Femicidios en Santa Fe: con “46 víctimas” en el año, qué se discute en Diputados

El presunto femicidio seguido de suicidio descubierto este fin de semana en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe volvió a poner en primer plano la violencia extrema contra las mujeres. A ese caso se suma el reciente de Recreo -que la Justicia también investiga como tal- y también el impactante episodio que se cobró la vida de una madre y cuatro niños en Quitilipi (Chaco). En este contexto, la Cámara de Diputados de la provincia deberá discutir un proyecto del Ejecutivo provincial que tuvo media sanción en el Senado.

La iniciativa de “Prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género” busca modificar el modo en que interviene el Estado: que la respuesta no comience y termine con una denuncia o una restricción de acercamiento, sino que permita detectar señales de peligro, evaluar el riesgo, compartir información entre organismos y controlar que las medidas de protección se cumplan.

El proyecto del Poder Ejecutivo ya obtuvo media sanción en el Senado (el pasado 22 de octubre) y ahora deberá ser analizado por Diputados. Tiene pedido de preferencia para el 19 de noviembre. Pero su tratamiento no llega a una Cámara sin antecedentes: se viene realizando en la Comisión de Género una discusión con la participación de distintas organizaciones que defienden los derechos de género, que están analizando todos los proyectos, incluidos dos pedidos de “declaración de emergencia” en la materia.

Qué dice el proyecto oficial

El Gobierno provincial presentó su iniciativa el 10 de septiembre. Fue elaborada por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad, y Gobierno e Innovación Pública. Desde la Casa Gris la plantearon como “un abordaje integral que permita anticipar situaciones de riesgo, mejorar las herramientas de intervención y articular la actuación de los distintos organismos del Estado. El objetivo es intervenir de manera temprana ante hechos que puedan derivar en situaciones de violencia”.

El texto aprobado por el Senado tiene 89 artículos y propone crear un sistema Provincial de Gestión del Riesgo y un Registro Digital Único de Denuncias y Medidas de Protección. La intención es que la información sobre antecedentes, restricciones vigentes, incumplimientos, intervenciones policiales y llamados al 911 no quede dispersa entre distintas reparticiones.

Uno de los cambios centrales es que cualquier juez que tome conocimiento de una situación urgente pueda dictar medidas de protección, aunque no sea competente para continuar con la causa. La derivación al juzgado correspondiente deberá hacerse después, sin dejar desprotegida a la persona que pidió ayuda. El proyecto también establece que el control de las medidas es una responsabilidad estatal y no debe recaer sobre quien necesita protección.

También establece cuatro niveles de riesgo -bajo, medio, alto y crítico- y prevé que la evaluación se actualice ante nuevos hechos o circunstancias. Para los casos de riesgo alto o crítico, dispone como regla el “monitoreo electrónico dual”, con dispositivos que permitan controlar las restricciones de acercamiento y activar alertas ante posibles incumplimientos.

Entre las herramientas previstas figuran la prohibición de acercamiento y contacto, la exclusión del agresor del hogar, el secuestro preventivo de armas, medidas frente a la violencia digital y el arresto conminatorio ante incumplimientos graves. Además, contempla la creación de un equipo interdisciplinario y un fondo para cubrir necesidades urgentes de las personas protegidas, como traslados, alojamiento temporal o cambio de cerraduras.

El “derrotero” en Diputados

Mientras el Ejecutivo avanza con su propuesta, en la Cámara baja ya se encontraban otros proyectos vinculados con la violencia de género. La demanda de declarar la “emergencia provincial” venía siendo impulsada por organizaciones feministas desde hacía meses, frente al crecimiento de los casos y a las dificultades para sostener los dispositivos de atención. Dos de esas propuestas proponen la “declaración de emergencia” (Balagué y De Ponti), un tercero se aboca más a la prevención (Arena), y ahora se suma la propuesta integral del Ejecutivo.

“Las organizaciones Ni Una Menos Santa Fe, Mumalá Rosario, la Asamblea Transfeminista de Rosario, la colectiva Se Dice de Mí, de Esperanza, y Ni Una Menos, de Coronda venimos trabajando en articulación en la Comisión de Género de la Cámara de Diputados. Ya mantuvimos dos encuentros y tendremos una tercera reunión este miércoles”, explicó Nidia Kreig, referente.

La entrevistada consideró que el proyecto oficial propone crear un sistema integral aunque indicó que se trata de una transformación que requerirá de tiempo. “Tendrán que hacer cambios en los ministerios que ellos involucran, que son Educación, Salud, Justicia y el Ministerio de Igualdad y Derechos Humanos. Y crear políticas públicas sostenibles, establecer un registro unificado y nombrar el equipo que se va a encargar. Es a largo plazo”, sostuvo.

“Urgencia”

La referente cuestionó la gravedad de las cifras de femicidios tanto en el país (“El problema es que a nosotras nos matan ahora, una cada 30 horas”, dijo) como en la provincia. Y reclamó que se avance en la declaración de la emergencia: “Ya son 46 femicidios en la provincia de Santa Fe en lo que va del año. Es aterrador que tengamos estos números gravísimos, que hablan de la magnitud de la violencia sobre nuestros colectivos de mujeres, lesbianas, travestis y trans a través de estos asesinatos”.

En ese sentido, advirtió que Santa Fe se encuentra entre las provincias con la mayor proporción de femicidios en relación con su población, junto con Santiago del Estero. “Nosotras exigimos que se trate en forma urgente la ley de emergencia en violencia de género”, remarcó.

Al explicar qué medidas debería habilitar una declaración de emergencia, Kreig señaló que “el objetivo es mitigar el riesgo explícito en estos femicidios, asignando recursos operativos de manera urgente. Es una reasignación presupuestaria excepcional y por un plazo determinado; hay un proyecto que habla de 2 años”, definió.

Entre las acciones que considera prioritarias mencionó la creación de subsidios para las víctimas, refugios temporales de emergencia y una mayor presencia de los equipos estatales en los barrios.

Consultada sobre si los proyectos de emergencia pueden convivir con el sistema integral que impulsa el Ejecutivo, Kreig fue categórica: “No son incompatibles”. Incluso consideró que la iniciativa oficial podría avanzar y que las organizaciones también podrían “sugerir modificaciones”, pero reiteró que “deberían ir en paralelo”.