La conquista llegó… el desafío empieza

El artículo 123 de la última reforma de la Constitución Nacional sancionada en el año 1994 dispuso: "Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero".

La Constitución vigente de nuestra provincia databa del año 1962. A partir del año 1994, durante décadas, el municipalismo santafesino reclamó el reconocimiento de una realidad difícil de discutir: los municipios son los gobiernos más cercanos a los ciudadanos, los que conocen las necesidades de sus comunidades.

Sin embargo, esa cercanía no siempre estuvo acompañada por un marco institucional que reconociera plenamente su capacidad de decisión. La reforma constitucional de septiembre de 2025 modificó ese escenario, reconociendo la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Y la Ley de Municipios, Nº 14436, sancionada en junio de 2026, agregó un paso decisivo en ese régimen. Al fin se logró la tan ansiada autonomía municipal; pero surge una pregunta más importante que la propia conquista: ¿están los municipios preparados para ejercer la autonomía que durante tanto tiempo se reclamó?

La autonomía no es solamente más poder

En el debate público, la autonomía suele presentarse como una ampliación del poder municipal: más facultades, más decisiones, más libertad frente a la Provincia. Pero reducir el término autonomía a esos conceptos es, por lo menos, una simplificación peligrosa.

No debería concebirse como una autorización para hacer más cosas, sino como la posibilidad de decidir mejor sobre lo que afecta directamente a la comunidad. Un municipio autónomo debe poder definir sus prioridades, organizar su administración, establecer políticas públicas, administrar sus recursos y responder ante sus ciudadanos por los resultados.

No se trata solo de quién decide, sino de quién tiene la responsabilidad de hacerlo, con qué recursos y bajo qué controles. No existe verdadera autonomía cuando se transfieren responsabilidades sin recursos, ni cuando se otorgan recursos sin exigir resultados; y actualmente todavía el proceso está incompleto.

Todavía falta definir parte de los recursos, que se instrumentaría con la sanción de la ley de coparticipación. La autonomía, en definitiva, no es solamente más poder. Es más capacidad de decisión, más responsabilidad y más compromiso con los ciudadanos.

El verdadero desafío: la capacidad de gestión

La autonomía puede reconocerse en una Constitución y reglamentarse en una ley. Pero su resultado concreto dependerá de algo que ninguna norma puede garantizar por sí sola: la capacidad de gestión.

Un municipio autónomo debe planificar, presupuestar, recaudar, administrar, contratar, controlar y evaluar, con información confiable, procedimientos adecuados, personal capacitado y tecnología que transforme los recursos públicos en servicios para la comunidad.

No puede construirse sobre la improvisación ni sobre la idea de que gobernar consiste en atender solo las urgencias del día, pues una administración que únicamente reacciona, sin planificar ni evaluar, difícilmente aproveche las oportunidades de un nuevo régimen institucional.

La gestión del siglo XXI exige pasar de la administración de expedientes a la gestión de resultados, y de la decisión aislada a la planificación estratégica.

Esto no desconoce las dificultades de muchos municipios santafesinos: la provincia tiene ciudades de muy distinta dimensión, capacidad económica y estructura administrativa, y no puede exigirse el mismo modelo de gestión a una gran ciudad que a una pequeña comunidad.

Por eso, la autonomía debe acompañarse de fortalecimiento institucional: capacitación, asistencia técnica, modernización administrativa, cooperación entre municipios. El desafío no es que todos sean iguales, sino que todos puedan ejercer sus responsabilidades con dignidad y capacidad suficiente.

Sin control no hay verdadera autonomía

Hay un aspecto que merece atención especial: el control. En ocasiones se lo presenta como un obstáculo o una exigencia burocrática que demora las decisiones. Esa mirada debe revisarse. El control no es lo contrario de la autonomía. Es una de las condiciones que hacen posible su legitimidad.

Un municipio autónomo administra recursos públicos y decide sobre obras, servicios, contrataciones y políticas que afectan a toda la comunidad. Por lo tanto, debe poder explicar qué decide, por qué, cuánto cuesta y cuáles son los resultados.

La autonomía no puede significar exención de controles; por el contrario, debería impulsar controles internos eficaces, externos independientes, rendición de cuentas ante los Concejos Municipales e información pública accesible.

La responsabilidad fiscal obliga, además, a pensar la autonomía más allá de la disponibilidad inmediata de recursos: ¿puede un municipio sostener una política en el tiempo, financiar sus obligaciones sin comprometer el futuro, recaudar de manera justa y eficiente?

Estas preguntas no limitan la autonomía, la fortalecen. Un gobierno que decide sin control puede tener poder; uno que decide, administra y rinde cuentas construye confianza.

El desafío legislativo local que viene

La autonomía municipal no termina en la Constitución ni en la Ley de Municipios: también debe expresarse en el ámbito local, donde los Concejos Municipales tienen la tarea de revisar y repensar el ordenamiento normativo de cada ciudad. Las ordenanzas no pueden seguir siendo solo instrumentos para resolver cuestiones puntuales.

En un municipio autónomo, las ordenanzas deben convertirse en herramientas de gobierno, planificación, organización y control, revisando las normas de organización administrativa, administración financiera, tributación municipal, contrataciones públicas y mecanismos de control.

La Ley Nº 14436 establece el marco general del régimen municipal, pero el desarrollo de la autonomía requerirá también decisiones normativas en cada localidad.

Su calidad no dependerá solo de las facultades recibidas de la provincia, sino también de las ordenanzas que los propios Concejos sean capaces de sancionar. Una mala norma dificulta la gestión; una incompleta genera incertidumbre; una moderna y técnicamente fundada puede ser decisiva para la comunidad.

Es la oportunidad de construir las reglas que permitan que la autonomía deje de ser una aspiración y se transforme en una práctica institucional cotidiana.

Los municipios del siglo XXI

Esta es una clara e inobjetable oportunidad para construir los municipios del siglo XXI. La autonomía llega cuando las ciudades enfrentan problemas que ya no pueden resolverse con herramientas tradicionales: el crecimiento urbano, la movilidad, los residuos, el ambiente, la infraestructura, la digitalización y el desarrollo económico exigen nuevas formas de gobernar.

Puede ser una oportunidad extraordinaria, pero solo si se usa para modernizar la gestión. Un municipio del siglo XXI debería conocer su territorio, identificar sus necesidades y establecer prioridades con fundamento, con información para decidir dónde invertir y qué servicios fortalecer.

También debería entender que el desarrollo local no depende exclusivamente de sus límites territoriales. La nueva Constitución promueve regiones, áreas metropolitanas, acuerdos interjurisdiccionales y la asociación intermunicipal para gestionar intereses comunes.

Esto último abre una perspectiva valiosa, porque muchas dificultades -el transporte, el ambiente, la infraestructura regional, el desarrollo económico- no se detienen en los límites administrativos y requieren decisiones compartidas.

La autonomía no debería conducir al aislamiento, sino favorecer una cooperación más equilibrada: no se trata solo de tener municipios más independientes, sino más inteligentes, eficientes, transparentes y cercanos a la sociedad.