Santa Fe integrará la mesa donde se discutirán las obras, costos, funcionamiento y problemas de la principal salida fluvial del comercio exterior argentino.
Dragado y balizamiento del Paraná
Santa Fe tendrá una silla en la mesa de control de la Hidrovía
La Resolución 47 formalizó el órgano que reunirá a las provincias ribereñas, usuarios y sectores productivos para monitorear la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal. Tendrá reuniones bimestrales y podrá formular recomendaciones, aunque el poder regulatorio seguirá concentrado en la Agencia Nacional.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) formalizó este lunes, mediante la Resolución 47/2026 publicada en el Boletín Oficial, la creación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal (VNT), anticipada días atrás por su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor.
El organismo tendrá carácter colegiado, institucional y consultivo, con la misión de realizar el “seguimiento, monitoreo y análisis” del sistema. La Nación lo presenta como un ámbito para incorporar a provincias y usuarios en la supervisión de la nueva etapa de la Hidrovía.
Para Santa Fe no es una participación menor. Buena parte del complejo agroexportador, industrial y portuario ubicado sobre el Paraná depende directamente de la profundidad del canal, el mantenimiento del dragado, el balizamiento, los tiempos de navegación y el costo del peaje.
La semana pasada, en el congreso de Aapresid realizado en Rosario, Arreseygor había resumido el propósito que ahora queda institucionalizado: provincias y usuarios tendrán “voz y voto” para discutir qué requerimientos trasladar a la autoridad de aplicación frente al concesionario. La Resolución 47 le puso marco formal.
Participación consultiva
El Consejo incorporará representantes de las provincias con litoral fluvial: Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosay Chaco. A ellos se sumarán usuarios y entidades vinculadas con el agro, la industria, los puertos y el movimiento de cargas.
La resolución sostiene que el objetivo es generar “un ámbito institucional de participación entre el Estado Nacional, las Provincias y los usuarios”, que permita analizar de manera conjunta información vinculada con la operación y el desarrollo de la VNT.
La participación no significa controlar la concesión. Las recomendaciones surgidas del nuevo órgano serán consultivas y no vinculantes. Se especifica que las competencias “técnicas, regulatorias y contractuales” continuarán exclusivamente bajo la ANPYN, que seguirá siendo la autoridad de aplicación.
Cómo funcionará
El órgano será presidido por Arreseygor y tendrá como secretario ejecutivo a Carlos Alberto Ferrari, designado en forma ad honorem por la propia resolución.
Según el estatuto informado por el Gobierno, funcionará mediante un plenario con reuniones bimestrales y distintas comisiones especializadas. Allí se abordarán tráfico y régimen económico; gestión ambiental; seguridad de la navegación y tecnología; infraestructura, obras y servicios asociados; mantenimiento y mejora del sistema; y desarrollo federal y logística regional.
Esas mesas elaborarán informes técnicos y recomendaciones preliminares para llevar al plenario. También habrá un mecanismo periódico de rendición de información. La ANPYN deberá realizar presentaciones bimestrales sobre el estado de la navegación, las obras ejecutadas, los programas de mantenimiento e inversión y la evolución del tráfico.
Las actas, recomendaciones aprobadas y resoluciones de la Presidencia serán públicas, salvo aquella información protegida por razones comerciales, contractuales o de seguridad.
Arreseygor había anticipado que el esquema buscaría evitar una nueva estructura burocrática. “Para que funcione este órgano no necesitamos presupuesto. Es cuestión de que cada uno aporte su voluntad, su cabeza y su laburo”, sostuvo en Rosario.
Lo que estará bajo análisis
El Consejo nace después de completarse el proceso licitatorio para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado y redragado de la Vía Navegable Troncal, adjudicación aprobada el 18 de junio.
La magnitud económica explica la disputa por tener voz en esa mesa. La propia resolución recuerda que la vía concentra cerca de 60 terminales portuarias y que por allí transita aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas.
En la agenda aparecerán ahora las obras de profundización, ensanches, incorporación de tecnología, mantenimiento del canal y funcionamiento del esquema de peajes. El nuevo contrato ya produjo una reducción del peaje básico desde US$4,30 hasta US$3,80 por tonelada de registro neto en el tramo comprendido entre el océano y Timbúes.
También quedará abierta una discusión especialmente sensible para el complejo exportador: cómo llevar la Vía Navegable hacia mayores profundidades para que los barcos puedan cargar más mercadería en origen y reducir los costos de completar cargas fuera del país.
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