Una mujer de 35 años que era buscada por la Justicia en el marco de la investigación por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida en enero mientras permanecía bajo custodia policial en la Seccional 8ª de Santa Fe, fue detenida en la ciudad de Santo Tomé.
En Santo Tomé
Muerte en la Seccional 8va.: detuvieron a una mujer que era requerida por la Justicia
S.M.P., de 35 años, era buscada por la Justicia en el marco de la causa que intenta determinar qué ocurrió con Mauro Daniel González, quien murió el 18 de enero mientras permanecía bajo custodia policial. Fue localizada en una vivienda de Santo Tomé y quedó a disposición de la autoridad judicial.
La captura fue concretada durante la tarde por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de efectivos de la División Capturas, con colaboración de la División Paradero.
La mujer, identificada por sus iniciales S.M.P., fue localizada en una vivienda de calle Uruguay al 1400. Sobre ella pesaba una orden judicial de detención dictada el 4 de septiembre por la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial Nº 1, a cargo de la jueza Rosana Itatí Carrara.
Una vez ubicada, los investigadores le comunicaron la existencia de la medida judicial y procedieron a su traslado a una dependencia policial, donde quedó detenida y a disposición de la autoridad judicial interviniente.
La nueva detención se incorpora a una causa que desde hace meses procura reconstruir, paso por paso, qué ocurrió con Mauro González durante las horas que transcurrieron entre su aprehensión y su muerte en un calabozo de la Seccional 8ª.
Muerto bajo custodia policial
González, de 35 años, había sido aprehendido durante la tarde del 17 de enero por personal del Comando Radioeléctrico, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un supuesto desorden en la vía pública, en barrio Yapeyú.
De acuerdo con los antecedentes publicados durante la investigación, el hombre fue trasladado por distintas dependencias policiales antes de quedar alojado en la Seccional 8ª, ubicada sobre avenida General Paz al 7300. Previamente había sido examinado por un médico policial, quien dejó asentada la existencia de lesiones con un tiempo estimado de recuperación de siete días.
La investigación tomó un rumbo particular debido a que el fiscal de turno había dispuesto la libertad de González, decisión que fue comunicada a la dependencia policial alrededor de las 22.40. Sin embargo, la medida no llegó a concretarse.
En horas de la madrugada del 18 de enero, cuando el personal concurrió al calabozo para notificarlo y efectivizar su liberación, el hombre no respondía a los estímulos. Poco después se constató su fallecimiento.
El caso fue investigado inicialmente como una muerte y luego pasó a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández. En ese contexto se dispuso la aplicación del Protocolo de Minnesota, utilizado para investigar muertes potencialmente ilícitas ocurridas bajo custodia del Estado.
La familia de González se constituyó como querellante y reclamó desde el comienzo que la investigación no se limitara a determinar qué ocurrió dentro del calabozo, sino que reconstruyera toda la secuencia: la aprehensión, el traslado, la atención médica y las circunstancias que rodearon su permanencia en la dependencia policial.
Policías detenidos e imputados
La causa tuvo uno de sus principales avances cuando la Justicia ordenó la detención de seis policías. Cinco de ellos pertenecían al Comando Radioeléctrico y el restante al Cuerpo Guardia de Infantería. Todos quedaron involucrados en una investigación que analiza presuntos hechos de violencia institucional vinculados con la muerte de González.
Los seis policías fueron imputados en la Justicia. El fiscal del caso, Ezequiel Hernández, expuso su hipótesis y atribuyó graves delitos a los involucrados ante la jueza Cecilia Labanca.
Aquellas detenciones generaron también una respuesta de los familiares de los efectivos, quienes cuestionaron públicamente parte de las acusaciones y sostuvieron que cuentan con elementos para respaldar la inocencia de los policías. La defensa, en ese sentido, planteó que el proceso debía avanzar sin prejuzgamientos ni condenas anticipadas.
En paralelo, la familia de González recibió acompañamiento institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Sus integrantes intervienen formalmente como querellantes y participan del proceso judicial a través de su representación legal.
Ahora, la detención de S.M.P. abre un nuevo capítulo en el expediente. Su incorporación al proceso deberá ser precisada por la Justicia en las próximas instancias, mientras continúa la producción de pruebas destinada a establecer las responsabilidades individuales que pudieran corresponder.
Por el momento, la causa permanece abierta y bajo investigación. Será el avance del expediente, junto con las pericias y demás elementos reunidos, el que determine qué papel tuvo cada una de las personas alcanzadas por las medidas judiciales en la muerte de Mauro Daniel González.
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