La tensión política en Perú continúa tras las elecciones presidenciales que consagraron a Keiko Fujimori como presidenta electa. Este domingo, el candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien perdió el balotaje por un estrecho margen, volvió a desconocer el resultado electoral, calificó de "ilegítimo" al futuro gobierno y anunció la creación de un frente patriótico con el objetivo de, según afirmó, "recuperar la democracia" en el país andino.
Roberto Sánchez rechazó el triunfo de Keiko Fujimori y anunció un frente para “recuperar la democracia” en Perú
El excandidato presidencial de Juntos por el Perú volvió a cuestionar la legitimidad de la victoria de Keiko Fujimori, denunció presuntas irregularidades en la segunda vuelta y confirmó la conformación de un frente opositor. También reclamó investigar las muertes durante las protestas de 2022 y 2023 y pidió la liberación del expresidente Pedro Castillo.

Sánchez insiste en que hubo irregularidades y rechaza reconocer el resultado
Durante un acto realizado en la sede de su partido, Juntos por el Perú, en Lima, Sánchez estuvo acompañado por dirigentes y militantes para ratificar su postura frente al proceso electoral.
El exaspirante presidencial sostuvo que, pese a la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa, él considera que obtuvo la mayoría de los votos dentro del territorio peruano y que el resultado final quedó condicionado por el voto emitido en el exterior.

En ese contexto, agradeció el respaldo de más de nueve millones de ciudadanos que acompañaron su candidatura y aseguró que ese apoyo constituye la base de un nuevo espacio político de oposición.
"Recuperar la democracia, hacer justicia para los mártires del sur y defender la soberanía del pueblo peruano" fueron algunos de los objetivos que mencionó al anunciar la conformación del frente patriótico que buscará reunir a distintos sectores sociales y políticos.
Sánchez volvió además a cuestionar la transparencia del proceso electoral. Según expresó, durante la segunda vuelta se modificaron procedimientos relacionados con el traslado y el conteo de los votos provenientes del exterior, situación que —afirmó— alteró las reglas del proceso cuando la elección ya estaba en marcha.
Por ese motivo, recordó que presentó una petición y una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que se investiguen las supuestas irregularidades denunciadas por su espacio político.

El dirigente sostuvo que el futuro gobierno "nace con una profunda ilegitimidad" y argumentó que la mayoría de las regiones del país respaldó a su candidatura durante la segunda vuelta electoral.
Las autoridades electorales peruanas, sin embargo, validaron el escrutinio y proclamaron oficialmente a Keiko Fujimori como ganadora tras el conteo del 100 % de las actas. La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135 % de los votos, con una diferencia cercana a los 50.000 sufragios sobre Sánchez, uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial peruana.
Los reclamos al futuro gobierno de Fujimori
Además de rechazar el resultado electoral, Sánchez planteó una serie de condiciones políticas que, según afirmó, deberían ser abordadas por la futura administración.

Entre ellas, reclamó la creación de una comisión independiente para investigar las cerca de 50 muertes registradas durante las protestas sociales ocurridas entre 2022 y 2023, luego de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. El dirigente sostuvo que es necesario identificar a los responsables políticos del uso de la fuerza durante aquellas manifestaciones y avanzar en medidas de reparación para las familias de las víctimas.
Asimismo, pidió la derogación de las denominadas "leyes pro crimen", un conjunto de normas aprobadas por el Congreso peruano durante los últimos años y que, según distintos especialistas y organizaciones civiles, habrían dificultado la persecución de organizaciones criminales.
Otro de los planteos reiterados por el excandidato fue la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido desde diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto, decisión que derivó en su destitución y posterior procesamiento judicial. Sánchez volvió a expresar su respaldo al exmandatario y sostuvo que su situación representa una muestra del deterioro institucional que, según considera, atraviesa el país.

El dirigente también aseguró que, mientras estas demandas no sean consideradas por el futuro gobierno, su espacio político no participará de instancias de diálogo con la nueva administración.
La postura de Sánchez se conoce pocos días después de que Keiko Fujimori comenzara formalmente el proceso de transición presidencial. La presidenta electa anunció la creación de una Oficina de la Presidenta Electa para coordinar el traspaso de mando antes de asumir el próximo 28 de julio, fecha en la que Perú celebrará un nuevo aniversario de su independencia.
Fujimori llega al poder tras imponerse por un margen mínimo en una elección altamente polarizada, luego de tres intentos fallidos por alcanzar la Presidencia. Su triunfo puso fin a varias semanas de incertidumbre política marcadas por el lento escrutinio y las impugnaciones presentadas por el candidato opositor.
El escenario que enfrenta el próximo gobierno aparece condicionado por esa división política. Mientras Fujimori busca conformar un gabinete y avanzar con la transición institucional, la oposición encabezada por Sánchez anticipó que mantendrá una estrategia de movilización política y de cuestionamiento a la legitimidad del nuevo gobierno, lo que augura un inicio de mandato atravesado por fuertes tensiones en uno de los países con mayor inestabilidad política de América Latina en los últimos años.









