El decreto no solo alcanza a quienes realizan la actividad, sino también a conductores y propietarios de vehículos que acepten el servicio, así como a quienes faciliten o incentiven la práctica. Se considerará como conducta que promueve la actividad la provisión de agua, elementos o productos de limpieza.

Las infracciones serán sancionadas con multas de entre 3 y 100 Unidades de Multa (U.M.) -alcanzando asi la multa máxima los 160.000 pesos aproximadamente- y el juzgamiento estará a cargo de los Juzgados de Faltas Municipales.

La Secretaría de Gobierno y Modernización y la Secretaría de Prevención y Seguridad serán autoridad de aplicación de la medida, con intervención del Departamento de Protección Vial y Comunitaria y la Guardia Urbana Rafaelina.

Además, se coordinarán acciones con la Unidad Regional V de Policía de la Provincia de Santa Fe y se ordenó al Centro de Monitoreo Urbano realizar un relevamiento de cámaras en la zona para reforzar los controles.

En caso de que las conductas detectadas encuadren en el Código de Faltas Provincial o en el Código Penal, se deberán formular las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

El decreto autoriza la implementación de una campaña de difusión y la colocación de cartelería informativa en la Zona de Estacionamiento Controlado.

Asimismo, se establece un plazo de tolerancia de 60 días desde la firma de la norma, período durante el cual deberá realizarse una campaña de concientización dirigida a la ciudadanía sobre los alcances de la nueva disposición.