La justicia penal santafesina confirmó que seguirá preso el camillero santotomesino, detenido desde el 15 de septiembre, acusado de estafar a cuatro mujeres -tres de las cuales fueron sus exparejas-, a nombre de las cuales sacó créditos personales y tarjetas, generando una deuda de más de 70 millones de pesos.
Audiencia de apelación
Le negaron la libertad al camillero acusado de estafar a cuatro santafesinas
El camarista Bruno Netri tuvo en cuenta la repetición y gravedad de las maniobras delictivas y la vulnerabilidad de las víctimas, tres de las cuales fueron ex parejas del detenido. Además, rechazó un pedido de domiciliaria y salidas laborales de la defensa.
El juez del Colegio de Jueces Penales de segunda instancia de Santa Fe, Bruno Netri, rechazó este jueves los planteos de la defensa y confirmó la prisión preventiva dictada oportunamente por el juez de primera instancia, Leandro Lazzarini.
De la audiencia participó la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Yanina Tolosa, quien investigó el caso por el cual Matías Nicolás De la Peña (37) permanece privado de la libertad desde hace casi 60 días. También estuvo presente el abogado querellante, Agustín Márquez, en representación de dos víctimas; y los abogados defensores Emanuel Márquez y Jairo Santillán.
Tres de las víctimas estuvieron presentes, una de las cuales salió por Zoom, al igual que De la Peña, que siguió el debate desde su lugar de encierro en dependencias del Servicio Penitenciario provincial.
Domiciliaria y salidas laborales
Fue una audiencia de más de 4 horas, que comenzó a media mañana y terminó pasadas las 14, con la resolución del camarista Netri.
Una vez dictada la resolución confirmatoria de la preventiva, el Dr. Márquez, parte del estudio jurídico Díaz Duarte, explicó que “fue un pedido de la Defensa Pública que interpuso el recurso de apelación y la defensa privada lo sostuvo, ampliando los fundamentos”.
La dupla defensiva Márquez-Santillán sostuvo “la inexistencia de delito”, haciendo referencia a lo que consideran fueron “acciones voluntarias de las víctimas”. En tanto que plantearon como alternativa la calificación de “hurto”.
Entiende la defensa que la pena no sería de cumplimiento efectivo y por ende no existiría peligro de fuga u otros riesgos procesales. En ese sentido, pidieron la libertad bajo alternativas, la prisión domiciliaria y salidas laborales, ofreciendo a la madre de De la Peña como tutora.
Víctimas vulnerables
Por contrapartida, la fiscal Tolosa reiteró sus argumentos sobre el delito de estafa y sostuvo que la resolución de primera instancia del juez Lazzarini resulta atinada en cuanto a los peligros procesales tenidos en cuenta para mantener a De la Peña tras las rejas.
La querella amplió argumentos y si bien repasó de cada uno de los incisos para el dictado de la prisión, hizo especial hincapié en el tercero, donde habló sobre la vulnerabilidad de las víctimas.
Agustín Márquez consideró que “de mínima existió violencia económica”, pero también un daño patrimonial y psíquico que dejó a las denunciantes en situación de extrema vulnerabilidad.
También recordó el conocimiento que De la Peña tiene de las víctimas y lo que implicaría su regreso a la vida en sociedad, por lo que se opuso a todos los planteos de la defensa. Y a propósito de las pretendidas salidas laborales, fue claro en cuanto que tras dos meses preso “no sabemos si mantiene el trabajo”, porque no fue acreditado por la defensa.
Créditos personales y tarjetas
La prisión preventiva para De la Peña fue ordenada el martes 23 de septiembre por el juez Leandro Lazzarini, tras la imputación por estafas por un total de 70.756.940,37 pesos, presuntamente cometidas entre octubre de 2023 y marzo de 2025 en perjuicio de cuatro mujeres.
Las víctimas son tres mujeres que fueron pareja de él y otra que era su amiga. Entre las denunciantes figuran una docente madre de dos niños; una jubilada que no vive en la ciudad; una profesional de la medicina y otra docente a la que conoció cuando ella tenía a su madre internada.
La maniobra consistió en utilizar datos personales y fotos de las mujeres -durante o con posterioridad a las relaciones- para abrir una cuentas bancarias y luego tomar créditos personales o sacar tarjetas de crédito con las que realizó numerosas compras que nunca pagó.
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