El juez no descarta que los comisarios hayan negociado la droga desaparecida

El juez federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, dictó la prisión preventiva para los ex comisarios de la delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA), Mariano Ezequiel Valdés e Higinio Alberto Bellaggio, quienes además, fueron indagados el viernes último por “confabulación para el tráfico de estupefacientes”, entre otros delitos.

Los dos estaban detenidos a disposición de la justicia provincial, acusados de haber armado una escena falsa del tiroteo en el que resultó víctima Valdés, la noche del 9 de septiembre cuando fue atracado mientras transitaba por la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de Villa Constitución. El herido denunció un “robo al voleo” y su segundo viajó hasta el lugar del hecho en un auto oficial para asistirlo y limpiar la escena, llevándose consigo un bolso Adidas azul que desde un primer momento fue la preocupación de los comisarios.

“No puede descartarse que el contenido que presumiblemente fue retirado del bolso (de Valdés), haya sido objeto de una operación mercantil” dijo el Dr. Miño en su resolución, en coincidencia con la teoría del fiscal federal N° 2 Walter Rodríguez, quien solicitó la inhibición de la justicia ordinaria tras conocer de la existencia de restos de drogas sintéticas en las prendas de vestir y dentro del bolso del jefe policial, secuestrado diez días después en Santa Fe.

Ese argumento, sumado a puntuales observaciones a propósito del comportamiento de los servidores públicos, lo llevaron a rechazar tanto las alternativas a la prisión preventiva para Bellaggio, como un pedido de domiciliaria para Valdés.

Preventiva anticipada

Si bien todavía resta saber si van a ser procesados y por qué delitos -el fiscal los acusa por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción de elementos de prueba, empleo de servicios de la administración pública, falso testimonio y confabulación para el tráfico de estupefacientes-, la decisión de imponerles una medida coercitiva de manera anticipada, se debió a que el 19 de diciembre vencían los plazos de la prisión preventiva dictada en la órbita de la justicia provincial.
Tras descubrir que la versión del “robo al voleo” a Valdés y su acompañante, la subalterna Roxana González, había sido una pantalla para ocultar lo que realmente había sucedido y que ahora es materia de investigación federal, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Villa Constitución, Matías Edery y Natalia Benvenuto, ordenaron detener a los jefes.

La medida se definió el 19 de septiembre, un día antes de que la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y Gendarmería allanaran la sede santafesina de la PFA en calle San Martín 3381, secuestraran la camioneta Mitsubishi L200 de Valdés estacionada en las inmediaciones, e incautaran el bolso Adidas azul ya vacío. El 24 de septiembre la jueza Marisol Usandizaga dictó la cautelar por 90 días y el 28 de noviembre fue ratificada por la Cámara de Rosario.

Droga sintética

Semanas después, un informe de laboratorio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) determinó que tanto el bolso como la ropa que llevaba puesta Valdés al momento de ser baleado, tenían restos o partículas de lo que podrían ser pastillas de éxtasis o alguna droga sintética similar. Ese elemento novedoso para la causa hizo que el fiscal Rodríguez solicitara inmediatamente la competencia. Y si bien en un primer intento el juez Miño rechazó el pedido -el 21 de octubre-, se allanó a lo resuelto por la Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que el 2 de diciembre hizo lugar al recurso fiscal.

En el caso de Valdés y Bellaggio, el magistrado entendió que “los dos insistieron en la utilización de sus altas jerarquías en la fuerza policial a fines individuales, como queda demostrado en el uso de los bienes del Estado Nacional puestos a disposición de una empresa delictiva, tal como puede observarse en las circunstancias que rodearon sus detenciones”.

Ello referido a “episodios dirigidos a desviar la investigación”, así como sus denodados esfuerzos en “haber viciado la voluntad de la policía González para cometer falso testimonio” y sostener la mentira pactada entre ambos jefes. Claramente, la extracción de datos de los teléfonos celulares secuestrados a Valdés, “da cuenta de que se habrían eliminado contenidos de interés para el objeto de la investigación”, completa el análisis.

Mensaje contra “el desaliento”

En su resolución de la semana pasada, en la que dictó la prisión preventiva para Valdés y Bellaggio, el juez federal Francisco Miño valoró dos fallos de la Cámara de Rosario -Sala A y B-, de reciente factura, en los que se trataron pedidos similares en causas que tienen como implicados a policías federales e integrantes del cuerpo de Gendarmería Nacional, investigados por vínculos con el narcotráfico. Se refirió puntualmente a los casos de Marcelo Lepwalts -antecesor de Valdés en la delegación de PFA y actualmente tras las rejas-; y el de los gendarmes Damián Sosa y Santiago Alejo, sobre quienes se presume, protegían a narcos del clan Baigoría-Paz y están presos desde el año pasado a la espera del juicio oral.

“No puedo alejarme de valorar el impacto negativo que la excarcelación de este tipo de probables delincuentes provoca en los testigos y denunciantes que deberán soportar la convivencia en el vecindario con ellos, contra quienes luego en instancia de juicio deberán atestiguar” sostuvieron los jueces de alzada. “Considero además que la libertad provisional de éstos policías genera en los agentes que conforman las fuerzas preventoras (...) desaliento y controversia sobre la utilidad de su prevención y persecución, todo lo cual no contribuye a fomentar la lucha contra dicho flagelo”, cerraron.