Desarrollo Social: tensión por el acampe de la CCC

Salomé Crespo
screspo@ellitoral.com

En el “tire y afloje” que mantiene el gobierno provincial con la Corriente Clasista y Combativa tras la ocupación del plan habitacional en el barrio Santa Rita II, la toma de la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Almirante Brown 6998) desde hace 14 días, llevó el vínculo a un nuevo punto de tensión.

Si bien desde el gobierno provincial y la CCC manifiestan estar dispuestos al diálogo, la relación entre las partes parece tener a todas luces más de extorsión y presiones que de buena voluntad y predisposición para salir del conflicto. Hace un mes y medio, el movimiento social avanzó sobre 180 viviendas del complejo en el norte de la ciudad, posteriormente Desarrollo Social interrumpió la asistencia a seis comedores, 40 tarjetas de ciudadanías y el pago de las cooperativas de trabajo que realizan tareas de limpieza en distintos barrios de la ciudad. La respuesta de la agrupación no se hizo esperar y alrededor de 200 adherentes al movimiento se dividieron en tres grupos y en turnos se mudaron al edificio de la costanera.

En el hall de ingreso, detrás de unos paneles que separan una oficina, hay colchones, ropa colgada, el mate circula con fluidez y de fondo se escucha suave el extinto Leo Mattioli. Por todos lados, hay niños pequeños que corren y juegan ignorando lo que ocurre. Detrás de un vidrio, después que empezó a sonar un bombo, los empleados que conviven con la manifestación miraban con resignación. La puerta principal está trabada con sillones y tapada con una bandera de la agrupación. Desde la oficina de prensa del Ministerio, respondieron a grandes rasgos tras la solicitud de El Litoral de mantener una entrevista con la titular de Desarrollo Social, Mónica Bifarello que “no hay mucho más para agregar a lo que está a la vista”. La postura es clara: si salen de Santa Rita se reanuda la asistencia, el diálogo se mantiene y que no va a haber inconvenientes mientras la CCC no endurezca las medidas y no entorpezcan la actividad de los empleados dentro de la sede.

Paciencia al límite

Apoyado en un hombro contra una columna del edificio dentro del hall, Sebastián Saldaña, el líder de la Corriente Clasista y Combativa, le dio el último sorbo a un mate con calma. Según le dijo a El Litoral, llegó hasta Desarrollo Social acompañado por familias completas de los barrios Santa Rita, Villa del Parque, Pompeya, Loyola, Nuevo Horizonte, La Lona, Barranquitas, Yapeyú, Santa Rosa de Lima y Altos de Noguera.

Aunque hoy hubo cruces tensos y algunos insultos entre quienes llevan adelante la toma y los empleados del Ministerio -que en algunos casos para ingresar a trabajar deben utilizar una puerta alternativa- Saldaña resaltó que la protesta es pacífica y en buenos términos.

“Hay familias que no tienen nada que ver con la ocupación de Santa Rita y sin embargo no están recibiendo la asistencia. Bifarello nos iba a recibir el viernes, nos pasó para el miércoles y ahora parece que nos recibe el lunes”, protestó el joven referente para justificar que permanecerán ahí.

Sobre las familias que acordaron desocupar dos viviendas de Santa Rita II por intermedio de las gestiones del municipio, Saldaña no titubeó en afirmar que fue por presión. “Una de las familias tenía un bebé prematuro y estaba en una casa sin techo tapados con una lona. Las asistentes sociales de las Municipalidad les dijeron que si no se iban les iban a sacar el bebé”, disparó. A su vez, denunció que diariamente representantes del municipio ofrecen 500 pesos y prometen un terreno a los ocupantes a cambio de que abandonen el plan. “Si la Municipalidad tiene una propuesta para salir del conflicto que lo proponga”, desafió Saldaña.

En representación del personal del ministerio, Lucila Boero explicó que “es complicado trabajar con la gente acampando durante tantos días”. Boero señaló que mantuvieron conversaciones con el referente de la CCC para que no se produzcan roces con los empleados “pero está difícil”.

Los trabajadores de la cartera social aguardan que las autoridades provinciales superiores implementen a la brevedad las medidas necesarias para salir del conflicto aunque, a juzgar por los hechos (que ya llevan un mes y diecinueve días desde la usurpación en Santa Rita II), la solución no está cerca.