Imputaron a una mujer por agredir a una policía durante el intento de usurpación de la Villa Olímpica

La investigación judicial por los incidentes registrados el viernes por la noche en la Villa Olímpica de Santa Fe sumó un nuevo capítulo. El fiscal Esteban Morales confirmó que una mujer fue imputada por atentado calificado contra la autoridad y resistencia a la autoridad, luego de que una empleada policial resultara lesionada.

Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, no se pudo acreditar judicialmente la existencia de un intento de usurpación. La situación de la detenida podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo, debido a sus antecedentes penales.

Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, no se pudo acreditar judicialmente la existencia de un intento de usurpación. La situación de la detenida podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo, debido a sus antecedentes penales.

La causa por los incidentes ocurridos en inmediaciones de la Villa Olímpica de Santa Fe comenzó a tomar forma en los tribunales, aunque con algunas diferencias entre lo que inicialmente trascendió sobre el episodio y los hechos que, por ahora, pudieron ser encuadrados penalmente.

El fiscal Esteban Morales confirmó que se realizó la audiencia imputativa contra una mujer detenida durante el operativo policial desplegado el viernes por la noche, cuando un grupo de personas habría intentado ingresar al predio.

La acusación formulada por el representante del Ministerio Público de la Acusación no incluyó el delito de usurpación ni su tentativa. En cambio, se concentró en la conducta que habría desplegado la mujer durante el procedimiento policial.

Según explicó Morales, la imputada habría participado de un episodio de violencia contra el personal de seguridad, en el que una empleada policial sufrió lesiones que demandaron siete días de curación. También se le atribuyó haber ofrecido resistencia cuando los uniformados intentaron trasladarla por disposición de la Fiscalía.

Policía lesionada

Al explicar los alcances de la audiencia, Morales fue cuidadoso al diferenciar los hechos que pudieron ser acreditados hasta el momento de aquellos que todavía permanecen bajo investigación.

"En primer lugar, no se le imputó la usurpación porque no se llevaron a cabo los hechos que permitan encuadrarla de esa manera", sostuvo el fiscal.

En su interpretación, la intervención preventiva de la Policía permitió evitar que el episodio avanzara hacia una ocupación del terreno. Según señaló, existió un movimiento de personas que aparentemente tenía como objetivo ingresar al predio, pero ese propósito no llegó a concretarse.

La acusación contra la mujer se sustentó, en cambio, en el enfrentamiento con los efectivos. Morales explicó que se le atribuyó atentado calificado contra la autoridad, tanto por la participación de varias personas como por la agresión que habría sufrido una integrante de la fuerza policial.

A esa figura se sumó la resistencia a la autoridad, a partir de la oposición que habría manifestado la detenida al momento de ser conducida.

Consultado sobre la cantidad de personas demoradas durante el procedimiento, el fiscal aclaró que la información que recibió inicialmente daba cuenta de una sola mujer aprehendida.

Dijo desconocer la situación de otros posibles involucrados y precisó que su intervención se originó a partir de la comunicación recibida mediante el sistema de denuncias 0800, que funciona como canal de recepción de información para el Ministerio Público de la Acusación.

Dijo desconocer la situación de otros posibles involucrados y precisó que su intervención se originó a partir de la comunicación recibida mediante el sistema de denuncias 0800, que funciona como canal de recepción de información para el Ministerio Público de la Acusación.

De todos modos, dejó en claro que la investigación no está cerrada. Entre los elementos pendientes de análisis mencionó los daños que habría sufrido un patrullero y la posible participación de un menor de edad.

Antecedentes penales y una posible condena de cumplimiento efectivo

Otro de los aspectos centrales de la investigación pasa por la situación procesal de la mujer detenida y sus antecedentes condenatorios.

Morales adelantó que solicitó que el próximo jueves se trate la situación cautelar de la imputada, aunque aclaró que la fecha definitiva dependerá de la Oficina de Gestión Judicial.

La posibilidad de que la mujer continúe detenida está relacionada con una condena anterior de dos años de prisión de ejecución condicional, dictada por hechos de amenazas calificadas y lesiones leves.

De acuerdo con lo explicado por el fiscal, esa circunstancia podría modificar sustancialmente el escenario penal. Si se confirma una nueva condena, la pena podría ser de cumplimiento efectivo, en función de las reglas aplicables a la reincidencia y de la unificación con la sanción anterior.

En ese contexto, Morales reconoció que existen conversaciones con la defensa para explorar la posibilidad de un procedimiento abreviado.

"Estamos en charla con la defensa, pero sí va a ser de cumplimiento efectivo", señaló. Y agregó que, tomando como referencia la condena anterior y el mínimo previsto para el nuevo delito, la pena no sería inferior a los dos años y medio.

Intereses políticos

Por otra parte, el representante del MPA se refirió a las versiones que vinculaban el episodio con posibles intereses políticos o con la intervención de determinadas organizaciones. Sobre ese punto, fue categórico: dijo no tener conocimiento de esas circunstancias y aclaró que no forman parte, por ahora, de los hechos concretos que sustentan la imputación.

También indicó que la mujer no prestó declaración y que, por ese motivo, no cuenta con información sobre su actividad laboral o una eventual pertenencia a organizaciones sociales o políticas.