En la provincia de Santa Fe existen límites que deben tenerse en cuenta al proyectar defensas, en particular en una zona como la costa oeste de Arroyo Leyes, donde hay viviendas construidas sobre terrenos expuestos a las crecidas del Paraná. Desde la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas señalaron que cada sector requiere una evaluación de sus condiciones naturales y de las autorizaciones otorgadas para ocuparlo.
Arroyo Leyes: cuáles son los límites legales y técnicos para construir defensas en zonas inundables
Desde Provincia se detalló las restricciones que fija la Ley 11.730 para hacer o financiar obras donde hay cauces de agua, y cuáles son las objeciones al proyecto que se licitó hace 3 años. El secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich, advirtió que las obras deben respetar el paso del agua y evitar que se siga urbanizando en terrenos inundables.

“Hay que revisar dónde se construyó, cuándo se ocuparon esos terrenos y qué permisos se dieron. Son lugares por donde el agua pasa o se acumula cuando el río crece, y eso debe tenerse en cuenta antes de definir una obra”, explicó el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich.

Qué establece la ley
La Ley provincial 11.730 distingue tres áreas: los cauces y cuerpos de agua permanentes (Área I); los terrenos por donde pasan o se almacenan las crecidas, considerados zona inundable (Área II), y otras zonas con riesgo de inundación (Área III).
En el Área II están prohibidas las obras y actividades que impidan el escurrimiento natural. Las construcciones requieren autorización de Provincia, y deben cumplir las condiciones previstas para permitir el paso del agua y ser compatibles con el riesgo de inundación.
“El artículo 18 establece que la Provincia no puede hacer infraestructura básica ni defensas en beneficio de ocupaciones o construcciones no permitidas en las áreas I y II que se hayan realizado después de la publicación de la cartografía. En Arroyo Leyes hay que considerar los mapas publicados en 2014 y revisar la situación de cada lugar”, señaló Mijich.

Quién autoriza y controla las construcciones
Los permisos de edificación, el control de las construcciones y la regulación local del uso del suelo corresponden, en primera instancia, al gobierno local. La Provincia evalúa el riesgo hídrico y el impacto de las intervenciones en el movimiento y la acumulación del agua.
La Ordenanza Comunal Nº 01/1996 y sus modificaciones establecen una cota mínima de edificación de 17 metros, cuyo cumplimiento debe controlar el gobierno local. El crecimiento residencial sobre terrenos inundables pone en evidencia la necesidad de revisar cómo se autorizaron y controlaron esas construcciones, incluso en tierras parceladas con anterioridad para usos turísticos o de otro tipo. Hoy, numerosas familias viven en sectores muy vulnerables a las crecidas. Cumplir con la cota de edificación no reemplaza las restricciones que establece la ley provincial para urbanizar esas áreas.

El Reglamento de Loteos y Urbanizaciones de Arroyo Leyes también establece esa cota mínima de 17 metros. “Construir a esa altura no significa que cualquier terreno sea apto para urbanizar. También hay que ver dónde está y si cumple con las restricciones de la ley provincial”, aclaró el funcionario.
La regulación se inscribe en el marco del financiamiento del Banco Mundial para obras contra las inundaciones, en 1999. La Ley 11.730 fue reglamentada en 2003. Además de ejecutar obras de defensa, la Provincia debía acompañarlas con una adecuada regulación del uso y la ocupación de las planicies de inundación. El objetivo era evitar que la infraestructura generara una falsa sensación de seguridad y propiciara nuevas urbanizaciones en terrenos que siguen expuestos al riesgo de inundación.
Las objeciones al proyecto que fuera licitado
Desde Recursos Hídricos advirtieron que el proyecto licitado en 2023 desplaza el trazado de la defensa hacia el interior del río, sobre terrenos que forman parte de su funcionamiento natural.
“Si llevamos la defensa hacia terrenos más bajos, necesitamos un terraplén más alto. Además, hay que resolver cómo sacar el agua de lluvia que queda adentro, con estaciones de bombeo y desagües de mayor tamaño que después deben mantenerse en funcionamiento”, explicó Mijich.

La Secretaría de Recursos Hídricos también señaló que ampliar la superficie protegida podría favorecer nuevas urbanizaciones en terrenos inundables. Eso aumentaría la cantidad de personas expuestas si la defensa falla o resulta insuficiente.
“Tenemos que evaluar una solución que proteja a la población y respete los espacios que el río necesita durante una creciente. Eso debe ir acompañado de reglas y controles para que no se siga construyendo en zonas de riesgo”, sostuvo el secretario.








