El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que prohíbe el ingreso o expulsión de extranjeros que expresen mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos ya ha recibido críticas de constitucionalistas como Daniel Sabsay y Diego Armesto.
La increíble paradoja del presidente Milei
El decreto del mandatario argentino que busca prohibir el ingreso de extranjeros con discursos de odio genera controversia y críticas por su posible inconstitucionalidad.


Estos profesionales especializados han definido correctamente que el DNU es inconstitucional porque omite al Congreso quien debe tratar el tema. Además no hay necesidad ni urgencia en emitirlo. ¿Acaso los extranjeros residentes atentan contra nosotros?

En cambio, cruel paradoja como un "haz lo que digo pero no lo que hago", desde que asumió, Milei convirtió en una política de Estado denostar con su violencia verbal a periodistas reconocidos y cualquiera que critique su política.
Y también lo hizo en sus viajes por el mundo contra autoridades legalmente constituidas. No hacen falta detalles. Aún están frescos sus insultos al presidente Luiz Ignacio Lula da Silva y por consiguiente al menos a 60 millones de brasileños que lo votaron.

Milei no cumple con el artículo 27 de la Constitución que le exige afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras. Y yo agrego, en especial con las democracias que son importantes socios comerciales y nos acompañan en nuestros reclamos como la soberanía de las Malvinas.

Perdimos décadas por gobiernos corruptos o incapaces y ahora tenemos un presidente de espaldas, con su atención puesta en su imagen en el exterior y una actitud sin respeto por su propia investidura. Así que le pido que se dé vuelta y fije su mirada en los grandes problemas argentinos que aún después de treinta y un meses le quedan por resolver.
Por un lado, una inflación que por más de un año aún está por encima del 30%. Por otro: impulsar la inversión productiva para generar empleo, mejorar la salud y la educación pública y tantas cosas más. La Constitución Nacional exige promover el bienestar general... ¿No es su indelegable tarea?











