La caída de la natalidad acelera la crisis previsional en el país

El FMI ha ratificado que el sistema previsional argentino es fiscalmente insostenible debido a debilidades estructurales que debilitan los incentivos para aportar y generan presiones fiscales persistentes. El gasto en haberes representa aproximadamente el 45% del presupuesto nacional y se prevé que aumente a medida que las presiones demográficas se intensifiquen

Los principales problemas identificados en el último reporte del organismo son la fragmentación (existen más de 200 regímenes diferentes), la débil relación entre aportes y beneficios, y el uso recurrente de moratorias que desdibujan la distinción entre pensiones contributivas y no contributivas.

El FMI ha establecido como meta estructural (structural benchmark) el desarrollo de un plan de reforma para fines de diciembre de 2027. Las recomendaciones específicas del organismo incluyen integrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones básicas en un pilar no contributivo unificado financiado por rentas generales.

Asimismo promueve mantener el SIPA como un sistema puramente contributivo para mejorar la transparencia. Y fortalecer el vínculo entre aportes y beneficios: pasar de un umbral rígido de 30 años de aportes a un esquema de devengamiento proporcional de derechos, lo que incentivaría la formalidad y permitiría eliminar gradualmente las moratorias.

El desafío político

Pero entre los objetivos del FMI se plantean metas poco probables o incluso constitucionalmente imposibles. De hecho pide armonizar y simplificar los regímenes, unificándolos gradualmente con los especiales y provinciales en el sistema nacional (SIPA) para reducir inequidades y complejidad administrativa.

De hecho, la nueva Constitución de Santa Fe establece en su Artículo 24 que la Caja de los empleados públicos "se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. Las jubilaciones y pensiones son móviles. La administración está a cargo de un órgano intransferible. La sustentabilidad del sistema se asegura mediante acciones progresivas, equitativas y razonables”.

Pero para el FMI -como se verifica en los argumentos que declararon la emergencia previsional de Santa Fe- hay necesidad de vincular gradualmente la edad de jubilación con los aumentos en la esperanza de vida y armonizar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres.

El organismo propone ampliar la base de contribuyentes: reducir la informalidad laboral y aumentar los requisitos de contribución para los regímenes tributarios simplificados.

El gobierno central en el país coincide en la necesidad de la reforma, pero sostienen que debe ser secuenciada: primero debe aumentar la formalidad laboral (apoyada por la reciente Ley de Modernización Laboral) y luego avanzar con la reforma previsional y tributaria para fomentar el crecimiento liderado por el sector privado.

Una discusión que se posterga

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino advirtió en un nuevo informe que “los nacimientos cayeron casi a la mitad en una década”. Es un fenómeno global por el que “es una muy mala decisión seguir postergando la discusión técnica y política para adaptar los sistemas previsionales, de salud y de educación”.

Para el centro de estudios que dirige Jorge Colina, “en materia previsional también es necesaria la coordinación entre niveles de gobierno ya que el sistema jubilatorio está conformado, no solo por el régimen nacional, sino que se suman 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales y 82 cajas de profesionales.

“Es evidente -advierte- que la resolución de ambos temas no depende sólo de la voluntad del gobierno nacional. La pregunta es cuán sostenible resulta seguir postergando el ordenamiento del sistema previsional. Dentro de las muchas aristas que tiene el tema una particularmente importante es la natalidad”.

Estadísticas que acechan

Según las estadísticas vitales del Ministerio de Salud nacional, entre 2003 y 2015 nacían en promedio en la Argentina aproximadamente 737 mil niños por año. En el 2024 nacieron apenas 413 mil niños.

“Es decir que en la última década la cantidad de nacimientos cayó un 44%. Estos datos muestran que los nacimientos sufrieron un abrupto cambio de tendencia desde hace una década atrás. La caída en el número de nacimientos agrega un nuevo factor de presión sobre el sistema previsional”.

Recuerda Idesa que en los sistemas argentinos “de reparto”, los adultos pagan las jubilaciones de los mayores con la expectativa de que los niños paguen sus jubilaciones cuando ellos sean los potenciales beneficiarios. “Pero si hay cada vez menos niños, el esquema de reparto deviene no sustentable. La caída de la natalidad acelera la crisis previsional”.

Advierte incluso que “este cambio demográfico también pone en fuerte tensión la cobertura de salud para la vejez. Así como los esquemas jubilatorios fueron concebidos a principios y mediados del siglo pasado con parámetros demográficos muy diferentes a los actuales, la cobertura de salud central de la vejez (PAMI) fue diseñada en 1971, cuando la cantidad de niños triplicaba a los mayores de 60”.

Las reglas rotas

Idesa reseña que la regla financiera de la cobertura de salud está pensada para población joven. Se asigna el 9% del salario para la salud de los activos y sus hijos en obras sociales y prepagas, cuando son viejos se los afilia compulsivamente a PAMI con el 5% del salario de los activos.

“Un vacío más notable es que los cuidados geriátricos ni siquiera tienen mecanismos institucionales de cobertura social. Pero no solo es imprescindible adaptar las instituciones de cuidado de la vejez. Los sistemas de educación provinciales siguen formando e incorporando docentes de educación primaria cuando las tendencias son claramente a la reducción de la matrícula”.

El foco en los docentes

Para Idesa, “en lugar de seguir contratando inercialmente más docentes, el foco debe estar en modernizar las reglas del trabajo docente para priorizar el objetivo -largamente postergado- de aumentar la calidad de la educación.

“El problema -dice el centro de estudios- no es la falta de escuelas, ni docentes, sino la muy baja calidad de la enseñanza. En el mismo sentido se impone una reconversión de los prestadores de salud, tanto públicos como privados, para adecuarlos a una menor demanda de servicios pediátricos”.

Pone de manifiesto que “particularmente importante es la revisión de las costosas áreas de neonatología y terapias intensivas infantiles. La intensidad de los cambios demográficos alerta sobre la urgencia de romper inercias y abordar la adecuación de las instituciones previsionales, educativas y de salud. La peor de las decisiones es, sin dudas, mantenerse en el inmovilismo".