La Bolsa de Cereales de Entre Ríos intervino ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en el marco de los amparos presentados contra la ley que regula las distancias de exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios. Lo hizo a través de la figura de amicus curiae —amigo del tribunal— con el objetivo de aportar su posición institucional y un análisis técnico sobre el tema.
Presentó un informe ante el STJ
La Bolsa de Cereales entrerriana pidió sostener la ley de fitosanitarios y advirtió sobre el impacto productivo
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) como amicus curiae en los amparos que cuestionan la constitucionalidad de artículos de la ley provincial que regula las distancias para la aplicación de fitosanitarios. La entidad defendió la norma aprobada por la Legislatura al sostener que fue construida con amplio consenso y respaldo científico, y advirtió sobre el impacto productivo que podrían generar nuevas restricciones.
En ese contexto, el presidente de la entidad, Héctor Bolzán, encabezó un encuentro con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, en el que se presentó el informe técnico elaborado por la institución. También participaron el secretario de Agricultura y Ganadería, Raúl Boc Ho; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; representantes de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos; e integrantes de la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, entidad socia de la BolsaCER y considerada tercer interesado en la causa.
Durante la reunión se repasó el proceso que dio origen a la actual normativa provincial. En 2019, el Superior Tribunal de Justicia había ordenado al Poder Ejecutivo y a la Legislatura avanzar en la sanción de una ley que estableciera reglas claras para la aplicación de fitosanitarios y, en particular, para definir las distancias de exclusión.
Un proceso de debate técnico y legislativo
A partir de ese fallo judicial, se inició un proceso de trabajo institucional y técnico que se extendió durante varios años. Las gestiones provinciales encabezadas primero por Gustavo Bordet y luego por Rogelio Frigerio impulsaron el desarrollo de una propuesta normativa que finalmente fue presentada en la Legislatura durante 2024.
El proyecto fue analizado durante más de un año en la Cámara de Diputados, especialmente en el ámbito de la Comisión de Ambiente, donde se recibieron aportes de especialistas, instituciones y sectores vinculados a la producción y al ambiente.
Según destacaron desde la Bolsa de Cereales, el resultado de ese proceso fue una ley construida de manera amplia y participativa, con la integración de diferentes miradas y sustentada en evidencia científica. La norma fue finalmente sancionada con un amplio consenso legislativo.
Sin embargo, a un año de su aprobación, se presentaron acciones de amparo que cuestionan la constitucionalidad de dos artículos relacionados con las distancias de exclusión para la aplicación de fitosanitarios, lo que derivó en el actual debate judicial.
El impacto productivo en discusión
Uno de los ejes centrales del planteo presentado por la BolsaCER ante el tribunal se vincula con las posibles consecuencias que tendría la aplicación generalizada de criterios judiciales que en antecedentes anteriores establecieron distancias de exclusión de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.
De acuerdo con la entidad, la adopción de estos parámetros en todo el territorio provincial podría generar efectos significativos sobre la producción agropecuaria, el uso del suelo y la sostenibilidad económica de amplias zonas rurales.
Para sustentar su postura, la institución elaboró un informe técnico que incluye un análisis espacial del impacto que tendrían esas restricciones sobre áreas productivas, tomando como referencia casos como los de Loteo Tierra Alta y Aldea Salto.
El estudio también evaluó las consecuencias territoriales y productivas que implicaría ampliar las restricciones para el uso de fitosanitarios.
Entre sus conclusiones, el informe señala que la imposibilidad de producir unas 33.700 toneladas de trigo y maíz como consecuencia de las restricciones planteadas en los amparos judiciales tendría implicancias que van más allá del sector agrícola.
“La imposibilidad de producir 33.700 toneladas de trigo y maíz no es solo un problema de cifras agrícolas; es un problema de seguridad alimentaria”, advierte el documento. Según el análisis, ese volumen de granos representa la base para la elaboración de alimentos derivados de harinas de trigo y maíz equivalentes a más de 112 millones de platos de comida.
Desde la entidad sostienen que la situación pone en evidencia la necesidad de avanzar hacia un ordenamiento territorial equilibrado que permita la convivencia entre el desarrollo urbano y la producción de alimentos, evitando que la expansión residencial afecte la sustentabilidad productiva en áreas rurales.
En ese marco, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos remarcó que su presentación ante el STJ busca aportar elementos técnicos al debate judicial y poner en valor el trabajo realizado durante más de cinco años en la construcción de la ley vigente, la cual —según afirmaron— contempla criterios de resguardo que incluso superan los estándares considerados razonables por la propia ciencia.
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