El Litoral / NA
El Litoral / NA
El ex juez federal subrogante de La Pampa José Antonio Charlin, que había sido condenado a cinco años de prisión por violencia de género y otros delitos cometidos en su despacho contra sus empleados, fue detenido en la ciudad de Santa Rosa y conducido a la cárcel de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
El ex magistrado, que había sido sentenciado en mayo de 2018 por los delitos de amenazas, violencia de género y tentativa de abuso sexual a cinco años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, fue llevado a un sector de la cárcel destinado a funcionarios.
Los cargos tienen que ver con maltrato al personal del juzgado a su cargo. Durante el juicio se conocieron escenas como el hecho de que el juez jugó en su despacho con el arma de un custodio, que pateaba muebles o el hecho de llamar al intendente de un pueblo para avisar que iba a haber un operativo policial.
Si bien el fallo emitido por la Cámara Federal de Santa Rosa no había quedado firme, porque aún resta resolverse un recurso de queja que está en manos de la Corte Suprema de Justicia, esta semana se resolvió que Charlin sea detenido en un fallo dividido.
Los jueces Orlando Coscia y Walter Grosso votaron por detenerlo ahora y Luis Salas fue por la negativa, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso extraordinario para que el caso llegara a la Corte, de acuerdo con lo publicado por el diario La Arena.
Charlin había sido designado el 5 de octubre de 2012 como juez federal de General Pico, por ausencia por enfermedad del ex juez Pedro Vicente Zabala.
Como la sede piquense del juzgado no se había habilitado, el ex magistrado fue trasladado a Santa Rosa como subrogante, pero sólo duró en su cargo 60 días en el 2013.
El tribunal integrado por Salas, Coscia y Grosso, todos de Neuquén, condenó a Charlin por abuso de autoridad en concurso ideal con malversación de caudales públicas y real con abuso sexual simple en grado de tentativa y en situación de violencia de género, daños, amenazas para compeler a otro a hacer abandono de trabajo y amenazas agravadas por uso de arma.