La crecida del río Paraná comenzó a mostrar en Santa Fe una de las consecuencias más previsibles de la ocupación de terrenos inundables: familias que construyeron sus viviendas en sectores expuestos al avance del agua debieron abandonarlas para intentar empezar de nuevo -al menos por un tiempo- unos metros más allá, en refugios improvisados con postes, chapas y lonas.

En Colastiné Norte, a la altura del terraplén Garello y la calle Los Zorzales, cerca de la toma de agua del río Colastiné, unas ocho familias de pescadores y changarines perdieron sus hogares cuando el agua avanzó esta semana sobre la costa. “Estaba viviendo acá, de este lado del terraplén, en una casita de material, y ya el agua la teníamos en dos días en el tobillo”, relató. Ese mismo día -durante el fin de semana- debió trasladarse con su familia y empezar a armar un refugio precario en un terreno más alto, del otro lado de la defensa.

Sin una solución habitacional que les permita instalarse en un lugar seguro, se trasladaron hacia el interior del anillo de defensa y comenzaron a levantar precarias construcciones para resguardarse de la inundación, junto a la casabomba. “Nos vinimos con una carpita y, en dos días, pudimos armar el refugio de mi tío y el mío. Nos tuvimos que mudar y hasta ahora estamos acarreando cosas”, explicó mientras señalaba las construcciones improvisadas que se levantan en el lugar. A un costado correteaban entre el agua un puñado de chicos, mientras que otra niña ayudaba a su madre con el traslado de lo poco que tienen.

El episodio expone una contradicción que Santa Fe arrastra desde hace décadas: mientras los organismos públicos conocen cuáles son las áreas que inevitablemente se anegan cuando crecen los ríos, las ocupaciones se consolidan, las viviendas se multiplican y las soluciones definitivas no llegan. Cuando el agua vuelve a subir, la emergencia encuentra a las familias instaladas en el mismo lugar de riesgo y al Estado obligado a intervenir para asistirlas o evacuarlas.

El problema no se limita a Colastiné Norte. Se repite en la Vuelta del Paraguayo, en Bajada Distéfano y La Guardia, a lo largo de distintos sectores de la ruta nacional 168, en los terrenos bajos de la orilla del barrio El Pozo y en otros puntos de la costa. También hay familias que residen en reservorios pluviales del oeste -como Barranquitas Oeste- y el noreste de la ciudad, espacios que cumplen una función hidráulica y que no están destinados a la urbanización permanente.

Un problema conocido que vuelve a quedar expuesto

La situación no apareció con la actual crecida ni comenzó con la gestión del intendente Juan Pablo Poletti. Es el resultado de un proceso de ocupación y consolidación de asentamientos que atraviesa distintas administraciones municipales y provinciales, con responsabilidades que también alcanzan al Estado nacional en materia de vivienda y financiamiento.

Sin embargo, que el problema sea histórico no exime a las autoridades actuales de actuar. La gestión de Poletti recibió un escenario conocido, con asentamientos en áreas inundables, y debe responder tanto por la prevención de nuevas ocupaciones como por las medidas adoptadas para reducir el riesgo de las familias que ya viven allí. La administración anterior, encabezada por Emilio Jatón, tampoco logró revertir una problemática que se había extendido durante años y que se fue consolidando con la bajante histórica del río durante la pandemia de coronavirus.

Los antecedentes publicados por El Litoral muestran que las advertencias sobre estos sectores se repiten desde hace tiempo. En 2022, un relevamiento periodístico sobre los asentamientos de la ruta 168 describió la expansión de viviendas en el valle de inundación y recordó que esas tierras quedan bajo el agua cuando crece el sistema Paraná-Setúbal. En aquel informe también se consignó que el asentamiento de Los Alisos, detrás de barrio El Pozo, había sido relevado por el Municipio en 2021, con el compromiso de buscar una reubicación que todavía no se había concretado.

En agosto de 2026, otro informe publicado por este diario volvió a poner el foco sobre las familias asentadas en áreas de riesgo hídrico. Un relevamiento del Centro de Estudios Sembrar estimó que más de mil grupos familiares habitaban reservorios y terrenos no urbanizables. Por su parte, datos municipales actuales ubicaron en alrededor de 1.300 la cantidad de familias que residen en distintas áreas expuestas al riesgo hídrico, aunque no todas enfrentan el mismo nivel de amenaza ni requieren una evacuación ante cada crecida.

Los números dan cuenta de la dimensión del desafío, pero también de la distancia entre el diagnóstico y las respuestas estructurales. Los censos, los relevamientos sociales, los anuncios de relocalización y los operativos preventivos son herramientas necesarias; no alcanzan, por sí solos, si las familias continúan viviendo en los mismos terrenos y las nuevas construcciones avanzan sin una solución integral.

La bajante dejó al descubierto terrenos que el río vuelve a reclamar

La prolongada bajante del Paraná, que durante años mantuvo al sistema fluvial en niveles muy bajos, contribuyó a que sectores costeros y terrenos del valle de inundación quedaran expuestos y fueran ocupados. Allí donde el agua se retiró, aparecieron espacios disponibles para levantar ranchos y viviendas de material, en muchos casos porque sus habitantes no tienen posibilidades económicas de acceder a un lote urbanizado o a una casa en un área segura. En otros casos, porque se trata de pescadores que buscan vivir sobre la orilla.

En esos terrenos, la ocupación puede parecer viable durante los períodos secos. Pero la ausencia temporal del agua no modifica las características del suelo ni elimina el riesgo de inundación. Los terrenos que integran el valle de inundación siguen formando parte del sistema natural del río, aunque permanezcan secos durante meses o años.

La responsabilidad estatal, por lo tanto, no se reduce a intervenir cuando el agua llega a las casas. También comprende el ordenamiento territorial, el control de las nuevas ocupaciones, la identificación temprana de las familias expuestas y el desarrollo de alternativas habitacionales que eviten que la necesidad de un techo termine convirtiéndose en una emergencia recurrente.

En ese punto, el problema requiere distinguir entre dos obligaciones que deben cumplirse al mismo tiempo. Por un lado, impedir que continúe la ocupación de espacios no aptos para viviendas permanentes. Por otro, ofrecer respuestas sociales y habitacionales a quienes ya viven allí, sin ignorar sus condiciones de pobreza, sus actividades laborales y sus vínculos con el territorio.

Qué dice ahora el Municipio

Consultada por El Litoral, la Municipalidad de Santa Fe reconoció que las familias de Colastiné Norte llevan años instaladas por fuera del anillo de defensa y señaló que sus condiciones de vida y su relación con la pesca complejizan cualquier intervención.

“Las familias que residen en el sector de Colastiné Norte, por fuera del anillo de defensa y en cercanías del terraplén, están asentadas en el lugar desde hace más de seis años. Se trata de viviendas precarias, pero consolidadas, en un territorio estrechamente vinculado a su economía familiar, principalmente a través de la pesca”, indicaron desde el gobierno local.

El Municipio afirmó que realiza un seguimiento de los afectados y que ya trasladó preventivamente a familias de otro sector costero. “En ese marco, estas familias están siendo monitoreadas y asistidas por la Dirección de Acción Social del municipio. Paralelamente, el municipio ya realizó el traslado preventivo de familias de las inmediaciones de la Vuelta del Paraguayo, que estaban en zonas bajas por fuera de los anillos de defensa al Centro Asistencial Integral N° 1”.

En relación con las soluciones definitivas, la administración de Poletti trasladó parte de la responsabilidad a los otros niveles del Estado y reclamó financiamiento nacional para construir viviendas en terrenos seguros.

“En tanto, el abordaje y ejecución de políticas habitacionales de fondo, requiere la participación de los diferentes niveles del Estado. Es decir, la solución definitiva a estas situaciones es la construcción de planes de viviendas con recursos nacionales y en lugares seguros”, sostuvo la Municipalidad.

La respuesta también incluyó una referencia a las tareas de prevención, aunque distinguió entre las nuevas ocupaciones y los asentamientos que llevan años instalados.

“La Municipalidad trabaja en la prevención de nuevas ocupaciones y construcciones en zonas de riesgo hídrico. Sin embargo, en este caso, las ocupaciones llevan años establecidas y residen allí familias con niños. Se trata de una situación que adquiere una complejidad mayor y requiere un abordaje integral”, señaló.

Finalmente, el gobierno local insistió en la necesidad de coordinar acciones entre las distintas jurisdicciones: “Por esta razón, es necesario trabajar de manera articulada entre las distintas áreas y niveles del Estado, evaluando las particularidades de cada situación y procurando contemplar tanto la seguridad de las familias frente al riesgo hídrico como sus derechos y condiciones de subsistencia”.

El Niño vuelve a poner a prueba la prevención

La emergencia actual se desarrolla en un contexto de transición desde años de aguas bajas hacia un escenario de crecida asociado a las lluvias registradas en la cuenca del Paraná y al fenómeno de El Niño.

El Servicio Meteorológico Nacional informó en su reporte de septiembre que las condiciones del fenómeno se mantenían en fase cálida y que existía una probabilidad del 100% de continuidad de El Niño durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, con intensidad fuerte o muy fuerte. El fenómeno se vincula con cambios en la circulación atmosférica y con mayores probabilidades de precipitaciones abundantes en sectores de la región, aunque no determina por sí solo la magnitud ni la fecha de cada crecida.

En Santa Fe, el Instituto Nacional del Agua prevé que el Paraná continúe en ascenso durante los próximos días. Este jueves estaba en 4,28 metros en el Puerto local. La actualización del 28 de octubre estimó que el nivel podría alcanzar los 4,52 metros el 3 de noviembre y seguir subiendo. Se trata de una proyección que debe seguirse junto con las nuevas mediciones y los informes hidrológicos, no de una altura asegurada.

Aunque esos valores se encuentran por debajo de los niveles de alerta y evacuación establecidos para la escala del puerto de Santa Fe, la situación ya tiene consecuencias concretas en las zonas bajas y fuera de las defensas. Allí, las viviendas pueden inundarse mucho antes de que el río alcance los umbrales que activarían una emergencia general para la ciudad.

Por eso, el riesgo no puede medirse únicamente por la altura del Paraná frente al puerto. También depende de la ubicación de cada vivienda, la topografía, las defensas existentes y la conexión de los terrenos con el sistema fluvial.

El terraplén Garello, en Colastiné Norte, es parte de esa compleja realidad. En septiembre de 2025, el Gobierno provincial informó la reparación de una fisura de ocho metros de extensión y 60 centímetros de profundidad en uno de sus taludes. En octubre de ese año anunció obras de refuerzo de la defensa. Esas intervenciones buscan proteger el área defendida, pero no convierten en seguros los terrenos que quedan por fuera del anillo.

La crecida vuelve a dejar una pregunta pendiente para los tres niveles del Estado: cuánto tiempo más deberán pasar las familias de Santa Fe entre la ocupación de terrenos expuestos, la pérdida de sus pertenencias y los operativos de emergencia, sin que se concrete una alternativa habitacional permanente. Una solución.

El agua puede retirarse otra vez. Si no se modifica la situación de fondo, las viviendas volverán a levantarse en los mismos lugares y la próxima crecida encontrará, una vez más, a familias enteras viviendo donde el río tiene espacio para avanzar. Es su naturaleza.