Las coimas de Odebrecht se elevaron a juicio oral

Sebastián Casanello concluyó la instrucción y elevó a juicio oral la causa en la que se investiga el pago de coimas de Odebrecht y empresas asociadas a ex funcionarios kirchneristas, a fin de obtener obras de la estatal AySA. El juez procesó a Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Jorge “corcho” Rodríguez, así como a ex directivos de la empresa estatal de aguas, Raúl Biancuzzo y Carlos Ben.

El magistrado estableció que se “celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos”.

En el expediente también están procesados los empresarios Carlos Wagner y Aldo Roggio, entre otros. Las figuras penales para el juicio son el sobornos y la administración fraudulenta. La brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas por U$ S 35 millones en la Argentina, durante el gobierno kirchnerista.

Según repasa Lucía Salinas en Clarín, el primero de los proyectos bajo la lupa era la construcción y puesta en funcionamiento la planta potabilizadora “Paraná de las Palmas”, que fuera adjudicada a una Unión Transitoria de Empresas entre la brasileña complicada en el Lava Jato y las argentinas Supercemento, Benito Roggio e Hijos, y José Cartellone Construcciones Civiles.

El otro de los contratos investigados es el referente a la construcción de una planta depuradora en Berazategui, en la que resultó adjudicada la UTE de las empresas Camargo Correa y Esuco. Con la evolución del contrato, Odebrecht se quedó con la participación de Camargo Correa.

Casanello dio por acreditado que las UTE se beneficiaron con obras adicionales, redeterminaciones de precios, adelantos financieros y extensiones en los plazos de ejecución, “causándose un perjuicio en el Estado Nacional”, que “se vio privado de obtener mejores ofertas por la ausencia de competencia, debió afrontar mayores costos finales y soportar graves dilaciones en la entrega de las obras”.

El magistrado dijo que las maniobras fraudulentas fueron desarrolladas “por los funcionarios apartándose de los principios elementales que rigen las contrataciones públicas, tales como la igualdad, la competencia y la transparencia”. Señaló además que “los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones en cuestión, en clara violación a los deberes impuestos por las normas que rigen su actuación”.

“Nos encontrábamos ante licitaciones simuladas, que funcionaron como un disfraz para dar apariencia de legalidad formal a decisiones que se habían concebido con anterioridad”, indicó el fiscal Federico Delgado.

Diseño previo

Casanello planteó que hubo “direccionamiento de las licitaciones” desde “antes de que se formularan los requerimientos de contratación por parte de la empresa AYSA, en tanto que los beneficios y ventajas ilegales acordadas entre funcionarios y particulares de las empresas se extendieron durante la ejecución” de los trabajos. Odebrecht reconoció el mecanismo usado para los pagos de las coimas, “conformado por una contabilidad paralela y un sector de la empresa dedicado sólo a la gestión de los pagos ilegales que eran mayormente canalizados a través de cuentas y sociedades offshore, ello con el fin de dificultar la trazabilidad del dinero”, resaltó el juez.