Un proyecto de ley para habilitar a los municipios a tener su propia policía

El diputado Oscar Martínez (100% Santafesino) ingresó un proyecto de ley para establecer la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de la Policía Municipal de la provincia a la que define como una institución civil, armada, jerarquizada y de carácter profesional. La iniciativa surge en medio de una semana donde el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, opinó que Rosario debería tener su propia policía municipal y donde el intendente de esa ciudad, Pablo Javkin, recordó que la seguridad es responsabilidad de la provincia. Dentro de una serie de twits que publicó en medio de la ola de crímenes que padece Rosario exigió la autonomía municipal.

"El objeto es crear un nuevo estamento de la Seguridad Pública en cabeza de cada uno de los Ejecutivos Municipales a fin de construir una cultura de gestión preventiva y educativa, articulando acciones destinadas a anticipar, evitar y/o atenuar a nivel local, los problemas que plantean el delito y la violencia" le dijo Martínez a El Litoral sobre el fundamento de la propuesta. "Es necesario poner a la policía en sintonía con procesos de descentralización y modernización administrativa que han tenido lugar en otros sectores del Estado. Frente al incremento del delito, las necesidades de profesionalizar la actuación policial y de introducir cambios en su estrategia pasaron a formar parte del debate público", acotó. En el proyecto expone la situación que expertos del BID observan en muchas ciudades de América Latina que tienen ya instituciones de ese tipo.

En el articulado propuesto encasilla al personal dentro del convenio municipal, con dependencia funcional, administrativa, financiera y orgánica del Intendente del municipio correspondiente. Determina que el jefe policial lo define el intendente con acuerdo del Concejo y su ámbito de actuación es el territorio municipal, excepto en los lugares sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal, provincial o militar.

En la ley estarían las funciones permitidas y las vedadas. Entre las primeras, patrullaje y vigilancia dentro del territorio; participar en la tarea de coordinación y ejecución de tareas de control de sistemas de video-vigilancia; prevención primaria; hacer cesar la comisión de delitos y contravenciones e impedir sus consecuencias; fiscalizar y prevenir faltas de tránsito, vehicular y peatonal; mantener el orden y la seguridad pública así como colaborar en la detección de conflictos y/o problemáticas relacionadas con la convivencia entre vecinos.

En cambio, la Policía Municipal no cumplirá tareas de custodia de objetivos fijos, ni de personas y en ningún caso podrá albergar detenidos en sus bases operativas.

En tanto, desde el bloque Igualdad, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani , solicitaron el tratamiento urgente del proyecto que establece el alcance y contenido de la autonomía municipal en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. "Desde el momento de presentar nuestra propuesta se ha visto agravado el contexto social como consecuencia de la emergencia en seguridad que atraviesan muchas localidades santafesinas -especialmente Rosario y Santa Fe-. Se precisan herramientas concretas para hacer frente a esta problemática. La autonomía puede significar un aporte sustancial al brindar a los gobiernos locales herramientas institucionales para afrontar las principales problemáticas que afectan a los santafesinos y que exigen una respuesta cercana a la ciudadanía", explicaron.

Tributos

"No hay improvisación en el proyecto de Ley Tributaria 2022" aclaró un diputado justicialista a El Litoral. La aclaración es debido al planteo de su par socialista, Lorena Ulieldin, quien pidió al secretario de Finanzas, Jorge Simón, la inmediata convocatoria a la Comisión de Análisis del Sistema Tributario provincial. La socialista entiende que en el mensaje del Ejecutivo no están reflejados los compromisos asumidos por la provincia en el Consenso Fiscal 2017.

El legislador oficialista hizo saber a El Litoral que hay conversaciones entre el gobierno nacional y las provincias para discutir antes de fin de año un nuevo acuerdo federal en materia tributaria.

Vicentin

La Comisión de Diputados del seguimiento de las causas de Vicentin presentó su cuarto informe donde el presidente del grupo, Luis Rubeo (PJ) destacó que los ejes propuestos siguen teniendo total y absoluta vigencia: La defensa de los puestos de trabajo, evitar la extranjerización de la empresa y saber dónde está el dinero que le prestó el Banco Nación a Vicentin.

En el informe se ven detalladas las audiencias que se fueron realizando en marzo de este año y finalizaron en septiembre. También contiene el trabajo de los veedores de la Auditoría Forense que demuestra que la empresa habría falseado datos.

Por las comisiones

Sin convocatoria a plenario, la Cámara de Diputados tiene actividad en comisiones, varias de las cuales han sido convocada a reunión semanal. Se destaca la reunión de mañana de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para discutir el proyecto de ley de Fabián Bastia (UCR) que apunta a regular el juego on line. El objetivo es legislar sobre todos aquellos juegos de azar y actividades lúdicas competitivas que originen apuestas que se realicen a través de juegos basados en plataformas digitales, electrónicas, informáticas, interactivas y de telecomunicación. Sobre el proyecto no habría acuerdo aún entre los diferentes bloques políticos.

Este miércoles, en tanto, la Comisión de Transporte citó a sectores vinculados a transporte público y de cargas para discutir los alcances de dos proyectos. En tanto, la Comisión de Asuntos Comunales también funcionará este miércoles con invitación a la presidenta comunal de Carlos Pellegrini, Marina Bordigoni, para analizar el proyecto de Lorena Ulieldin que propone declarar ciudad a esa localidad.

Ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales escuchó la postura de miembros de la Fundación Ecoplas sobre dos proyectos en discusión, uno de Bastia por el cual se promueve la reducción progresiva y la prohibición específica de los plásticos de un solo uso en todo el territorio de la provincia; y otro de Matilde Bruera (PJ) para prohibir la producción, uso y comercialización de material plástico con aditivo oxo o prodegradente, denominado plástico oxodegradable u oxidegradable, de cualquier tipo y en cualquier concentración, como así también los aditivos.