Un control de rutina en el acceso al Complejo Carcelario N.º 2 de Cruz del Eje, en el norte de la provincia de Córdoba, terminó con la detención de un guardiacárceles que quiso ingresar droga al penal. El agente fue descubierto cuando portaba un paquete con características sospechosas que simulaba ser un embutido, pero en su interior ocultaba sustancias ilegales.
Investigación penal
Córdoba: detienen a un guardiacárceles por intentar ingresar droga a un penal
Un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba fue arrestado tras intentar pasar estupefacientes al Complejo Carcelario N.º 2 de Cruz del Eje ocultos en un paquete similar a un salamín. Además de la causa judicial, se inició un sumario interno para evaluar sanciones disciplinarias.
La investigación ahora combina la actuación de la Justicia junto con procesos internos dentro del Servicio Penitenciario para determinar responsabilidades y sanciones concretas.
Descubrimiento en el acceso al penal
El hecho se conoció cuando el personal penitenciario que realiza los controles habituales de ingreso detectó un paquete con características inusuales. El objeto tenía forma de embutido tipo salamín, un producto alimenticio típico, pero llamó la atención de los agentes por su embalaje y presentación, que no coincidían con lo esperado en un control de rutina.
Alertados por esta irregularidad, los guardias sometieron el paquete a una inspección más detallada, descubriendo que su interior estaba relleno con sustancias estupefacientes.
Ante la sospecha de un intento de ingreso de drogas al establecimiento, se solicitó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que se presentó en el lugar para realizar las pruebas de campo correspondientes.
Los análisis confirmaron que los envoltorios contenían cocaína y marihuana, ambas sustancias sujetas a control bajo la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, que tipifica la tenencia y tráfico de drogas en Argentina.
Ante esta situación, el guardiacárceles fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia, que ahora instruye una causa penal en su contra por infracción a la normativa sobre estupefacientes.
El operativo también incluyó el traslado del agente a una dependencia judicial local, donde se avanzará en la imputación formal y en las etapas iniciales del proceso penal. La Justicia deberá determinar la participación concreta del uniformado, si actuó solo o con posibles vínculos externos, y qué rol tenían las sustancias destinadas a ingresar al penal.
Reacción institucional
Ante lo sucedido, las autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba emitieron un comunicado oficial para reiterar que los controles de ingreso se aplican rigurosamente a todas las personas y vehículos que acceden a los establecimientos, sin excepción para el propio personal perteneciente a la fuerza.
El organismo subrayó que estas medidas tienen por objetivo evitar la introducción de objetos prohibidos y sustancias ilegales en cualquier unidad penitenciaria bajo su órbita.
En el comunicado, las autoridades precisaron que “el narcotráfico y el delito no admiten ningún tipo de tolerancia, mucho menos cuando se trata de faltas graves cometidas por quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad penitenciaria”.
El mensaje institucional busca distanciar las acciones individuales de un agente y reafirmar el compromiso de la fuerza con los procedimientos de control interno.
Además de la causa judicial abierta por la infracción a la Ley de Drogas, el expediente fue remitido al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, el organismo encargado de evaluar el comportamiento del personal penitenciario y definir posibles sanciones disciplinarias.
Ese tribunal puede determinar medidas que van desde la suspensión del agente en su cargo hasta la exoneración del servicio, según la gravedad de la falta constatada.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la seguridad dentro del sistema penitenciario y los desafíos que afrontan las autoridades para evitar que sustancias prohibidas, teléfonos celulares y otros artículos no autorizados ingresen a los penales.
En Córdoba ya se registraron episodios similares, como intentos de pasar droga mediante drones o paquetes arrojados al interior de cárceles, lo que demanda un aumento en la vigilancia y en los métodos de detección de contrabando.
El Complejo Carcelario N.º 2 de Cruz del Eje es uno de los principales centros de detención de la provincia, alojando a internos procesados y condenados por distintos delitos.
La seguridad de estos establecimientos depende, en gran medida, de la actuación de su personal y de la implementación de controles estrictos que eviten la circulación de elementos que puedan facilitar actividades ilícitas o poner en riesgo la convivencia interna.
Este nuevo episodio ocurre en un contexto donde las autoridades penitenciarias han reforzado las revisiones de pertenencias y controles corporales mediante escáneres y body scanners, buscando reducir la posibilidad de ingresos irregulares.
Sin embargo, la participación de un miembro del propio Servicio Penitenciario en un intento de ingreso ilegal de drogas evidencia la complejidad del desafío.
Mientras la causa judicial sigue su curso en los tribunales de Córdoba, también resta determinar si el agente actuó solo o si formaba parte de una red más amplia de suministro de estupefacientes hacia el interior de la cárcel.
Las investigaciones, tanto judiciales como internas, intentarán esclarecer ese punto y establecer las responsabilidades correspondientes.
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