Se entregó diciendo que le disparó a un hombre en legítima defensa, pero las inconsistencias de su declaración, sumadas a que la esposa de la víctima se refirió a un posible ajuste de cuentas, llevaron a la fiscalía a imputarle la tentativa de homicidio y pedir la prisión preventiva.
Presunto ajuste de cuentas: preso por dispararle seis veces a un hombre en Alto Verde
El imputado de 25 años permanecerá tras las rejas mientras avanza la investigación por el ataque a tiros ocurrido el pasado 13 de abril por la tarde. La defensa plantea un escenario de "exceso en la legítima defensa".

Este jueves, en una audiencia celebrada en los tribunales locales, el juez penal Sergio Carraro resolvió aplicar la cautelar de máxima a Mauricio Nicolás Vega. El hombre de 25 años, domiciliado en Alto Verde, permanecía detenido desde el 14 de abril, cuando se presentó voluntariamente ante las autoridades.
El magistrado fundamentó su decisión en la gravedad del hecho y la contundencia de las evidencias recolectadas hasta el momento por la fiscal Laura Urquiza, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Durante la audiencia, se detalló que el ataque ocurrió aproximadamente a las 18:50 del pasado 13 de abril en el distrito costero, dejando a la víctima con múltiples heridas en el abdomen, las piernas y la región púbica. El herido logró salvar su vida gracias a una rápida huida y a la intervención del personal médico, tras haber pasado varios días en la unidad de terapia intensiva.

Vega fue imputado como autor del delito de “tentativa de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego”. Si bien su defensor, el abogado Ramiro Carrasco, consintió la medida cautelar, lo hizo con el objetivo de profundizar en una teoría del caso alternativa que busca morigerar la responsabilidad del imputado.
Por una deuda
La hipótesis principal de la fiscalía se sostiene sobre los testimonios recolectados hasta el momento. Según la declaración de la pareja de la víctima, ambos se encontraban realizando venta ambulante de frutas cuando Vega apareció en escena.
Lejos de tratarse de un encuentro fortuito, la mujer afirmó que el imputado le reclamó a su pareja una deuda de dinero pendiente y, acto seguido, efectuó al menos seis disparos que impactaron en la humanidad del vendedor.

En el lugar, los peritos balísticos hallaron vainas servidas que coinciden con el relato del ataque directo. Esta versión del "ajuste de cuentas" podría verse reforzada por las declaraciones de otros testigos, que describieron haber visto a Vega persiguiendo y disparando contra la víctima mientras ésta intentaba refugiarse en un pasillo.
Para la fiscalía, la intención de matar fue clara y solo se vio frustrada por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor.
Una coartada
Al entregarse, Vega brindó una declaración que, tras contrastarla con el resto de las evidencias, el juez calificó de inconsistente. El imputado relató que el día del hecho fue víctima de un violento robo en su domicilio por parte de cinco personas, quienes le sustrajeron una pistola calibre 380 de su propiedad.
Según su versión, salió a perseguirlos y un pescador que pasaba por el lugar le facilitó una carabina con la que efectuó los disparos en un estado de crisis nerviosa.
Sin embargo, el informe de ANMaC (ex Renar) reveló un dato fundamental: Vega no solo tiene registradas a su nombre una escopeta calibre 12 y la pistola 380 robada, sino también una tercera arma calibre 22 que no mencionó al ser interrogado. Este calibre coincide precisamente con las vainas encontradas en la escena del crimen, lo que debilita la historia del arma prestada por un desconocido.

A esto se sumó otra contradicción logística. Mientras Vega sostuvo que huyó del barrio en colectivo utilizando una tarjeta SUBE prestada, su propio padre declaró ante la fiscalía haberlo ido a buscar en un vehículo particular tras el incidente.
Estas discrepancias, sumadas al hecho de que las armas que el defensor puso a disposición estaban en un domicilio distinto al declarado inicialmente, llevaron al Dr. Carraro a dictar la prisión preventiva por considerar que existen riesgos procesales concretos y que la medida es "razonable y proporcional" a la gravedad de los hechos investigados.








