La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el objetivo de acceder y verificar documentación contable y financiera que, según el organismo, fue requerida y no remitida por la entidad.
La medida quedó formalizada a través de una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo y, según se informó, plantea una veeduría de control y relevamiento, no una intervención plena.
Qué implica la veeduría y qué busca la IGJ
El pedido establece que los veedores deberán “obtener, recabar y compulsar” documentación e información solicitada previamente, además de verificar si existieron “otros actos graves” que impliquen violación de la ley, el estatuto o reglamentos de la AFA.
En el Gobierno remarcaron que el objetivo central es contar con información “completa y verificable” para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales, en un expediente que crece en paralelo al conflicto judicial que atraviesa la conducción del fútbol argentino.
Balances 2025, UNAFA y relaciones comerciales bajo revisión
Uno de los ejes de la veeduría será el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, con un informe sobre cuentas, partidas y el cumplimiento de obligaciones impositivas, previsionales y contributivas durante ese ejercicio.
Otro punto central será la auditoría del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), con revisión de documentación vinculada a equipamiento, operaciones patrimoniales y financieras, adquisición de bienes, contratación de autoridades y convenios con terceros.
La resolución también incluye la revisión de relaciones comerciales y financieras con firmas y actores vinculados a la comercialización de derechos y a operaciones financieras, con el objetivo de reconstruir montos, rendiciones de cuentas y flujo de fondos, incluyendo transferencias y remesas internacionales.
El antecedente del domicilio y el alcance del control
El pedido de veedores se conoce luego del episodio en el que la IGJ rechazó la pretensión de la AFA de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, al sostener que la sede declarada no se correspondía con un funcionamiento real de administración y gobierno.
Con ese criterio, la IGJ ratificó la continuidad de la jurisdicción nacional sobre la entidad, mientras la designación de veedores queda ahora en manos del Ministerio de Justicia. Si se concreta, se abrirá una etapa de inspección cuyos informes podrán derivar en nuevas medidas administrativas.