Llega a su final la causa que inició en 2023 con el descubrimiento de una cueva financiera en un departamento ubicado en el Puerto de Santa Fe. La Justicia Federal homologó una serie de acuerdos de juicios abreviados en la víspera del inicio del juicio oral, que estaba previsto para el miércoles 5 de agosto.
Justicia Federal
Condenas y decomisos millonarios sellan el final de la cueva financiera del Puerto
Homologaron los acuerdos de juicio abreviado para los cinco implicados en la causa que investigó lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y defraudaciones.
El convenio fue formalizado ante el Tribunal Oral Federal y ratificado por el juez Luciano Lauría, quien emitirá su sentencia en los próximos días. Con su firma, los acusados admitieron su culpabilidad en una trama que incluyó intermediación financiera no autorizada, defraudaciones y lavado de activos. Ésta última figura fue atenuada, ya que originalmente había sido atribuida con dos agravantes.
El principal responsable, Ángel Yamil Benavídez, admitió su autoría en los delitos investigados y aceptó una pena de cinco años de prisión, la cual cumplirá desde su casa. El exasesor del Concejo Municipal santafesino estuvo detenido en la cárcel de Coronda durante dos años, hasta que en febrero de 2025 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.
Los abreviados también incluyeron el decomiso de bienes. Como parte de lo pactado entre el fiscal Martín Suárez Faisal y las defensas, el Estado incautará dos vehículos y la totalidad del dinero en efectivo que fuera secuestrado en el inicio de la investigación.
Hallazgo fortuito
El 12 de septiembre de 2023 detectives de la entonces Agencia de Investigación Criminal -actualmente Policía de Investigaciones- allanaron un departamento del Puerto con el objetivo de recuperar una serie de electrodomésticos denunciados como robados por un ex inquilino del lugar.
Al ingresar, los uniformados se toparon con gran cantidad de dinero. Secuestraron más de 45 millones de pesos, 83.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales, documentación que acreditaba movimientos bancarios y 39 tarjetas de débito de una entidad bancaria a nombre de terceras personas.
Según se pudo reconstruir, la organización utilizaba identidades robadas a personas en situación de extrema vulnerabilidad de barrios humildes de Santa Fe y Santo Tomé para abrir cuentas fantasma. A través de estas cuentas, la estructura lograba bancarizar la venta de divisas, operar con dólar MEP y canalizar pagos personales, todo ello sin autorización del Banco Central.
Las pericias a los teléfonos celulares fueron claves para entender la logística. Benavídez respondía consultas sobre la cotización del dólar a través de Whatsapp y citaba a los clientes a una oficina que denominaba "Consultora La Resistencia".
La fiscalía determinó que la organización recibió miles de transferencias por cientos de millones de pesos, evidenciando una liquidez que permitía a Benavídez financiar viajes al exterior, incluyendo su asistencia al Mundial de Fútbol de Qatar en 2022.
Otros condenados
Además de la condena a Benavídez, el acuerdo judicial alcanzó a sus colaboradores, con distintos grados de responsabilidad. La contadora María Laura Miassi, quien fuera pareja del principal imputado y funcionaria provincial, acordó una pena de tres años de prisión en suspenso por su rol como partícipe en el lavado de activos e intermediación financiera.
Se determinó que Miassi aportaba sus conocimientos técnicos para controlar el stock de billetes, registrar las operaciones y calcular las ganancias ilícitas del negocio.
El entrenador de básquet Juan Emilio Gastaldo y Raúl Mamonellas aceptaron una condena de un año de prisión en suspenso, mientras que el taxista Carlos Quartucci -socio de Benavídez en una firma de servicios- cerró su situación procesal mediante el pago de una multa económica cuyos detalles finales se conocerán con la sentencia.
Para todos ellos, el cumplimiento de la pena no será efectivo siempre que respeten las reglas de conducta impuestas por el tribunal.
Benavídez y Gastaldo fueron representados por el abogado Ignacio Alfonso Garrone, Miassi por el Dr. Pedro Busico, Quartucci por el Dr. Juan José Patiño y Mamonellas por el Dr. Raúl Sartori.
El cierre del caso también implica la ratificación de los embargos y el destino de los bienes. El dinero secuestrado en el departamento del Puerto, que al momento del operativo sumaba cifras millonarias en moneda nacional y extranjera, quedará definitivamente en manos del Estado, junto con los vehículos.
Una vez que la sentencia adquiera firmeza, quedará cerrada la causa que comenzó de manera fortuita y terminó destapando una compleja red de manejo de divisas al margen del control estatal.
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