El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura destituyó este martes al juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de antisemitismo y discriminación a través de mensajes publicados en la red social X.
En el Jurado de Enjuiciamiento
Echaron a un juez marplatense por expresiones antisemitas en redes
Es el número 21 desde que funciona el Consejo de la Magistratura y el cuarto desde que la Corte volvió a asumir la presidencia del organismo. Hubo 40 procesos, con 8 absoluciones y otros acusados que optaron por renunciar. Debate sobre la libertad de expresión y las condiciones que debe reunir un juez para ejercer su cargo.
López se había defendido aludiendo a una “persecución ideológica” en su contra y amparándose en la libertad de expresión. El jury, sin embargo, entendió que su conducta no se trató de “exabruptos aislados”, sino de reiteradas “expresiones agraviantes” contra toda una comunidad, lo que configura una grave falta ética.
Según el dictamen, sus publicaciones en la red social incitaron “a la violencia simbólica”, con pretensión de “sometimiento y discriminación” en contra de la comunidad judía.
“No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, determinó el tribunal.
El Jurado de Enjuiciamiento estuvo integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral , la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria), y las senadoras María Monte de Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria).
Tras el dictamen de la comisión de Acusación, López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no la aceptó. El Plenario del Consejo de la Magistratura -encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del organismo, Horacio Rosatti- votó enviarlo al jury.
"Patrón de hostilidad"
El magistrado fue acusado por el contenido de 15 mensajes. Las denuncias habían sido presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, letrado apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.
Se basaron en posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP que, según las presentaciones, mostraban un “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.
En el jury actuaron como acusadores el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques.
Según detalla el sitio especializado Diario Judicial, la fiscalía exhibió algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen.
Entre ellos figuraban una encuesta sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, y una respuesta a un usuario en la que decía “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.
También se señaló un mensaje que, utilizando la foto del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, preguntaba: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.
Libertad de expresión y aptitud
En su descargo, el magistrado sostuvo que el juicio político no puede sancionar “opiniones personales”, destacó que sus tuits no generaron denuncia penal ni demanda civil, señaló que versaron sobre “asuntos públicos” a raíz de una decisión de la Corte Penal Internacional y reclamó diferenciar entre “crítica y discriminación”.
“Denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”, agregó.
Por otra parte, afirmó que no se le pueden adjudicar “respuestas de terceros” y citó un fallo favorable al presidente Javier Milei en la demanda iniciada por la madre del influencer Ian Moche, en el que se estableció que los reposteos “no implican” coautoría.
Al evaluar los mensajes, el jury entendió que López no debía continuar como juez federal ni ocupar el Juzgado Federal 4 de Mar del Plata.
“No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, se determinó.
Estadísticas
Con la destitución del juez marplatense, llegan a 21 los magistrados sometidos a esa sanción, cuatro desde que la Corte Suprema volvió a asumir la presidencia, bajo mandato de Horacio Rosatti.
En total fueron 40 los que atravesaron el proceso desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. O, más propiamente, desde su puesta en marcha en noviembre de 1998, junto con el respectivo Jurado de Enjuiciamiento..
En ese lapso, solamente ocho magistrados resultaron absueltos. El resto de los acusados tuvo la posibilidad de renunciar antes de su destitución, como es el reciente caso del juez rosarino Marcelo Bailaque, cuya dimisión fue aceptada por el presidente de la Nación.
En otros casos, ello no ocurrió y el proceso siguió adelante. Actualmente, otro magistrado rosarino, Gastón Salmain, está atravesando por ese trámite.
Casos resonantes
Los casos más resonantes de destitución de jueces federales por el Consejo de la Magistratura de la Nación y su Jurado de Enjuiciamiento incluyen graves escándalos de corrupción, cobro de coimas, protección al narcotráfico y faltas severas a la ética judicial.
En ese listado, se destacan los casos de Juan José Galeano (2005), que estuvo a cargo de la causa AMIA (el atentado terrorista de 1994). Fue removido de su cargo por cometer graves irregularidades en la investigación, entre ellas, autorizar el pago ilegal de 400.000 dólares al desarmador de autos Carlos Telleldín para desviar la pista central.
También el de Federico Faggionatto Márquez (2010), juez federal de Zárate-Campana, que cobró notoriedad pública por investigar la "ruta de la efedrina" y el narcotráfico. Fue destituido de forma unánime tras comprobarse que mostraba una total falta de idoneidad, direccionaba causas judiciales y utilizaba los expedientes con fines extorsivos o políticos.
Raúl Reynoso (2016), juez federal de Orán, Salta, era considerado un emblema en la "lucha contra el narcotráfico" en la frontera norte. El Consejo demostró que, en realidad, lideraba una asociación ilícita que recibía sobornos en dólares y propiedades de los propios jefes narcos a cambio de otorgarles la libertad o protección.
Más recientemente, se produjo el resonante caso del juez mendocino Walter Bento (2023), clave por manejar la competencia electoral de la provincia. El Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó por mal desempeño tras acreditarse un ostentoso incremento patrimonial injustificado. El fallo permitió su inmediata detención, ya que está procesado como líder de una banda que cobraba coimas a contrabandistas y presos federales a cambio de beneficios procesales.
Entre los jueces que renunciaron para evitar la destitución se cuenta el emblemático caso de Norberto Oyarbide (2016), uno de los magistrados más polémicos de Comodoro Py, quien dio un paso al costado cuando acumulaba decenas de denuncias por enriquecimiento ilícito y mal desempeño.
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