Por la publicación de un decreto del gobierno nacional referido a rutas de esa jurisdicción, El Litoral consultó puntualmente por este tema al ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico. Su reacción fue cauta y al mismo tiempo mostró interés en buscar acortar pasos para que se llegue por fin a soluciones en la práctica.
Enrico es cauto ante el decreto que permitirá a Santa Fe actuar en rutas nacionales abandonadas
El ministro de Obras Públicas de la Provincia advirtió que se trata apenas de un nuevo marco general y que para que se lleven a la práctica mejoras restan aún numerosos pasos importantes. "No se avanza mucho en los pedidos concretos que hicimos", desde 2024, dijo.

Enrico dijo que el decreto "no avanza mucho en los pedidos concretos que hicimos", desde 2024, en una serie de gestiones que se repitieron durante estos dos años y fracción de sendos gobiernos. Agregó que es "solamente un decreto que establece un nuevo marco normativo con (algunas) provincias, para que se puedan concesionar en el futuro tramos desde los estados provinciales".
Aclaró de inmediato que se establecen, además otros pasos que enumeró para mostrar que la meta reclamada por Santa Fe desde hace más de dos años, es todavía lejana: "se podrán hacer concesiones, en función de cumplir "un montón" de trámites anteriores, de alcanzar "ciertos requisitos, de firmar convenios, etcétera, etcétera".
"En concreto -concluyó- no hay nada por ahora, en cuanto a la transferencia a la provincia de Santa Fe de alguna ruta o algún tramo para poder concesionarlo", respondió el ministro.

Sin anexo
Más allá de las definiciones del ministro, ahora las provincias involucradas llevan adelante una lectura técnica a fondo del decreto 253, para fijar posición. Mientras tanto, a continuación se exponen desde el análisis periodístico algunas pautas básicas para entrar en las densidades textuales del Boletín Oficial de la Nación.
Con solo recorrer el decisorio llaman la atención dos elementos: lo breve de sus fundamentos, que nunca aclaran por qué unas provincias sí son parte de la decisión y todas las demás no. Y también, que no cuente un anexo que implique un avance mayor, del tipo de los que reclama Enrico en sus declaraciones. Los artículos dicen qué se quiere hacer. Sin un anexo procedimental no se sabe cómo. Y mucho menos cuándo.
Lo dicho: Santa Fe como Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz quedan ahora habilitadas a la chance de iniciar ante las autoridades nacionales procesos administrativos para llegar a una concesión de tramos de rutas nacionales en sus territorios, siempre bajo la autoridad de la Dirección Nacional de Vialidad (1).

Es probable que los considerandos eviten exponer las razones para esa lista, por la sencilla razón de que se trata de provincias que desde hace años realizan gestiones para poder avanzar con concesiones en rutas nacionales o tomar directamente en sus manos ciertos tramos. Dar explicaciones hubiera implicado admitir el tiempo perdido (más de la mitad del plazo de la presente gestión).
Se trata de un cambio normativo general, de tipo marco, reclamado por Santa Fe desde hace años, ante el notorio abandono del mantenimiento de las rutas nacionales por parte del Estado nacional que ciertamente por primera vez plantea una solución fuera de su competencia pero que podría llegar a ser una salida.
La gestión de Javier Milei tomó como bandera el recorte presupuestario en mantenimiento vial al sostener su política de "obra pública cero" como una premisa de gobierno (y antes una promesa electoral).

Debe además decirse que desde que se iniciaron las actuales gestiones en el orden nacional y provincial, Santa Fe lideró el reclamo que también otras provincias también llevaron adelante y que en ciertas situaciones consiguieron como moneda de cambio. Acaso fue solamente una chicana, pero en medio del juicio por la deuda previsional del Estado Nacional con la provincia, las autoridades de Balcarce 50 plantearon pagar con rutas deterioradas lo adeudado, en lugar de recursos constantes y sonantes, lo que fue obviamente rechazado.
Frente al problema vial nacional la Casa Gris apuntó a lo urgente: los trabajos que estaban en ejecución y se detuvieron por falta de pago (en la 34 por ejemplo), los tramos más deteriorados por décadas de desinversión (en la 11 al norte) y sobre todo el circuito más destrozado que rodea a los puertos del sur de la Provincia (donde además hay vías alternativas comunales y municipales que hacen más compleja una intervención). Para atender todas esas situaciones puntuales falta mucho.
Hubo numerosas reuniones que no produjeron más que partes de prensa oficiales y fotos de funcionarios sonrientes. Se sucedieron contactos entre la Nación y Santa Fe, sin éxito. Por la provincia siempre acudió el ministro mencionado, por la administración central en cambio los interlocutores cambiaron frecuentemente, lo que significó un elemento extra para no avanzar. El propio Enrico comenzó a llevar la cuenta de sus frustrantes viajes a Buenos Aires. Para enero de este año ya llevaba una docena.
(1) En 2025 la gestión del presidente Javier Milei dispuso la disolver a la Dirección Nacional de Vialidad, hasta que hasta que un recurso de amparo primero evitó avances inmediatos en la Justicia. Más tarde el Congreso nacional rechazó los decretos que ordenaban liquidar la DNV y sus bienes.








