Propuesta del Ejecutivo para dictar el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe

El Poder Ejecutivo de Santa Fe sumó a la agenda parlamentaria del fin de año legislativo el mensaje con el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial con "el objeto de modernizar el régimen vigente, adecuarlo a las necesidades actuales y consolidar un modelo de justicia más accesible, ágil, transparente y eficaz".

La iniciativa llega a Legislatura después de un extenso debate en cátedras y en comisiones que coordinó el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. El Código procesal vigente es de 1961, en el medio, se dictó un nuevo código de fondo que reemplazó el dictado por Dalmacio Vélez Sársfield y que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. El viejo Código de Vélez Sársfield fue aprobado a libro cerrado por el Congreso y rigió durante 144 años. Empezó a aplicarse el 1 de enero de 1871.

No es el primer intento de modernizar el Código Procesal Civil y Comercial santafesino. En 2019 hubo un mensaje del Poder Ejecutivo, hubo audiencias públicas para llevar el tema al recinto pero no se llegó a sancionar. Antes y después hubo varios proyectos para conformar comisiones que trabajen en una propuesta de dictar un nuevo Código.

Ahora, el mensaje enviado al Senado lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

Para la confección del proyecto, el Poder Ejecutivo partió de una premisa central: el proceso constituye una herramienta al servicio de la tutela judicial efectiva y, como tal, debe contribuir a que los conflictos sean resueltos en un tiempo razonable. Por ello, la actualización integral del Código Procesal Civil y Comercial "constituye una decisión de especial relevancia institucional y social".

El código vigente, sancionado en el año 1961, fue objeto de sucesivas modificaciones a lo largo de las décadas. "Requiere una revisión integral que permita armonizar sus disposiciones y ofrecer reglas procesales claras, coherentes y acordes con las transformaciones producidas en la sociedad, en la actividad judicial y en las herramientas tecnológicas disponibles", señala.

El proyecto no se limita a introducir modificaciones aisladas en la legislación existente, sino que propone un nuevo marco normativo para el desarrollo de los procesos civiles y comerciales en la Provincia. "Su finalidad es fortalecer la tutela judicial efectiva, optimizar la gestión de las causas, favorecer la conciliación y la resolución temprana de los conflictos y reducir demoras y cargas procesales que no contribuyan a una adecuada solución de las controversias", remarca.

Destaca que la reforma planteada se orienta a que el proceso judicial sea un instrumento efectivo para la protección de los derechos de las personas. "Un sistema procesal moderno debe permitir que quien acude a la justicia conozca con claridad las reglas aplicables, pueda ejercer plenamente su derecho de defensa, participe de un proceso conducido de manera ordenada y obtenga una respuesta fundada sin dilaciones innecesarias. La simplificación de los trámites, la previsibilidad de las etapas procesales y el mejor aprovechamiento de los recursos judiciales contribuyen, a su vez, a brindar mayor seguridad jurídica y a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

Clave

"La sanción de este Código constituye una inversión institucional en la calidad del servicio de justicia y una oportunidad para adecuar sus reglas a las necesidades actuales de la sociedad santafesina. La consolidación de un sistema procesal moderno, coherente y accesible procura fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la respuesta jurisdiccional y garantizar condiciones más efectivas para el ejercicio de los derechos", dice el mensaje del Poder Ejecutivo.

Siete ejes

En el mensaje a Legislatura, el Poder Ejecutivo destaca siete aspectos centrales que se proponen en el proyecto de Código.

* Nueva concepción del proceso: promueve un cambio esencial de perspectiva al pasar de una lógica puramente formalista y de numerus clausus de ancestrales códigos manuales donde el conflicto se debe adaptar al proceso establecido, a un moderno código procesal civil troncal, con característica únicas en la República Argentina, orientado a la gestión del conflicto y a la obtención de una respuesta judicial útil, oportuna y fundada, donde la concentración, la oralidad, la simplificación, la adaptabilidad y la flexibilidad se integran como elementos de una misma concepción instrumental.

El proyecto adopta un diseño reducido, general y programático, legisla para lo abarcativo y no para lo particular, delimita su objeto y evita de esta manera incorporar al Código normas propias de la organización del servicio de justicia, entendiendo que su estructura y organización corresponden a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a las normas que en el futuro puedan modificarla o sustituirla.

* La oralidad como herramienta para una justicia más ágil y cercana: así procura consolidar normativamente el modelo de la oralidad, de modo que no dependa exclusivamente de prácticas de gestión o de instrumentos de implementación, sino que encuentre sustento en las reglas del propio Código.

* Modernización de los actos procesales y transformación digital: incorpora la gestión digital a la regulación procesal, adecuando sus disposiciones a las modalidades de tramitación que se han venido implementando en la práctica judicial.

* Mayor eficacia en la producción y valoración de la prueba: sistematiza las reglas generales en la materia y regula los distintos medios probatorios, entre ellos la declaración de parte, la prueba documental, la inspección judicial, los informes, la prueba pericial y la testimonial.

Así el régimen probatorio procura incorporar al proceso la realidad del siglo XXI y reconocer de manera adecuada el entorno digital en el que se desarrollan buena parte de las relaciones jurídicas.

* Simplificación de la estructura procesal y adecuación de las vías de tutela.

* Ejecución de las decisiones judiciales y efectividad de los derechos reconocidos.

* Una reforma orientada a mejorar la experiencia de los ciudadanos ante la justicia: propone un cambio de perspectiva: pasar de un modelo predominantemente centrado en la sucesión ordenada de actos procesales a otro orientado a la gestión del conflicto y a la obtención de una respuesta judicial efectiva. Concentración, oralidad, simplificación, dirección judicial, flexibilidad y eficiencia no constituyen objetivos aislados, sino elementos de una misma concepción del proceso, entendido como instrumento para hacer efectivo el derecho de las personas a obtener una decisión judicial útil, oportuna y fundada.

El proyecto de ley tiene cinco artículos, pero remite en el primero al anexo de 237 artículos.