Pullaro ante pujas que impactan en el escenario político provincial

La semana que se inicia coloca al gobierno provincial ante una nueva situación de conflicto con los docentes, que rechazaron la oferta salarial formulada en el marco de las negociaciones paritarias, luego de que la propuesta fuera aceptada por los gremios de la administración central, y decidieron un paro de actividades.

La situación no es novedosa, y replica lo ocurrido en anteriores oportunidades (e incluso en otras gestiones provinciales). En distintos momentos y circunstancias, ésto llevó a una prolongación del conflicto con suspensión de las clases. O, como era recurrente a esta altura del año, la posibilidad de que directamente el ciclo lectivo no se inicie en tiempo y forma.

En este caso, el Poder Ejecutivo confía en que el peso del suplemento por asistencia perfecta opere como un disuasivo que diluya el efecto de las medidas de fuerza, complementado con la negativa de continuar la discusión hasta que éstas se hayan levantado.

El fracaso de esta segunda instancia también tiene antecedentes de soluciones diversas. Por caso, a mediados del año pasado, el gobierno procedió a pagar los aumentos por decreto, sin aval de la mesa paritaria, con el argumento de que la recomposición salarial era necesaria y no podía esperar.

Esta reedición del tradicional "tira y afloje" con el sector gremial docente se produce a poco de superada la crisis policial, que se prolongó durante varios días y puso a Santa Fe en el centro de atención de la agenda de los medios nacionales. Sobre todo por la sensibilidad asociada a esta problemática cuando refiere a Rosario (y remite al peor momento de la violencia criminal) y también por el temor a un efecto contagio en otras jurisdicciones.

De hecho, la administración Pullaro logró zanjar el diferendo, escenificado en concentraciones y manifestaciones de agentes activos y retirados, con una importante mejora económica y en las condiciones de trabajo de la Policía.

El discurso oficial se centró en considerar de manera diferencial la situación en que los uniformados se encuentran (particularmente los efectivos que se trasladan desde el norte de la provincia) y el ímprobo esfuerzo desarrollado para enfrentar el desborde narco, pero inevitablemente las mejoras reverberaron en la mesa paritaria, como también lo hicieron en la comparación con la remuneración de las fuerzas federales.

En cualquier caso, el caudal de la oferta fue suficiente para conseguir al primer intento la aceptación por parte de los sindicatos que representan a la administración central, mientras aguarda la respuesta del sector de Salud (para el que también añadió un plus de reconocimiento por tareas especiales) y afronta ahora la disconformidad de los docentes.

El otro debate

Por lo demás, más allá de la cuestión estricta del nivel de las remuneraciones salariales (o los suplementos), las discrepancias con el sector docente transcurren por otros dos andariveles de extrema importancia: el "descalce" inicial que se reclama por montos de arrastre no compensados en el inicio de la gestión, y la dura confrontación por los efectos de la emergencia previsional dispuesta por la Provincia.

Al igual que otros sectores, los docentes llevaron el planteo ante la Justicia bajo la forma de recursos de amparo y planteos de inconstitucionalidad, ya asentados en el enervado terreno de la propia Corte Suprema, que se encamina a completar este año su conflictivo proceso de renovación.

El Poder Ejecutivo intentó una medida preventiva frente al riesgo de un eventual revés, que terminó operando como un "boomerang": recusó (esto es, pidió su apartamiento de la causa) a cuatro integrantes del tribunal, tres de los cuales son los últimos que dejarán el cargo a instancias del gobierno santafesino y en atención a superar la edad de 75 años que pone como tope la actual Constitución provincial.

Se trata nada menos que del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, de su antecesor en el cargo, Roberto Falistocco y del otro ministro santafesino, Eduardo Spuler. El cuarto recursado fue Rubén Weder, recientemente ingresado al Tribunal, pero que ya se encuentra jubilado, aunque con el cobro de haberes suspendido.

El gobierno invocó conflicto de intereses, y desató con ello una tan firme y unánime como imprevista respuesta del pleno de los ministros, que no solo rechazó la pretensión, sino que cuestionó los términos en que fue formulada.

En el proceso, el cuerpo mostró una señal de autonomía de criterio, cuya existencia ponían en duda quienes denunciaban la conformación de una pretendida "Corte de Pullaro", a la medida de sus intereses. Una imputación apresurada, que no sólo desconoce la inestabilidad natural de este tipo de alquimias, sino también los antecedentes y perfiles de los propios ministros, difíciles de conciliar con insinuaciones de parcialidad o sumisión.

El planteo fue tachado de extemporáneo (según pudo saber El Litoral, ya hay votos redactados), pero también de "vejatorio de la integridad moral de los miembros de esta Corte, por cuanto supone la espuria posibilidad de anteponer un interés personal en lugar de aplicar la Constitución y las leyes". Todo esto en la medida en que escapa a la taxatividad de las causales y actos que habilitan legalmente la recusación, al tiempo que se apoyan en "meras especulaciones".

Días después, al dar inicio al período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador anunció el cese del "aporte extraordinario" que pagan (y cuestionan) agentes ya jubilados, así como también un acortamiento del plazo de aplicación a los haberes de los pasivos de las mejoras salariales otorgadas a los activos. Precisamente, los puntos que se cuestionan en los amparos sobre los que está resolviendo la Corte.

Flexibilidades

Otra cuestión que se dirimirá en la semana tuvo, en el último tramo de la anterior, una manifestación que atraviesa transversalmente a la política santafesina y a la gestión de Unidos, y que es la sanción en el Senado de la reforma laboral, luego de las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados.

En esta agitada votación, desarrollada en medio de un paro de la CGT, de fuertes protestas en la explanada del Congreso y de incidentes dentro y fuera del recinto que hicieron correr riesgo a la sesión, marcó diferencias en el posicionamiento de los diputados santafesinos que integran el bloque de Provincias Unidas.

Luego de una decisión unánime de no facilitar el quórum, por el descontento ante el apresuramiento y la falta de un debate genuino propiciados por La Libertad Avanza, los legisladores acabaron votando en sentido opuesto: Gisela Scaglia (la ex vicegobernadora santafesina y actual titular de la bancada) y José Núñez, ambos del PRO, apoyaron la reforma en general. Los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías la rechazaron, conforme a la postura del partido.

Para el socialismo, el proyecto oficial "empeora las condiciones de trabajo de millones de personas y cristaliza las asimetrías y desigualdades actuales". Para Scaglia "seguir con una legislación que hace más de 20 años no genera empleo en blanco no es opción. No es una reforma perfecta, pero es el paso posible para que el corazón productivo de la Argentina vuelva a crecer".

Las diferencias y los matices, asumidos como tales y amparados en la democracia interna del bloque y de los espacios que nutren la coalición gobernante en Santa Fe no supusieron ninguna crisis, pero quizás habilite algunos interrogantes en futuros procesos preelectorales.

Desde el Ejecutivo santafesino, y sin representantes de su partido que pudieran responderle en el Congreso (como es el caso de otros gobernadores), el radical Maximiliano Pullaro siempre apoyó en términos generales la discusión de una modernización laboral; aunque sin entrar en los pormenores del proyecto en particular que auspició la Casa Rosada, salvo para rechazar la rebaja en el impuesto a las Ganancias, finalmente eliminada.

En todo caso, el mandatario prefirió poner el énfasis en la necesidad de una mirada productivista para la reactivación económica y la generación de empleo genuino, y en la contemplación de la situación de las pequeñas y medianas empresas, en un escenario signado por el cierre de industrias y la pérdida de puestos de trabajo.

Un desafío que, aquí sí de manera coincidente, las fuerzas políticas que integran el gobierno de Santa Fe entienden que no se resolverá con la ley a tratarse el próximo viernes en el Senado. Y que, como la crisis policial, la discusión salarial, las herramientas y dispositivos que despliega el gobierno provincial y la mirada sobre la gestión nacional, desafían los discursos y provocan temblores en el escenario político santafesino.