Investigan si los jefes detenidos de la PDI protegían a un narco en el sur santafesino

La detención del jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto sumó este martes nuevos y graves elementos. Durante una conferencia realizada por la tarde en la sede de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción, las autoridades confirmaron que se investiga una presunta protección policial a un traficante de drogas que operaba en el sur de la provincia de Santa Fe.

El fiscal regional Mauricio Clavero explicó que la causa surgió a partir del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, mediante un Equipo Conjunto de Investigación (ECI).

La investigación derivó durante la mañana en seis allanamientos: cuatro en Venado Tuerto, uno en General Lagos y otro en Carreras. Fueron detenidos los dos máximos responsables de Microtráfico de la PDI local y se secuestraron los teléfonos celulares de todos los integrantes de esa división.

En paralelo, la Justicia Federal realizó procedimientos que terminaron con la detención de un presunto traficante y el secuestro de estupefacientes, armas y dispositivos electrónicos.

La hipótesis que investiga Fiscalía

Clavero fue consultado durante la conferencia acerca de cuál sería la relación entre ambos procedimientos y dio a conocer el eje central sobre el que trabajan los investigadores.

“Entendemos, presumiblemente, que existía protección del jefe y del subjefe para que este traficante pudiera no solamente traficar, sino también distribuir la droga en el sur de la provincia de Santa Fe”, señaló.

La utilización del término “presumiblemente” no es menor: las responsabilidades todavía deberán ser determinadas judicialmente y la Fiscalía evitó anticipar la imputación concreta que formulará contra los policías.

Según explicó Clavero, la evidencia reunida hasta el momento fue considerada suficiente para ordenar ambas detenciones y avanzar hacia una audiencia imputativa que, en principio, se realizaría el miércoles 2 de septiembre.

Respecto del traficante detenido en el procedimiento federal, precisó que se trata de una persona con antecedentes y adelantó que su audiencia en esa jurisdicción podría desarrollarse durante esta misma semana.

Una investigación conjunta entre Provincia y Nación

Uno de los aspectos destacados por el fiscal regional fue la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación, una herramienta contemplada en el artículo 123 del Código Procesal Penal Federal que permite compartir información cuando existen investigaciones de diferentes jurisdicciones con puntos de conexión.

Del lado provincial trabajan los fiscales Ana Belén Stampella y Luis Lagioia, mientras que desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación intervienen Federico Reinares Solari, Daniel Ghiorzi y Rocío Estrada.

Clavero describió el mecanismo como prácticamente inédito para la región y sostuvo que fue necesario conformarlo por la gravedad de los hechos que comenzaron a surgir.

“Este acuerdo nos permite contar con toda la información que reúne la Fiscalía Federal y con la que nosotros reunimos, y ponerla en conjunto al servicio no solamente de descubrir la verdad, sino también de individualizar a aquellos que, teniendo la obligación de perseguir el delito, se hacen parte del delito”, remarcó.

El fiscal recordó además que desde el inicio de su gestión se profundizó el vínculo con la Justicia Federal para avanzar sobre estructuras del narcotráfico y no limitar las investigaciones exclusivamente a los puntos de venta minorista.

“Nos pidieron que fuéramos por todos”

Clavero vinculó el caso con un reclamo que, afirmó, se repite entre vecinos y autoridades del sur provincial: avanzar contra todos los niveles vinculados al negocio de los estupefacientes.

“Nos pidieron que vayamos por todos, sin ningún tipo de distinción”, afirmó.

En ese marco, repasó investigaciones desarrolladas durante los últimos meses contra organizaciones criminales y estructuras económicas presuntamente vinculadas con el movimiento del dinero proveniente de la venta de drogas.

El fiscal reconoció, sin embargo, que esta vez el caso adquiere una dimensión diferente porque alcanza precisamente a integrantes de la fuerza encargada de investigar el microtráfico.

“Amo a la institución policial y no puedo dejar de significar el profundo dolor que me causa tener que estar haciendo esta conferencia de prensa con motivo de esto”, expresó.

Más adelante insistió en el alcance de la pesquisa: “Acá no hay ningún protegido. Vamos por todo. Ahora también vamos por la policía deshonesta”.

Qué delitos podrían imputarles

Las autoridades evitaron confirmar por el momento la calificación jurídica definitiva que enfrentarán los dos policías.

Clavero anticipó únicamente que serán “calificaciones verdaderamente complejas” y vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

La Fiscalía analiza diferentes niveles de responsabilidad y señaló que, según lo que arroje la evidencia, podrían contemplarse figuras relacionadas con una eventual participación necesaria, confabulación o encubrimiento agravado, entre otras posibilidades.

“La precisión la vamos a dar en el momento de la audiencia imputativa”, aclaró el fiscal.

Parte central de lo que viene será el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, tanto a los responsables de la división como al resto de sus integrantes.

No descartan nuevas detenciones

La investigación no se limitaría necesariamente al jefe y al subjefe. Ante una consulta sobre la posibilidad de que otros miembros de la fuerza queden involucrados, las autoridades dejaron abierta esa alternativa.

“En el transcurso de la investigación no descartamos que pueda haber más personas detenidas”, respondieron durante la conferencia.

Clavero aseguró que “todos están siendo vistos” y sostuvo que no existe ninguna limitación institucional para investigar a otros policías si aparecen elementos que los vinculen con maniobras delictivas.

También confirmó que podrían revisarse causas anteriores en las que hayan intervenido los dos funcionarios ahora detenidos.

“No tenga ninguna duda. De hecho, hoy recibimos información valiosa con relación al accionar de estas personas y la vamos a analizar”, afirmó.

Reorganizarán Microtráfico en Venado Tuerto

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Federico Angelini, explicó que la División Microtráfico continuará funcionando, aunque será sometida a una reorganización interna inmediata luego de las detenciones.

Según explicó, cualquier modificación previa a los procedimientos podía poner sobre aviso a los investigados y comprometer los operativos.

“Ahora nos vamos a abocar a esa reorganización para garantizar el correcto funcionamiento de la Policía de Investigaciones”, indicó.

Angelini defendió además el trabajo general desarrollado por la PDI y diferenció la situación de los investigados de la actuación del resto de los integrantes de la fuerza.

“La Policía de Investigaciones ha tenido muchísimo que ver en la baja de la violencia que hubo en la provincia de Santa Fe. Ha sido fundamental para poner tras las rejas a delincuentes que le hicieron muchísimo daño a nuestra provincia”, sostuvo.

“Sacar a los delincuentes vestidos de policías”

El funcionario provincial remarcó que existe una decisión política del gobierno de Maximiliano Pullaro de respaldar a los policías que cumplen con sus funciones y avanzar contra quienes cometan delitos desde el interior de la institución.

“Para que haya una mejor y mayor seguridad es fundamental que todos aquellos delincuentes vestidos de policías no estén más en la fuerza”, afirmó Angelini.

Y cerró con una definición contundente: “No hay nada que cuide más al buen policía que sacar a los delincuentes vestidos de policía”.

Los próximos días serán determinantes para el avance de una investigación que ya generó una fuerte repercusión institucional en Venado Tuerto y el sur santafesino. El peritaje de los dispositivos secuestrados, las medidas pendientes y las audiencias judiciales permitirán establecer cuál habría sido concretamente la actuación de los dos jefes policiales y si existen otros integrantes de la fuerza comprometidos en la presunta protección de actividades vinculadas al narcotráfico.