La presión fiscal sobre la cadena láctea argentina continúa consolidándose como uno de los principales factores que limitan su competitividad, tanto en el mercado interno como en el frente exportador.
La carga impositiva en la cadena láctea alcanza el 38%
El estudio se inscribe en un contexto de elevada presión impositiva a nivel nacional, que pasó de representar cerca del 21% del Producto Bruto Interno en la década de 1990 a niveles cercanos al 40% en la actualidad. Municipios y gobiernos provinciales fueron quienes más aumentaron impuestos.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios para el Progreso (CEPP), a pedido del Centro de la Industria Lechera (CIL), la carga tributaria promedio alcanza el 38% del precio final de los productos.
El estudio se inscribe en un contexto de elevada presión impositiva a nivel nacional, que pasó de representar cerca del 21% del Producto Bruto Interno en la década de 1990 a niveles cercanos al 40% en la actualidad. Si bien se registraron algunas reducciones puntuales, especialistas advierten que persisten tributos considerados distorsivos que impactan directamente sobre los costos de producción.

Entre ellos, se destacan Ingresos Brutos y el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, comúnmente conocido como “impuesto al cheque”, que incrementan la carga a lo largo de toda la cadena.
Fuerte impacto en el mercado interno
En el mercado doméstico, los productos lácteos presentan una carga impositiva cercana al 38% del precio final, con variaciones menores según la categoría. Dentro de esta estructura, el IVA representa aproximadamente el 45% del total de impuestos, mientras que los tributos distorsivos —como Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque— concentran cerca del 25%.
El informe advierte además que, en escenarios donde predominan grandes empresas con mayores alícuotas, la carga fiscal puede escalar hasta el 42% en determinados productos.

En cuanto a la distribución de la recaudación, los impuestos nacionales concentran el 79% del total. Sin embargo, al considerar el esquema de coparticipación, el peso real de provincias y municipios se incrementa significativamente, alcanzando el 55% de los tributos efectivamente asignados.
Exportaciones sin reintegros: un factor crítico
Uno de los puntos más sensibles señalados por el estudio es la eliminación de los reintegros a la exportación para productos lácteos, actualmente fijados en 0%. Este mecanismo, contemplado en el Código Aduanero, tiene como objetivo devolver los impuestos internos abonados durante el proceso productivo para evitar distorsiones en los precios internacionales.
No obstante, desde 2024 el sector quedó excluido de este beneficio tras la suspensión y posterior eliminación del régimen, lo que impacta de lleno en su competitividad externa.
Según las estimaciones del CEPP, el reintegro teórico debería ubicarse entre el 5,5% y el 7% del valor exportado. Incluso, si se incorporan las contribuciones patronales, la carga total sobre exportaciones podría alcanzar entre el 9,8% y el 12,1%.

Dentro de esta estructura, Ingresos Brutos vuelve a aparecer como el tributo de mayor incidencia, seguido por el impuesto al cheque. Además, cerca del 60% de la carga impositiva considerada para estos cálculos corresponde a tributos subnacionales.
Reformas para recuperar competitividad
Frente a este escenario, el informe propone una serie de medidas orientadas a mejorar la competitividad del sector lácteo.
En materia de exportaciones, plantea restablecer un esquema de reintegros basado en la carga tributaria efectiva, con el objetivo de equiparar condiciones frente a competidores internacionales.
Para el mercado interno, recomienda avanzar en la reducción o eliminación de impuestos distorsivos que encarecen el precio final, especialmente Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque.
A nivel general, el trabajo sugiere reducir los costos de importación de insumos, revisar el esquema de contribuciones patronales para fomentar el empleo e impulsar incentivos a la inversión, como la amortización acelerada.

Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer la trazabilidad, combatir la informalidad y simplificar el sistema tributario, en particular para pequeños y medianos productores que enfrentan mayores dificultades administrativas.








