El silencio del campo se quebró con un hecho que expone una violencia extrema y planificada. Un camionero que trabajaba en tareas de cosecha fue víctima de un abuso sexual grupal en una zona rural de Villa Ana, en el departamento General Obligado. Cinco peones lo interceptaron, lo redujeron con un arma blanca, lo atacaron sexualmente y filmaron el hecho como parte de la agresión.
En el norte santafesino
Villa Ana: cinco peones rurales abusaron de un camionero, filmaron el ataque y lo amenazaron de muerte
La víctima fue interceptada en un camino rural, reducida con un arma blanca y sometida a un abuso sexual grupal que quedó registrado en video.
El ataque ocurrió el 24 de enero, en un campo ubicado sobre un camino rural, a unos 200 metros de la Ruta Provincial 32. La víctima fue abordada por compañeros de trabajo con los que compartía tareas en el mismo establecimiento. Según la investigación judicial, el hombre fue amenazado, inmovilizado y sometido a un abuso sexual colectivo mientras los agresores registraban todo en un video.
Tras concretar la agresión, los atacantes lo intimidaron con una amenaza directa: le advirtieron que le cortarían los genitales si denunciaba lo ocurrido. Ese mensaje de terror fue parte del mecanismo de control y sometimiento que intentó garantizar la impunidad del hecho. Sin embargo, el caso llegó a la Justicia y activó una investigación de alto impacto penal y social.
Una investigación con pruebas directas
La causa quedó en manos de la fiscal Elisabeth Aguirre, quien encabezó las primeras averiguaciones y ordenó la detención de los cinco acusados identificados por la víctima: Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez. El video del ataque fue secuestrado y se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente.
Durante la investigación, los imputados intentaron minimizar lo ocurrido, argumentando que se trató de “un chiste”. Esa versión fue descartada de plano por la fiscalía ante la contundencia de las pruebas reunidas, el registro audiovisual del ataque y el relato de la víctima, que describe un hecho violento, planificado y con amenazas explícitas.
La calificación legal es de máxima gravedad: “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado, por el número de personas que intervinieron y por la utilización de arma”. Se trata de una figura penal que contempla penas elevadas por el nivel de violencia, la participación múltiple y el uso de elementos de coerción.
Prisión preventiva y un caso que conmociona
La Justicia dictó prisión preventiva para cuatro de los acusados, mientras que Mariano Benítez continuará el proceso en libertad bajo estrictas condiciones judiciales. La medida busca garantizar el desarrollo de la investigación, proteger a la víctima y evitar cualquier tipo de entorpecimiento probatorio o intimidación.
El caso generó una fuerte conmoción en la región norte de la provincia. No solo por la brutalidad del ataque, sino por el contexto: trabajadores rurales, compañeros de tareas, un ámbito que suele asociarse al aislamiento y al silencio. La violencia ocurrió lejos de centros urbanos, en un camino rural, sin testigos, con una lógica de impunidad construida desde el aislamiento territorial.
La causa deja al descubierto una forma extrema de violencia sexual, atravesada por relaciones de poder, dominación y humillación, y vuelve a poner en agenda la necesidad de políticas de prevención, contención y denuncia en contextos laborales rurales, donde las víctimas muchas veces quedan atrapadas en redes de dependencia y miedo.
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