La ilusión del progreso apolítico, de que todo se reduce a ofertas y demandas (y precios), queda desmentida por la legislación de los países, que no es otra cosa que una consecuencia de la actividad política y de la negociación. Y, por qué no, del poder de lobby de un sector económico.
Biocombustibles: cuando los votos de Santa Fe y Córdoba se hacen valer
Lo que desde el interior productivo del país no se logró en 2023 ahora tiene chances de comenzar a concretarse: que el biodiésel y el bioetanol se defiendan en el Congreso.

Para decirlo con mayor crudeza: en 2023 los productores petroleros contaron con un fuerte mecanismo de presión sobre los legisladores nacionales y, en cambio, los de los combustibles verdes no.

En aquel año venció una ley que había fijado ventajas impositivas y mecanismos de promoción para el biodiésel santafesino y el bioetanol cordobés y tucumano.
Las enormes antipatías y prejuicios del kirchnerismo con el sector agropecuario y hasta la procedencia geográfica de ese apellido contribuyeron a que una buena ley (elaborada precisamente por el gobierno de Néstor Kirchner) sea reemplazada por otra, realmente mala.

Se perdió la senda para una progresiva sustitución de combustibles contaminantes por otros verdes, que además ahorran dólares en la balanza de pagos del país. La norma vigente se aprobó con votos K que fueron a contramano de su propia historia a favor de las industrias.
Oportunidad
La proporción de líquidos de origen oleaginoso en el caso de esta provincia y de la caña y el maíz en el de las otras mencionadas crea industrias en el interior del país. Y en muchos casos, una planta de biodiésel o de bioetanol es la única empresa industrial de infinidad de localidades pequeñas.

Y lo mismo sucede con las grandes aceiteras ubicadas cerca de los puertos santafesinos del sur, que nacieron amparadas por la ley que no se renovó sino que se empeoró y generó luchas hacia adentro del sector entre mega jugadores y Pymes.
Los mayores productores de biodiésel se ubicaron entre los campos y el mercado mundial, es decir, en la zona portuaria santafesina con la mira puesta en las exportaciones. Pero luego el mundo (decisiones políticas mediante) se fue cerrando.
Y ese proceso de pérdida de mercados externos es incluso anterior al gobierno de Trump en Estados Unidos que hizo de las barreras arancelarias parte de su cambiante y por momentos impredecible política exterior.
Un escenario interesante
¿Qué sucedió esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación? Que comenzaron a formarse las condiciones políticas para iniciar un proceso que cambie una pésima ley para Santa Fe, para Córdoba y para Tucumán. Pero también para otras provincias como Buenos Aires, Salta y Entre Ríos.
Provincias Unidas es el eje de ese polo de legisladores para cuidar a las industrias que necesitan de una porción de los combustibles que cargan todos los argentinos en sus vehículos, el llamado “corte verde obligatorio”.

Los demás son sectores parlamentarios que confluyeron para que se caiga una sesión, han sido o serán aliados circunstanciales.
El bloque del kirchnerismo parece dispuesto a desdecirse y colaborar con una legislación mejor para los biocombustibles, pero fue quien precisamente tres años atrás perjudicó al sector de las energías amigables con el medio ambiente. Hasta ahora, por atendibles razones políticas, hay más chances de consenso.
Y a esas fuerzas pueden sumarse más expresiones provinciales, incluso se advierte cierta transversalidad silenciosa que permite que hasta en el oficialismo más duro, donde se promueve la concentración del sector bajo la excusa de una competencia que finalmente es entre desiguales, pueda haber quienes piensen en términos más prácticos en los intereses concretos de sus provincias.
Al gobierno nacional de La Libertad Avanza le han sobrado pretextos para mantener la ley que le dejó el kirchnerismo, que le despeja lugar en el precio final por litro para subir los impuestos. Nadie se ha “cortado un brazo” a la hora de aumentarlos en los surtidores.
Más impuestos, menos bio
Desde que comenzó la actual gestión libertaria los impuestos nacionales a los combustibles subieron un 1.260% en términos nominales y eso superó en un 240% en términos reales a la inflación. Así, la carga tributaria específica de la Casa Rosada duplicara su peso en el ticket final al cargar nafta o gasoil.
(Es harina de otro costal la discriminación a las provincias porque con esos recursos dejaron de financiarse los colectivos en cualquier otra ciudad que no se llame Buenos Aires o su Conurbano, y ni que hablar de las obras de mantenimiento que bajaron a cero en las rutas nacionales y solo se han movido a fuerza de fallos judiciales y amparos).
Una lectura infantil de la actividad parlamentaria consiste en reducir el debate político a la productividad laboral. Un legislador nunca será igual a un trabajador (y viceversa). Se llame Legislatura de Santa Fe, Concejo Municipal de la ciudad más pequeña o Congreso de la Nación, la ausencia de un legislador en una sesión es casi siempre un hecho político.
Todo sería tan fácil si solo se tratara de cumplir un horario o tener contracción a la labor legislativa...
Como en toda actividad humana, hay legisladores, parlamentarios y ediles que ocupan más o menos su tiempo en la vida de esos cuerpos deliberativos, y tienen un compromiso mayor o menor, pero los hechos políticos no se explican por problemas a solucionar con un riguroso jefe de personal. Es una mentira muy popular, eso de “no van a la sesión porque no quieren trabajar”.
Aprovechar las circunstancias
Esta semana, Provincias Unidas hizo pesar su número escueto y no dio quorum en una sesión de alto interés público para acomodar al gusto del gobierno nacional las leyes electorales y en 2027 suspender las PASO.
Las circunstancias del propio oficialismo desairado (al que le faltaron también legisladores seguramente por razones políticas) dieron más espalda a los encabezados por la diputada nacional Gisela Scaglia, la ex vicegobernadora de Santa Fe.
Es cierto, también que en la decisión de no ocupar las bancas (y mostrarse ante la prensa en el Congreso) obedeció en parte a la puja por un lugar de poder en el Consejo de la Magistratura (no es una lucha por “un carguito” como se repite sin elementales conocimientos en redes). Y por supuesto, no dar quórum es parte de las reglas del juego parlamentario.
Todo indica que se usó para presionar por los dos temas: que el bloque tenga los lugares que le corresponden por su número y que haya avances sobre una legislación que se demora demasiado y las plantas de biocombustibles no pueden esperar más.
El mensaje de las provincias de Santa Fe y Córdoba (otras irán coladas) es claro: se debe completar la reforma que se inició en el Senado de la Nación para que la ley de biocombustibles sea mejor que la que se aprobó, contra la opinión del sector, en 2023.








