Diputados debatió sobre discapacidad, con faltazo del Ministro de Salud y el interventor de ANDIS

Diputados analizaron este martes distintas iniciativas que apuntan a investigar políticamente el escándalo sobre el presunto pedido de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que revelaron los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública; y de Discapacidad, que presiden los diputados de Unión por la Patria Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, respectivamente.

A la reunión solo solo asistieron los representantes de los distintos bloques de la oposición. En tanto que, tal como estaba previsto, faltaron a la citación el ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

“Contraste obsceno”

El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP) recordó que, además de producir leyes, “uno de los objetivos” de los legisladores es “controlar al Poder Ejecutivo” y para desempeñar esa función existen “herramientas” como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político “en última instancia”.

En la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, el diputado opositor explicó que como “la mayoría de estos proyectos tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratar las iniciativas, no ”va a quedar más alternativa que en la próxima sesión” se mocione un emplazamiento.

A su turno, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, también de UxP, resaltó el “contraste obsceno” entre la situación deplorable del sistema de prestaciones y atención a personas con discapacidad y lo expuesto en los audios sobre presuntas coimas superiores a los 500 mil dólares.

Como muestra del cuadro de situación, el legislador opositor advirtió que “una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes” y que “los acompañantes terapéuticos están discutiendo cómo pasan de cobrar 2900 pesos por hora a cobrar 3.100 pesos”.

“Un transportista de personas con discapacidad cobra hoy 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1500 pesos en lugar de trasladarlos cinco veces por semana, los traslada dos”, lamentó. Además, alertó que los hogares y centros de día están todos a punto de cerrar” porque están desfinanciados.

En otro orden, aseguró que las auditorías sobre las pensiones en discapacidad “se hicieron mal” y pusieron “en estado de desesperación a muchísimas personas”.

“Del total de las bajas que se dieron, 110 mil, casi 90 mil fueron por problemas de domicilio. El 40% de los telegramas y las cartas documento no llegaron a destino por algo muy básico y elemental y es que se tomó el domicilio original”, cuestionó Arroyo, que explicó que se omitió el hecho de que muchas personas se fueron mudando desde que tramitaron originalmente el certificado en Discapacidad hasta la actualidad.

El exministro de Desarrollo Social sostuvo que “si algo es fácil en el siglo XXI es dar con una persona”, pero sin embargo la ANDIS decidió “no cruzar la base de datos ni con el registro civil ni con Renaper” para verificar si en el medio no hubo cambios de domicilio en la población de beneficiarios.

“Un 40% de pifie hubo. Está claro que la auditoría se hizo mal, no hay debate sobre eso. Pusieron en desesperación a la mayoría de las personas”, reprochó, y le advirtió al Gobierno que una vez que el Senado rechace el veto a la ley de emergencia en Discapacidad no será “opcional” el cumplimiento de la norma y debe “ponerse en marcha de inmediato”.

Supuestas coimas en Andis

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta enfatizó que con el presidente Javier Milei “la corrupción avanza” y habló de una “enorme estafa” del Gobierno a las personas con discapacidad.

“Estamos hablando de un Gobierno que dijo que venía a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros, utilizando los mismos métodos de la casta que tanto denunciaban: coimas, sobreprecios. Está claro que son recontra casta”, denunció la referente de Izquierda Socialista.

Y añadió: ““¿No era que el que las hace las paga? ¿Eso es para algunos y otros no? ¿Para Karina la cajera no cuenta que el que las hace las paga? ¿Para el clan Menem tampoco? Porque la verdad que sacarle la plata a los discapacitados para que se la quede el ‘Triángulo de Hierro’ del Gobierno es algo absolutamente repudiable”.

Para De Mendieta, “la ruta del dinero de Karina Milei es la punta del iceberg o el primer capítulo de una temporada que va a tener un montón de capítulos”.

En tanto, Juan Marino, de UxP, señaló que "lo que se destapó es que había una red de corrupción que terminaba en Karina y los Menem que se estaba robando plata en medicamentos para personas en discapacidad en un contexto en que venimos de derrotar el veto a la ley de Discapacidad”, reconstruyó el legislador opositor.

El diputado de UxP denunció el “espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo con nuevos casos que surgen todos los días” y que “no por casualidad todos terminan en Karina y los Menem”.

“Habíamos tenido la estafa Libra, el contrato entre Banco Nación y Tech Security, las valijas que pasaron sin control de la aduana por Aeroparque, la venta de candidaturas, el pedido del retornos a cambio de cargos en Anses y el Pami, la versión de que quizás Milei habría cobrado coimas por la participación en el evento de la Iglesia portal del cielo en el Chaco, y ahora surge lo de la obra social de la UATRE y la lista sigue”, enumeró.

A la vez, Marino señaló que en paralelo a las coimas, los programas de la ANDIS, como el “Incluir Salud”, están “paralizados”. “Todos los días nos llegan denuncias de familias y personas con discapacidad que no están recibiendo su medicación, su tratamiento y los subsidios para el transporte”, alertó.

Por último, Marino le pidió a sus pares que se sumen a un “proceso colectivo” para “depurar democráticamente la ANDIS, que no sea rehén de la red de corrupción de Karina y los Menem y que se ejecuten todos los programas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad”.

Esteban Paulón, de Encuentro Federal, consideró que “estamos ante un escándalo de enormes proporciones, moral” y denunció “un esquema de corrupción que llega a lo más alto del poder”.

“Este es el Gobierno de las auditorías. Le quiere poner auditoría a todo. Faltan auditorías a las baldosas. A los que no auditan es a los que venden medicamentos al Estado, a los funcionarios que evidentemente facilitaban y aceitaban con una manito de la droguería los contratos para la compra de la medicación”, cuestionó.

El referente socialista planteó la necesidad de crear una comisión investigadora en este tema “por la gravedad, porque cada peso que no fue a un medicamento y que fue al bolsillo de algún funcionario o empresario indebidamente es un peo menos en una prestación que las familias desesperadamente necesitan”.

“Más allá de que reconocer la pronta y certera acción de la Justicia en este caso, que casi no le ha dado tiempo a cubrirse a quienes están involucrados en este escándalo, aquí también tenemos que determinar las responsabilidades políticas”, consideró.

“¿Por qué el Gobierno tiene que dar explicaciones urgentes? Porque Karina es Javier. El propio presidente ha dicho uqe él es indivisible de su hermana, que no hay proyecto político sin su hermana. Y si sobre su hermana hay un estado de sospecha lo que aquí está en juego la institucionalidad y la credibilidad de la palabra presidencial”, concluyó Paulón.

Sabrina Selva, de UxP, le exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que comunique al Senado el rechazo al veto de la ley de emergencia en Discapacidad así el pleno de ese cuerpo lo puede tratar.

Leandro Santoro (UP) consideró que la auditoría que hicieron para analizar las pensiones a discapacitados es "corrupta porque en lugar de buscar quienes habían sido las personas que no calificaban para recibir las pensiones, tomaron la decisión de mandar un telegrama diciéndoles a las personas con discapacidad que si querían seguir cobrando la pensión tenian que hacerse preentes en la agencia”.

E indicó que “usaron una base de datos desactualizada porque tenían un solo fin político: llevar adelante un ajuste cruel, insensible”.

“Para colmo de males ellos fundamentan políticamente este ajuste brutal diciendo que lo hacen para luchar contra la corrupción. Y hace una semana nos vinimos a enterar que en realidad mientras ellos ajustaban a las personas con discapacidad, estaban robando en las compras y contrataciones con empresas privadas que vendían medicamentos a la agencia”, siguió el diputado de Unión por la Patria.

Por la UCR estuvo la diputada Natalia Sarapura, quien repudió “la situación de corrupción y el hecho de que hasta este momento (desde el Gobierno) no hayan retrocedido en las decisiones que afectan los derechos de las personas con discapacidad”.