Diputados pone en agenda herramientas para seguridad pública y mecanismos de participación ciudadana

La Cámara de Diputados de Santa Fe volverá a sesionar este jueves con varios proyectos con tratamiento preferencial y solicitudes sobre tablas pero, en la previa, convocó a dos plenarios de comisiones para analizar proyectos que el interbloque de Unidos resolvió acelerar en el tratamiento.

Se trata del mensaje del Poder Ejecutivo titulado "herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública" y, una iniciativa ya votada por el Senado por el cual se regulan los mecanismos de participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia directa y promover la intervención activa de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno.

Para ambos temas, la Comisión de Asuntos Constitucionales citó a reuniones plenarias este jueves. La primera será con la Comisión de Seguridad Pública para analizar el mensaje del Poder Ejecutivo. Para el segundo tema, el plenario será entre Constitucionales y Derechos y Garantías.

Voceros parlamentarios de Unidos dijeron que habrá nuevas conversaciones entre socialistas y radicales este miércoles sobre ambos temas buscando un texto que sintetice las posturas de los sectores mayoritarios del oficialismo.

Las herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública es un mensaje remitido en mayo último por el Poder Ejecutivo. La propuesta modifica varias leyes vigentes "con el común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta".

Las normas a reformar son el régimen procesal penal, el régimen penitenciario, el sistema de inteligencia y el programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, "ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho", señala el mensaje en sus fundamentos.

El extenso proyecto del Poder Ejecutivo generó discusiones internas en el oficialismo. La comisión de Seguridad Pública presidida por el radical Martín Rosúa empezó el análisis y las consultas con los distintos sectores. La decisión es avanzar en temas que no generen controversias ni en el oficialismo ni en bloques de la oposición. Para mañana se esperan reuniones bilaterales entre socialistas y radicales para pulir el texto.

Es poco probable que el tema llegue al recinto este jueves, pero el objetivo central es tener fecha cierta de tratamiento en el mes de octubre. El proyecto introduce herramientas específicas para supuestos de criminalidad organizada, violencia estructural y situaciones de urgencia operativa.

Uno de los temas que genera mayores dudas es la restitución de la figura de la declaración informativa en sede policial, pensada para los primeros momentos investigativos. Además pretende habilitar el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y eliminar la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.

Participación

El otro proyecto en cuestión se deriva de la reciente reforma constitucional ya que apunta a regular los mecanismos de participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia directa y promover la intervención activa de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno.

El proyecto es del senador por La Capital, el socialista Julio Francisco Garibaldi y fue votado por el Senado. Apunta a regular la iniciativa popular; el referéndum; la consulta popular; la revocatoria de mandato; las audiencias públicas; las propuestas ciudadanas; y los desafíos públicos.

Este tema tiene tratamiento preferencial para este jueves y será discutido en plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías. En la Cámara de Diputados se resolvió la discusión de la media sanción del Senado con otros cuatro proyectos propios de integrantes del cuerpo.

Uno de ellos fue presentado por la justicialista Lucila De Ponti y gran parte del justicialismo regulando la participación ciudadana. Otro es de la socialista Lionella Cattalini que reglamenta las audiencias públicas. Se agregaron al tratamiento una iniciativa de la socialista Sofía Masutti para crear el Consejo Provincial de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo prevé como ámbito institucional permanente de participación ciudadana, consulta y construcción democrática destinado a promover el ejercicio efectivo del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a participar en los asuntos públicos, políticos, programas y decisiones que impacten en sus vidas y comunidades.

La cuarta propuesta también es socialista y la firma Gisel Mahmud. En este caso crea la Asamblea Provincial de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia.

Preferencias

La Cámara de Diputados reservó con tratamiento preferencial para esta semana ocho proyectos que requieren los respectivos dictámenes de comisiones.

Se destaca el mensaje del Poder Ejecutivo para definir los alcances del proceso Contencioso Administrativo donde, en principio, la decisión de la Cámara es ratificar lo votado oportunamente, por unanimidad, no haciendo lugar a las reformas introducidas por el Senado.

Otro de los temas con preferencia es del socialista Joaquín Blanco estableciendo la creación de la Tarifa de Movilidad Eléctrica de la EPE destinada a la carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

En tanto, del diputado Rosúa, reclamando a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que remita información y documentación pública vinculada con la causa judicial individualizada en la nota periodística que refiere a una resolución judicial dictada por la jueza de menores María Dolores Aguirre Guarronchena, declarando la nulidad de detención e investigación desarrolladas con intervención del sistema Lince.