El fracaso de la Constitución de 1826

Por Ana María Cecchini de Dallo (*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.

La memoria de los fracasos debe traerse al presente, ya que de ellos es posible aprender. El partido unitario, cuyos orígenes pueden rastrearse en el pensamiento de algunos hombres de mayo, en la idea de que sólo Buenos Aires podía dictar las políticas a seguir en el Río de la Plata tuvo su consolidación durante el ciclo rivadaviano. A partir de la firma del Tratado del Cuadrilátero, Bernardino Rivadavia construyó su poder desde el ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En su estrategia estuvo la convocatoria del Congreso en 1824, cuya apertura solemne fue el 16 de diciembre.

La composición inicial del mismo contó con ocho de los nueve diputados electos por Buenos Aires; uno por Córdoba; dos por Mendoza; dos por San Juan; tres por Santiago del Estero; dos por Tucumán; dos por Salta y dos por Entre Ríos; uno por Corrientes; uno por Jujuy y uno por Misiones. Santa Fe tuvo demoras en la elección, por la dificultad para encontrar candidato. El Congreso se declaró legislativo y constituyente, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires le urgió la creación de un poder ejecutivo nacional.

El 8 de febrero de 1826, Rivadavia se convirtió en presidente de la Nación y tomó medidas contradictorias con el proyecto federal, a pesar de lo sostenido por la Ley fundamental respecto de que la Constitución a dictarse tenía que ser aceptada por todas las provincias. La facción unitaria, para asegurarse el dominio del Congreso, duplicó el número de diputados por provincia, lo cual favorecía exclusivamente a Buenos Aires, ya que sus diputados vivían en ella y se incorporarían de inmediato, restándole la mayoría a las demás provincias que se demorarían en enviar a sus representantes.

En diciembre de 1826, con mayoría, los unitarios lograban la sanción de su constitución. Ella era moderna para su tiempo, aseguraba la libertad e independencia de toda dominación extranjera, y establecía el sistema de gobierno representativo y republicano, pero, en contra del sentir de las provincias, establecía un régimen de carácter unitario y centralista. El Poder Ejecutivo estaría a cargo de un presidente (que duraría 5 años en su cargo) y al Poder Legislativo, bicameral, lo integrarían diputados -elegidos por ciudadanos cuyo voto era calificado en orden a sus ingresos económicos- y senadores, en representación de las provincias. Las provincias tendrían un gobernador, que sería elegido por el presidente y dependería de este último. Naturalmente, fue rechazada por las provincias.

Representación santafesina

La elección del diputado, como se dijo, llevó bastante tiempo, por las reiteradas renuncias de los electos. Finalmente el cura José de Amenábar aceptó y recibió las instrucciones de la Junta de Representantes relativas a la forma de gobierno. Las intervenciones de Amenábar, precisas y claras, apuntaron críticamente a la dilación que supuso la re-consulta a las provincias sobre la forma de gobierno, a pesar de la vertida en las instrucciones. Señaló, además, en su discurso, que era más útil apresurar la organización debatiendo formas de combinación entre los dos sistemas en pugna.

Amenábar fue reemplazado por Latorre y José Elías Galisteo, quienes el 19 de abril de 1826 informaron a la Junta de Representantes sobre la evolución del Congreso. En el memorándum expresaban que las provincias de Córdoba, Santiago, Mendoza y San Juan se habían pronunciado por la Federación, en tanto que Salta, La Rioja y Tucumán por la unidad, si bien la última aceptaba la Federal, si el Congreso la adoptaba.

En cuanto a Catamarca, San Luis, Corrientes y Misiones, adherirían a lo que determinara el Congreso. Entre Ríos sólo manifestó que aspiraba a un gobierno republicano. La provincia Oriental, representada pero ocupada por los portugueses, se preparaba para la guerra de expulsión, pero no se había pronunciado sobre la cuestión de la forma de gobierno.

Los diputados santafesinos comunican que "bajo los terribles halagos y destinos públicos" con que el Ejecutivo titulado Nacional - aludiendo al presidente Rivadavia-, electo por el Congreso, ha procurado "ganar la voluntad de los diputados, ha convertido sus opiniones en inestables, tanto como pueden sostener su dignidad y fortaleza por sus deberes". "Solo los que suscriben tienen la satisfacción de no haber entrado en tan degradantes planes", agregan, "aunque se ha intentado seducirlos".

A modo de ejemplo mencionan que los diputados de las provincias de Mendoza y San Juan han contrariado su primer pronunciamiento, y piden ahora la unidad. Esta primera comunicación describe una realidad gravísima, el uso del soborno político, mediante prebendas, para lograr que los diputados traicionen los intereses de sus provincias.

El rechazo en Santa Fe

Finalmente el 18 de enero de 1827 llegó la nueva Constitución para ser analizada. En marzo la Junta constituyó una comisión compuesta por Francisco de la Quintana, Urbano de Iriondo y Pedro Tomás de Larrechea, que elaboró un informe sobre la misma.

La elección del diputado, como se dijo, llevó bastante tiempo, por las reiteradas renuncias de los electos. Finalmente el cura José de Amenábar aceptó y recibió las instrucciones de la Junta de Representantes relativas a la forma de gobierno. Las intervenciones de Amenábar, precisas y claras, apuntaron críticamente a la dilación que supuso la re-consulta a las provincias sobre la forma de gobierno, a pesar de la vertida en las instrucciones. Señaló, además, en su discurso, que era más útil apresurar la organización debatiendo formas de combinación entre los dos sistemas en pugna.

Este destaca la prudencia y moderación puesta de manifiesto por la provincia "no obstante la marcha observada desde los primeros pasos por el Soberano Congreso General Constituyente [que], saliendo del círculo de sus atribuciones, ha capitalizado a Buenos Aires, nombrado un presidente permanente, establecido un Banco Nacional y otras varias medidas" que en nada conformaban a las instrucciones expedidas a los diputados. Sin duda poco podía esperarse respecto de la Constitución que se requería desde las provincias.

La Junta de Representantes concluyó que "es inadmisible el Código Constitucional dado el 24 de diciembre último, por estar fundado en la forma de unidad, que es contraria al voto de la provincia, y no presentar la menor garantía a la libertad, ni a la inmunidad y pureza de la Religión Católica, Apostólica y Romana, única verdadera".

Se declaró independiente pero comprometida a prestar "una cooperación activa a la defensa en que está empeñada la provincia Oriental, y a sostener la integridad del territorio contra el que intente atacarlo". En mayo de 1827, se comunicó lo resuelto al gobernador Estanislao López.

Aceptó la posibilidad de un nuevo congreso que promovió Córdoba, que se sugería se realice en la capital de Entre Ríos, con un solo diputado por provincia, atendiendo a la escasez de los fondos nacionales.

A fines de 1825 había comenzado la guerra con Brasil, Rivadavia buscó una tregua con resultados calamitosos, cuyas condiciones fueron rechazadas drásticamente por las provincias. Este fracaso fue su derrumbe, ya que renunciaría el 27 de junio de 1827. Su experimento unitario dejó a la Nación en guerra exterior y al borde de una nueva lucha interior.