La causa judicial contra Agostina Páez en Brasil sumó un actor inesperado y de peso. El Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas, una histórica organización brasileña vinculada a la defensa de los derechos civiles, pidió ingresar formalmente en el expediente como amicus curiae para influir en la resolución del caso.
Causa judicial
Rechazan acuerdo económico en el caso Agostina Páez: piden una sanción de mayor alcance
La ONG brasileña CEAP busca ser parte del expediente para evitar que el proceso se cierre con dinero. Exigen que la acusada financie proyectos concretos contra el racismo.
El planteo apunta a endurecer la respuesta judicial frente a la acusación por injuria racial que enfrenta la joven argentina en Río de Janeiro. La ONG cuestiona la posibilidad de que el proceso se cierre con un acuerdo económico y sostiene que una salida de ese tipo enviaría un mensaje de impunidad.
Páez, de 29 años, aguarda en la Argentina la resolución final del juez Guilherme Duarte, del Tribunal Penal N° 37 de Río de Janeiro. Para el CEAP, que la acusada espere el fallo fuera de Brasil ya representa por sí mismo una señal equivocada sobre la firmeza del sistema judicial frente a un hecho de discriminación racial.
Qué pidió la ONG brasileña
La presentación del CEAP no busca una participación simbólica. Según explicó Carlos Nicodemos, abogado de la entidad y especialista en Derechos Humanos, la intención es aportar una mirada técnica que empuje al magistrado hacia una resolución más dura y con mayor impacto social.
La organización considera insuficiente que el caso se resuelva con una compensación económica para las víctimas. Hasta ahora, la discusión gira en torno a un resarcimiento equivalente a 120 salarios mínimos, unos 39 mil dólares al cambio actual, pero el CEAP rechaza que el expediente termine reducido a ese monto.
En cambio, la propuesta pasa por una sanción de mayor alcance. Si el juez acepta su ingreso en la causa, la ONG impulsará que Páez financie proyectos sociales concretos contra el racismo y la xenofobia, con participación de la sociedad civil de Brasil y también de la Argentina.
Una reparación que exceda a las víctimas
El argumento central del CEAP es que el daño no fue solo individual. Por eso, además de una indemnización por daño moral a quienes se sintieron agraviados, la organización pide una reparación colectiva dirigida a la sociedad brasileña.
“Buscamos una indemnización por el daño moral a la víctima, pero también una reparación colectiva a la sociedad brasileña”, explicó Nicodemos. La idea es que el fallo no quede atado únicamente al dinero, sino que ayude a discutir cómo se sancionan y se procesan públicamente los actos de racismo.
Para Ivanir dos Santos, coordinador del CEAP, en Brasil persiste una distancia preocupante entre la dureza de la ley y la aplicación concreta de esas normas. Según su lectura, el sistema suele ser más rápido para restablecer la comodidad del acusado que para reparar la dignidad de las víctimas.
El trasfondo político y social del caso
Fundado en 1989, el CEAP reúne a representantes de la comunidad afrodescendiente y del movimiento de mujeres, y tiene una larga trayectoria en litigios vinculados a la discriminación racial. La organización incluso accionó contra empresas tecnológicas como Google y Spotify en expedientes por intolerancia.
En este caso, su estrategia se inscribe dentro de lo que define como “litigio estratégico”. La meta es impedir que un episodio de odio quede reducido a un incidente menor o a un problema turístico sin consecuencias estructurales.
La entidad también puso el foco en el entorno de Páez. Dentro del CEAP interpretan que el hecho ocurrido en Ipanema no fue un acto aislado, sino una conducta naturalizada en su ámbito íntimo. Esa lectura se apoya en las imágenes del padre de la joven repitiendo el gesto racista al momento del regreso de su hija al país.
La decisión que puede cambiar el rumbo del expediente
El juez Duarte fijó plazo hasta el próximo jueves para que el Ministerio Público se pronuncie sobre la incorporación del CEAP al proceso. Aunque no es habitual admitir a una ONG como amicus curiae en la primera instancia penal, la organización cree que la dimensión pública del caso puede abrir esa puerta.
La definición será importante porque puede modificar el tono del expediente. Si el magistrado admite la participación del CEAP, el caso podría dejar de encaminarse hacia un cierre económico rápido y pasar a una discusión más profunda sobre el tipo de sanción que corresponde frente a un episodio de injuria racial con repercusión internacional.
La próxima semana, entonces, asoma como un punto de inflexión para el futuro judicial de Agostina Páez y para el modo en que Brasil decidirá resolver un caso que ya excedió el plano individual.
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