El gobierno de Santa Fe reglamentó el uso del sistema de videovigilancia en espacios públicos

El Poder Ejecutivo dictó el decreto aprobando el protocolo para el Uso de Sistemas de Videovigilancia en Espacios Públicos de la Provincia de Santa Fe con vistas, especialmente, a la activación -antes de fin de año- del sistema Lince en la ciudad de Santa Fe y alrededores.

La decisión está contenida en el decreto N° 2397 que lleva la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y de los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Comité auditor

El decreto está acompañado por un anexo de 41 puntos. Además y a los fines de la supervisión y auditoría permanente del sistema, crea el Comité de Ética y Supervisión de dichos Sistemas que tendrá carácter consultivo y con la integración ad honorem.

En el mismo instrumento se invita a la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, a la Defensoría Provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, a las universidades nacionales con sede en la provincia y al organismo con competencia en materia de protección de datos personales y/o transparencia pública, a designar representante para integrar el Comité.

El protocolo fue una elaboración conjunta entre ambos ministerios fundamentalmente para poder dar un marco de trabajo seguro a Lince. Además fue parte de las exigencias de la Unión Europea, porque el software que utilizará Santa Fe está bajo la normativa de esa entidad supranacional.

Gran parte del protocolo refiere a la gestión tecnológico y de los datos del sistema que entrará en vigencia antes de finalizar el año. En las disposiciones hay muchas referencias a la protección de imágenes y de privacidad de las personas en la vía pública.

En tanto, en el ámbito del ministerio de Justicia y Seguridad, el decreto dispone quién y cuándo se activa Lince. "Lince funcionará a requerimiento de Justicia y Seguridad" se especifica.

"Que la utilización de sistemas de videovigilancia en ámbitos públicos representa una herramienta valiosa para robustecer las capacidades del Estado provincial en materia de seguridad pública, de investigación y de prevención del delito, las que se potencian aún más cuando al sistema se le incorporan motores de inteligencia artificial, que permiten procesar de forma automática y prácticamente en tiempo real grandes volúmenes de datos", señala el decreto en sus fundamentos.

"Dicha incorporación supone tomar recaudos para la tutela de los derechos fundamentales, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana, por lo que es necesario diseñar un esquema de gobernanza destinado a asegurar que estos sistemas se implementen y empleen de modo responsable y proporcionado, en armonía con el Estado constitucional y democrático de derecho", agrega.

Límites procesales

Menciona disposiciones de la Ley N° 14246 que creó el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, o disposiciones del Código Procesal Penal que fijan las pautas concretas a las que deben ajustarse la policía de investigaciones y el MPA "para desarrollar válidamente una investigación penal, las cuales resultan determinantes para delinear los criterios del Protocolo que se aprueba, en especial las referidas a las competencias del MPA y de la autoridad policial, incluidos los protocolos de activación automática, los deberes y facultades de la Policía, la flagrancia y la aprehensión en flagrancia, y el allanamiento sin orden judicial".

Así entonces el Protocolo establece las pautas de utilización y el circuito operativo de los sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial instalados en ámbitos públicos del territorio provincial, con el doble propósito de proveer a los organismos de seguridad de instrumentos tecnológicos lícitos para la investigación y la inteligencia criminal y de garantizar que su empleo se limite rigurosamente a dichos objetivos, de acuerdo a cánones constitucionales y de normas vigentes.

El instrumento consolida elementos para su implementación que operan dentro de los límites del ordenamiento jurídico, sin habilitar ni sustituir las decisiones que corresponden al ejercicio de competencias en cabeza de la autoridad de persecución penal, estableciendo principios, criterios y estándares que deben guiar el diseño, implementación, operación, supervisión y control de los sistemas de videovigilancia utilizados por el Estado Provincial, procurando un equilibrio entre seguridad pública, innovación tecnológica y protección de los derechos fundamentales.