La agenda del Congreso compromete al Gobierno

El Gobierno Nacional espera que el Congreso respalde el proyecto de presupuesto de gastos y recursos para 2025, que deberá presentar antes del 15 de septiembre y que tiene como ejes centrales garantizar el equilibrio financiero, reducir el endeudamiento y contribuir a reducir el riesgo país.

En ese sentido, las proyecciones de superávit primario deberán ser suficientes para cubrir los intereses de la deuda y evitar su crecimiento, mientras que se apunta a que el desempeño de la macroeconomía resulte funcional a la reinserción en los mercados internacionales.

A tales efectos, será fundamental el estricto control sobre el gasto público y el funcionamiento de topes en la disposición de recursos; sólo revisables en la medida en que la recaudación mejore.

Tales son los principios que el Gobierno buscará cristalizar en la ley de leyes, pero que en muchos casos implican recortes o restricciones que generan resistencia en distintos sectores políticos, en tanto comprometen prestaciones sustanciales para la comunidad.

Con agenda propia

La asignación de los gastos atravesará entonces el debate de las partidas asignadas a cada uno de los rubros y la forma de implementación. Pero adelantando esa discusión de fondo en el contexto del cálculo presupuestario integral, el Congreso ya buscó establecer sus términos en cuestiones cruciales, que comprometen los cálculos de Economía en base a consideraciones que exceden la fría planilla de cálculos. Y eso involucra asuntos tan sensibles como las jubilaciones y el financiamiento universitario, que ya han tenido curso en el recinto de las cámaras, además de los fondos reservados destinados a las tareas de inteligencia de la SIDE, fijados por DNU.

En ese orden, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada y giró al Senado el proyecto de financiamiento para las Universidades Nacionales que obliga al Gobierno Nacional a garantizar las partidas para las Universidades Nacionales y establece un mecanismo para el aumento de los salarios de los docentes y no docentes. El proyecto contó con el voto favorable de los bloques de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica, y Unión por la Patria y, si se convierte en ley, colocará al Ejecutivo en la disyuntiva de vetarlo, con el doble riesgo de impactar de manera negativa en una materia que logró movilizar a buena parte de la sociedad (y que en gran medida coincide con los sectores que conforman su electorado) y de una eventual insistencia legislativa que termine consagrando la norma a pesar de ello.

Jubilaciones y Cajas

Otro tanto ocurre con la iniciativa opositora para modificar el cálculo de la movilidad jubilatoria, que tiene media sanción y que los senadores opositores pretenden convertir en ley dentro de una semana.

Con ese plazo, que consiguió estirar un poco más de lo previsto originalmente, el Gobierno intenta lograr un acuerdo para modificar lo votado en Diputados y devolverlo en revisión. El texto dispone la actualización de las jubilaciones por el índice de precios al consumidor (IPC) y el reconocimiento de una recomposición por la diferencia entre el 20,6% de la inflación de enero y el 12,5% abonado por el Poder Ejecutivo cuando actualizó los haberes por decreto en abril último. Pero también, en una de las cláusulas más resistidas por el oficialismo, la que obliga a la Nación a cancelar, en un plazo de seis meses prorrogable por igual plazo de tiempo, las deudas con las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones. Tal el caso de Santa Fe, que llevó ante la Corte nacional un nuevo reclamo (que se suma a la deuda histórica) por 70 mil millones de pesos adeudados por Ansés sólo en los primeros seis meses de este año.

Fondos con reservas

En tanto, el debate sobre los fondos para la SIDE estallará esta misma semana en la Cámara de Diputados, en la sesión especial pedida por la oposición para derogar el DNU que le otorgó sumas millonarias a la nueva estructura de inteligencia y que no pudo llevarse a cabo la semana pasada. A la vez, casi en simultáneo, se conformará la Comisión Bicameral que debe controlar los gastos reservados, cuya conducción es eje de disputas.

La solicitud de sesión provino de los bloques de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y algunos radicales y, considerando el antecedente de la sesión sobre presupuesto universitario, basta para inquietar al oficialismo por la posibilidad de que con la concurrencia de Unión por la Patria podrían alcanzar quórum y los votos para derogar ese Decreto de Necesidad y Urgencia.

A tal efecto, podría ser determinante, y acaso también prenda de negociación, la definición de las autoridades de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que se producirá un día antes, el martes a las 14. A los dos principales candidatos, Martín Goerling (PRO), que contaría con el respaldo de Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, y Edgardo Kueider (Unidad Federal), que vendría con el aval de Santiago Caputo, se sumaría la pretensión del jefe radical Martín Lousteau de terciar en la contienda.

Los demás senadores que integran la comisión son Edith Terenzi (Cambio Federal); Oscar Parrilli, Eduardo "Wado" de Pedro y María Florencia López por el kirchernismo; y los diputados de UP Germán Martínez, Paula Pennaca y Leopoldo Moreau; de LLA Gabriel Bornoroni y César Treffinger; Cristian Ritondo (PRO) y la radical Mariela Coletta.

Fuentes de Encuentro Federal, el espacio liderado por Miguel Pichetto y principal impulsor de la sesión del miércoles para derogar el DNU, insisten en que no se puede asignar la suma adicional de 100 mil millones de pesos sin una ley del Congreso, y cuentan con lograr la derogación.

Marco normativo

El DNU puede tratarse en el recinto de sesiones debido a que ya se venció el plazo de diez días que tenía la Comisión Bicameral Permanente para emitir el respectivo dictamen.

La ley 26122 fija que vencido el plazo para emitir dictamen las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional. .

De todos modos, si los diputados derogan el DNU seguirá vigente hasta que no tome la misma medida el Senado Nacional. .

En ese sentido, la ley fija que el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.