La investigación por el cobro de coimas en la Planta de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI, con sede en Esperanza, sumó este miércoles dos nuevas condenas.
Corrupción institucional
Coimas en la planta automotor de Esperanza: condenaron a otros dos policías
Los suboficiales Bernardo González y Bruno Vignatti recibieron tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales y multas millonarias. Ya son tres los efectivos condenados en la causa, mientras que el exjefe de la repartición, Cristian Vittore, permanece en prisión preventiva.
El juez penal Leandro Lazzarini admitió los acuerdos de juicio abreviado celebrados entre el fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y las defensas de los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti.
La audiencia se desarrolló en el segundo piso del nuevo Anexo de los tribunales de Santa Fe. González fue asistido por el abogado Juan Carlos Galetto, mientras que la defensa de Vignatti estuvo a cargo de Catalino Miguel Ángel Portillo y Candela Bottero.
Ambos efectivos admitieron su responsabilidad penal por maniobras vinculadas con la confección irregular de formularios de verificación automotor a cambio de dinero. Las penas acordadas contemplan tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer la función policial y multas de $11.520.000 para González y $8.000.000 para Vignatti.
Tras el dictado de las sentencias, el magistrado dispuso el cese de las detenciones, a pedido de las defensas y con el consentimiento de la Fiscalía.
Formularios sin verificar
De acuerdo con los hechos reconocidos en los acuerdos, González recibió dinero entre el 3 de enero de 2020 y el 13 de agosto de 2025 para confeccionar, sellar y firmar formularios 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, documentación obligatoria para transferir vehículos o inscribir unidades cero kilómetro.
Los trámites se realizaban al margen del procedimiento reglamentario: sin turnos previos, sin el pago de las tasas correspondientes y sin que los agentes inspeccionaran personalmente los rodados. Por cada operación, el suboficial habría recibido aproximadamente $25.000.
La acusación también comprendió la entrega de formularios firmados y sellados en blanco, para que fueran completados posteriormente. Según el acuerdo, las maniobras se realizaban periódicamente de común acuerdo con la gestora de Sarmiento, Erica Andrea Lucca, mediante pagos en efectivo.
En el caso de Vignatti, los hechos se extendieron desde el 16 de mayo de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. El policía recibió sumas que inicialmente rondaban los $25.000 y que, desde marzo de este año, ascendieron a $30.000 por formulario. Además de los encuentros personales, algunos pagos se efectuaban mediante transferencias bancarias.
La investigación sostiene que, cuando Vignatti cambió de destino, puso en contacto a la gestora con otro agente de la repartición para que continuara con las maniobras.
Cuarto detenido
Con estas dos sentencias, ya son tres los policías condenados en la causa. El primero fue el subinspector Luis Rodrigo Ulerich, quien el viernes pasado recibió una pena de tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales y una multa de $17.260.000, luego de admitir su responsabilidad por cohecho pasivo.
La situación procesal del cuarto efectivo involucrado es diferente. El subcomisario Cristian Gustavo Vittore, quien estaba al frente de la planta verificadora, fue imputado el 7 de octubre como autor de cohecho pasivo y quedó en prisión preventiva por 30 días, por una medida acordada entre la Fiscalía y su defensor, Federico Kiener.
La acusación le atribuye maniobras desarrolladas entre julio de 2021 y septiembre de 2025, mediante las cuales habría cobrado dinero para validar trámites automotores sin cumplir con las inspecciones reglamentarias. Según la investigación, entre enero de 2024 y mayo de 2025 suscribió irregularmente 1.079 formularios de automóviles y 408 de motocicletas.
A diferencia de los otros tres efectivos, Vittore todavía no fue condenado ni celebró un acuerdo abreviado: continúa imputado y privado de su libertad mientras el MPA profundiza el análisis de documentación, registros contables y teléfonos celulares. La investigación también alcanza a la gestora, imputada por cohecho activo y que permanece en libertad.
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