El juicio contra Brian Armando Aquino, un hombre de 31 años acusado de proveer armas de fuego de manera ilegal y habitual, comenzará el jueves 15 de octubre en los Tribunales de Santa Fe. El debate estaba previsto para el 21 de septiembre, pero fue reprogramado por la Oficina de Gestión Judicial. La Fiscalía anticipó que solicitará una pena de seis años de prisión efectiva para el acusado.
Tribunales de Santa Fe
Mercado negro: juzgan a un legítimo usuario que compró media docena de pistolas en 2025
La Fiscalía sostiene que adquirió nueve armas en cuatro años, para entregarlas a personas que no estaban habilitadas y adelantó que pedirá seis años de prisión. Una de las pistolas había sido secuestrada en 2023 en poder de un hombre que luego fue condenado por una tentativa de homicidio.
La audiencia de apertura está prevista para las 8, en la sala 3 del segundo piso del edificio Anexo de los tribunales locales. Y el debate será presidido por la jueza Susana Luna, del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Santa Fe.
Aquino estará representado por su abogados de confianza, Juan José Patiño y Martín Scurato; mientras que por el Ministerio Público de la Acusación intervendrá la fiscal Juliana González, integrante del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego de la Fiscalía General.
Registros a su nombre
Según el requerimiento acusatorio, Aquino estaba inscripto como legítimo usuario ante el entonces Registro Nacional de Armas (Renar) desde mayo de 2021, con una credencial vigente hasta mayo de 2026.
La acusación sostiene que se valió de esa habilitación para adquirir armas a su nombre y luego desviarlas al circuito ilegal mediante su entrega a personas que no reunían las condiciones para poseerlas.
En total, tenía registradas nueve armas de fuego: cinco pistolas calibre .380 y cuatro pistolas calibre 9 milímetros. Las compras se realizaron entre 2021 y 2025: una en 2021, otra en 2023, una en 2024 y seis durante 2025. Dos operaciones se concretaron mediante transferencias entre legítimos usuarios y las otras siete fueron compras directas en armerías locales.
La fiscalía calculó que Aquino destinó unos 3.743 dólares a la adquisición del armamento, equivalentes a $5.427.000 según la cotización oficial del 25 de noviembre de 2025. También sostiene que no pudo justificar legalmente el origen de los fondos utilizados.
El 31 de octubre de 2025, el organismo registral lo inhabilitó para adquirir o transferir material balístico. En el allanamiento realizado el 3 de diciembre de ese año en su domicilio de barrio Liceo Norte, los investigadores encontraron solamente dos de las nueve armas.
Siete no aparecieron
Aquino vivía en una construcción ubicada al fondo del terreno de Aguado al 8300, junto con su pareja y sus dos hijos. Durante el procedimiento, realizado por la Policía Federal Argentina, se identificó además a sus padres y dos hermanos, que residían en la parte delantera del inmueble.
El acusado se presentó ante los investigadores como vendedor de autos. En un cajón de una mesa de luz fueron halladas dos pistolas: una Bersa Thunder .380 Plus, con dos cargadores, y una Bersa BP 9CC, también con dos cargadores. Ninguna tenía municiones colocadas. También se secuestraron ocho proyectiles calibre .380 y tarjetas de registro de consumo de municiones y de legítimo usuario.
Las otras siete armas que figuraban registradas a nombre de Aquino no fueron encontradas ni presentadas posteriormente. Para la fiscalía, fueron entregadas de manera habitual y en una fecha no determinada, pero anterior al allanamiento, a personas que no tenían la condición de legítimos usuarios.
Una Bersa en otra causa
Entre las evidencias incorporadas al expediente hay un antecedente que, para los acusadores, resulta especialmente relevante. Una pistola Bersa Thunder calibre .380 que estaba registrada a nombre de Aquino, fue secuestrada el 4 de noviembre de 2023 durante un allanamiento por drogas realizado por orden de la Justicia Federal en un domicilio de Bernardo de Irigoyen al 6900.
En ese procedimiento fueron detenidos Marcelo Ezequiel Maidana y Mauro Bruno Aguiar. En junio de 2024, Maidana fue condenado mediante un procedimiento abreviado a cinco años y cuatro meses de prisión por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.
Entre las armas halladas en aquella vivienda estaba precisamente la Bersa .380 registrada a nombre de Aquino. El informe del entonces Renar estableció que Maidana y Aguiar no estaban inscriptos como legítimos usuarios, mientras que la pistola figuraba a nombre del ahora acusado.
El pedido de la fiscalía
La acusación también incorporó informes registrales y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según estos últimos, Aquino solamente registró un pago de monotributo en octubre de 2020 y había declarado como actividad la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales. No constan, según la fiscalía, presentaciones de facturación, declaraciones juradas ni operaciones de cambio que permitan justificar los recursos destinados a comprar las armas.
Con esos elementos, el MPA acusa a Aquino como autor del delito de provisión indebida de armas de fuego agravada por habitualidad y solicitará seis años de prisión efectiva, una inhabilitación especial absoluta y perpetua para la tenencia y portación de armas de fuego y el decomiso de las armas secuestradas.
La fiscalía sostiene que la conducta atribuida al acusado generó un riesgo para la seguridad pública porque, al entregar armas a personas no habilitadas, se incorporó material balístico al circuito ilegal y se creó la posibilidad de que fuera utilizado en otros hechos delictivos.
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