Por falta de fondos, constructoras aseguran que peligran dos mil puestos de trabajo

Hay una gran preocupación en las empresas constructoras de la provincia de Santa Fe, frente a la caída de recursos del Estado provincial para continuar con el ritmo de obras públicas, que fue muy importante en los últimos años; y podrían correr riesgo unos 2.000 puestos de trabajo aproximadamente. El recorte de más de 2.500 millones de pesos que sufrirá el Estado santafesino producto de los beneficios fiscales otorgados por el gobierno nacional en esta semana, profundizaría la compleja situación del sector.

En el marco de la Comisión de Seguimiento de Obras Públicas, los representantes de las Delegaciones Rosario y Santa Fe de Cámara Argentina de Construcción (CAC), junto a los ministros de Economía, Infraestructura y Transporte, Obras Públicas y Secretario de Estado de Hábitat, analizaron los números de la provincia. Desde la Cámara se destacó el funcionamiento de la Comisión que se ha consolidado como un espacio de diálogo público-privado que permitió concretar importantes obras de infraestructura y social y productiva, garantizando transparencia en los procesos licitatorios y dando garantías del buen uso de los fondos públicos.

Un punto central que apareció en la mesa es el recorte de recursos de Nación a las provincias por distintas vías –subsidios al transporte, fondo sojero. A ello se debe sumar la deuda que la Nación tiene con nuestra provincia en compensación por el déficit de la Caja de Jubilaciones, que alcanza a $ 5.800 millones y corresponden al período 2018. Cabe recordar que esta es una ley nacional que obliga a la Nación a remitir automáticamente estos fondos. Por cierto, con otras provincias ya lo ha hecho, como el caso de Córdoba con montos similares.

Si bien el gobierno provincial en los últimos años ha cumplido con los plazos de pago, en la actualidad se registran algunas demoras que impactan en la actividad, y que se agravó esta semana aún más con la fuerte devaluación del peso.

Frente a este escenario, el Estado provincial y los representantes del sector de la construcción consensuaron reducir el ritmo de los trabajos, pero eso provoca un menor flujo no solo de recursos sino también un incremento de gastos indirectos como las pólizas de seguros, entre otros.

Pero esa realentización tiene un impacto directo también sobre la mano de obra. En la actualidad, en el gremio de la construcción (Uocra) trabajan alrededor 40.000 personas de las cuales 10 mil están vinculados a la obra pública.

Las estimaciones del freno de las obras públicas en marcha y el congelamiento de nuevas licitaciones podrían provocar en el corto plazo un recorte de 2.000 puestos de trabajo, algo que las empresas resisten llevar adelante.

Por esta razón, las partes acordaron reunirse a partir de ahora cada dos semanas con la intención de hacer un seguimiento más fino de la situación. También se prevé convocar a la mesa a referentes que designe el gobernador electo Omar Perotti para facilitar una transición, teniendo en cuenta la compleja situación económica.

Además, los constructores probablemente pedirán a los legisladores nacionales y candidatos a diputados para que colaboren en las gestiones frente al gobierno nacional para que gire los recursos de la provincia, que aliviarían en parte la problemática que atraviesan las empresas y el riesgo laboral que esto conlleva.

Participaron del encuentro por el gobierno provincial los Ministros: Morini de Obras Públicas, Garibay de Infraestructura y Transporte, Saglione de Economía, Leone de la Secretaría de Estado del Hábitat y Teresa Beren del MIT.

Por la Delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción: Ing. Germán De Vincenzo, presidente; y los directivos Gonzalo Audet, Fernando Maciel y Pablo Nazar.

Por la Delegación Santa Fe: el Arq. Renato Franzoni, presidente; CPN Roberto Pilatti, vicepresidente 1º; Ing. Adrián Dip, secretario; Mmo Sergio Winkelmann, tesorero y el Lic. Esteban Pilatti.