La Sociedad Rural de Rosario expresó su respaldo al avance de una reforma tributaria integral y planteó que su discusión debe involucrar de manera conjunta al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Según la entidad, una reducción de impuestos nacionales perdería parte de su efecto si, al mismo tiempo, aumentan los tributos provinciales y las tasas locales.
La Sociedad Rural de Rosario reclama una reforma tributaria con Nación, provincias y municipios
La entidad respaldó la iniciativa anunciada por el Ministerio de Economía y reclamó una reforma integral que contemple los tres niveles del Estado. Advirtió que la reducción de impuestos nacionales, sin cambios en Ingresos Brutos y las tasas municipales, no alcanza para aliviar la carga tributaria de productores y pequeñas y medianas empresas.

La organización sostuvo que el objetivo debe ser establecer un esquema coordinado de reducción de la presión fiscal, con compromisos concretos para los tres niveles de gobierno y un marco legal que garantice su continuidad.

"Bajar un impuesto nacional mientras crecen Ingresos Brutos y las tasas municipales no cambia la ecuación de un productor ni de ninguna pyme del país", señaló la entidad en su posicionamiento.
La presión tributaria y el peso de los impuestos distorsivos
En su análisis, la Sociedad Rural de Rosario puso el foco en el impacto de las retenciones a las exportaciones, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y las tasas municipales. De acuerdo con las estimaciones difundidas por la institución, la recaudación de estos tributos representa cerca del 8% del Producto Bruto Interno (PBI) y financia más de una cuarta parte del gasto público.
La entidad también cuestionó el peso de Ingresos Brutos en las finanzas provinciales. Según los datos que presentó, este impuesto representa, en promedio, el 80% de los recursos propios de las provincias, mientras que su alícuota efectiva ronda el 4%. Para la organización, debería reducirse hasta un nivel que no supere el 1,5%.

En el caso del sector agropecuario, la institución citó estimaciones sobre la participación del Estado nacional en la renta agrícola, que ubican esa proporción en el 53,9% en Santa Fe, el 56,9% en Córdoba y el 56,1% en Buenos Aires.
A partir de estos indicadores, la entidad consideró necesario revisar el sistema de coparticipación federal y establecer una distribución de recursos que permita reducir los tributos que afectan la producción y la inversión.
Como antecedente, mencionó el Consenso Fiscal de 2017, cuyo esquema de compromisos tributarios entre la Nación y las provincias perdió continuidad ante las dificultades de financiamiento. Por eso, reclamó que un nuevo acuerdo incluya mecanismos legales que permitan sostener las medidas más allá de las coyunturas económicas.
Los cinco ejes que propone la entidad
La Sociedad Rural de Rosario presentó una serie de lineamientos para orientar la discusión tributaria y económica. Entre ellos, planteó un cronograma de reducción y eliminación de impuestos considerados distorsivos en los tres niveles del Estado.

La propuesta incluye las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque en el ámbito nacional, junto con cambios en Ingresos Brutos y Sellos en las provincias y en las tasas municipales. También menciona la necesidad de revisar la estructura del IVA, aunque sin detallar un mecanismo específico para su unificación.
Otro de los puntos se refiere al impuesto a las Ganancias. La entidad propone ampliar su base imponible y reducir las excepciones sectoriales, bajo el criterio de que tribute quien obtiene una renta. Al mismo tiempo, sostiene que los haberes jubilatorios deben quedar excluidos, por considerar que son el resultado de décadas de aportes previsionales.
En materia previsional, la organización reclamó avanzar con la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Según los datos incluidos en su comunicado, en noviembre de 2025 doce personas que percibían asignaciones vitalicias en calidad de expresidentes, exvicepresidentes o familiares recibieron un total de $151 millones brutos, una cifra que la entidad equiparó a 375 jubilaciones mínimas. En ese marco, pidió que se traten los proyectos legislativos presentados para derogar esos beneficios.

El cuarto eje apunta a continuar con la reducción y reorganización del Estado en los niveles nacional, provincial y municipal. La institución planteó la necesidad de revisar estructuras y gastos para concentrar los recursos en áreas como infraestructura, salud, seguridad, justicia y educación.
Por último, propuso profundizar la modernización laboral. En su documento, consideró que la Ley 27.802 constituyó un primer paso, aunque sostuvo que todavía quedan aspectos por reglamentar y que una segunda etapa debería orientarse a reducir los costos de contratación para las pequeñas y medianas empresas.
Un acuerdo de largo plazo para impulsar la producción
Para la Sociedad Rural de Rosario, la discusión tributaria debe formar parte de una estrategia más amplia que incluya cambios en el funcionamiento del Estado y en las condiciones para generar empleo e inversión.
La entidad sostuvo que una reforma coordinada permitiría reducir el peso de los impuestos sobre la actividad económica y favorecer la incorporación de valor a la producción nacional.
En ese sentido, insistió en que los compromisos deben alcanzar a los tres niveles de gobierno y contar con respaldo legal para evitar que las medidas pierdan vigencia ante futuras dificultades fiscales.

"Con una reforma tributaria integral y la laboral en marcha, la Argentina puede ser un país que genere empleo y agregue valor a lo que produce. Sin eso, la baja de retenciones sola no alcanza", concluyó la institución.
El posicionamiento resume el planteo de la Sociedad Rural de Rosario frente al debate tributario: avanzar hacia una reducción coordinada de impuestos, revisar la distribución de los recursos públicos y establecer reglas de largo plazo que contemplen las necesidades del sector productivo.








