"Ejecuten la ley ya", fue la consigna bajo la que reclamaron este miércoles frente a Casa Rosada cientos de personas con discapacidad, acompañadas por familiares, prestadores y organizaciones, para reclamar lo que, paradójicamente, ya es ley: la declaración de la emergencia en discapacidad.
Promulgada y paralizada
Reclamos sobre lo que ya es ley: piden que se aplique la Emergencia en Discapacidad
Movilización frente a la Casa Rosada, anuncios del Ejecutivo y citaciones en el Congreso marcaron novedades en la norma que fue oficializada tras el rechazo al veto presidencial, pero inmediatamente suspendida solicitando que se especifique el origen de los fondos.
La norma fue sancionada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y, luego de la insistencia parlamentaria en ambas cámaras, fue finalmente promulgada por el Ejecutivo bajo el Decreto 681. Sin embargo, su aplicación fue inmediatamente suspendida, bajo el argumento de que no se especifica la partida presupuestaria que debería financiar sus disposiciones.
La decisión fue motivo del reclamo de los sectores afectados, que ven en la maniobra no sólo una postergación a las respuestas urgentes que requieren, sino que también avanza sobre los límites constitucionales del equilibrio de poderes.
"Hoy la ley está promulgada, es decir vigente, pero suspendida en cuanto a su aplicación. Verdaderamente es una maniobra que no solo perjudica al colectivo de personas con discapacidad sino que también constituye una afrenta al sistema republicano", expresó la abogada santafesina Mariela Peña, especialista en derechos de personas con discapacidad y presidenta de la asociación Incluíme, en diálogo con El Litoral.
La abogada viajó este miércoles a Buenos Aires desde Santa Fe para entregar legajos de personas del departamento Vera, cuyos beneficios fueron suspendidos a pesar de estar en condiciones de acceder a ellos. "Intentamos que se restituyan beneficios que pudimos corroborar que están mal suspendidos", explicó.
Emergencia vigente pero sin efecto
El texto de la Ley de Emergencia en Discapacidad contempla una serie de medidas con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 que tienen como fin garantizar el acceso a derechos fundamentales, en un contexto que prestadores, familias y usuarios definen como "crítico".
La insistencia de la iniciativa tras el veto fue aprobada en el Congreso el pasado 20 de agosto, lo que obligó al Poder Ejecutivo a promulgarla a pesar del veto original. Sin embargo, el Gobierno dispuso condicionar su aplicación a la aclaración, por parte del Congreso, del origen de los fondos para su financiamiento. En la práctica, esto significa que ninguna de las partidas previstas, ni los aumentos, ni la regularización de pagos a prestadores, ni los refuerzos en medicamentos y tratamientos han comenzado a regir.
La decisión generó el repudio de asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro y colegios profesionales que bregan por los derechos de las personas con discapacidad y de prestadores de servicios para este colectivo, que señalan que la no aplicación efectiva de una norma vigente vulnera el principio de legalidad y los derechos adquiridos.
"Hoy la ley está promulgada, es decir vigente, pero suspendida en cuanto a su aplicación. Verdaderamente es una maniobra que no solo perjudica al colectivo de personas con discapacidad sino que también constituye una afrenta al sistema republicano. El gobierno ignora las resoluciones judiciales, ya que no cumple con las sentencias en las cuales fueron obligados a reconocer, por ejemplo, medicamentos de alto costo, sino que también ahora ignora las normativas sancionadas por el Congreso", señaló Peña al respecto.
ANDIS: anuncio de Adorni y citación del Senado
Mientras la movilización se desarrollaba frente a la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunciaba en conferencia de prensa una serie de medidas referidas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualmente intervenida y con nuevo director tras un escándalo de presunta corrupción en su conducción anterior.
Según explicó Adorni, desde ahora los beneficiarios de pensiones podrán actualizar su dirección postal desde la web de la agencia. "Una de las condiciones para recibir la pensión por invalidez laboral es actualizar la dirección para poder recibir las notificaciones, que, por cuestiones judiciales, tienen que ser postales", detalló.
El vocero también informó la apertura de dos nuevas sedes de atención de la ANDIS: una en la ciudad de Paraná y otra en la Ciudad de Buenos Aires. "La Agencia Nacional de Discapacidad trabaja para mejorar la gestión y que la atención a las personas con discapacidad sea cada vez más eficiente", remarcó.
La situación sobre la ANDIS tuvo eco nuevamente en el Congreso. Este miércoles, las comisiones correspondientes del Senado de la Nación firmaron dictamen para citar a dos figuras clave del tema: el ministro de Salud, Mario Lugones, y el nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo por la causa de los audios.
La citación a Vilches tendrá como objeto que explique el proceso de auditorías, la situación actual de la ANDIS y los motivos por los cuales no se está ejecutando la ley recientemente promulgada. El pedido de convocatoria de los funcionarios deberá avanzar en el recinto, que sesionará este jueves.
"En emergencia, todos los días"
En su testimonio a El Litoral, Mariela Peña fue categórica sobre la situación actual del sector: "es de extrema vulnerabilidad y crisis", definió. "Las personas con discapacidad perdieron en muchos casos el único sustento que tenían, y hoy nos llaman pidiendo ayuda para ser incorporados en comedores comunitarios. Ni hablar que no acceden a medicamentos, prótesis, ortesis, que son fundamentales para el desarrollo de su vida", ahondó.
La abogada referente del sector advirtió que también se está produciendo un vaciamiento del sistema desde el costado profesional: "Estamos perdiendo profesionales sumamente calificados y formados que comienzan a cambiar su orientación laboral producto de que el sistema es inviable. Verdaderamente, toda la situación se vive con mucha angustia".
Asimismo, desde Incluíme y otras organizaciones advierten que continúa sin pausa la auditoría masiva sobre pensiones no contributivas por invalidez, que en los últimos meses generó la suspensión de más de 160.000 beneficios.
"Las auditorías continúan bajo la misma modalidad, sin ningún tipo de ajuste que corrija el desastre que hicieron. Al mes de septiembre son 160.000 bajas y esperamos los números de octubre", afirmó Peña.
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